La polémica indicación que amenaza con instaurar una «cultura de la delación» en Chile
El gobierno chileno ha propuesto una modificiación legal que obligaría a servicios públicos, centros de salud y establecimientos educacionales a reportar la situación migratoria de las personas que solicitan atención o educación. Esta medida, contenida en una indicación al proyecto de ley de migraciones, ha generado una intensa controversia. A través de una carta pública, la Red Clamor Chile, junto a diversas organizaciones de derechos humanos, ha cuestionado duramente la iniciativa, advirtiendo que se busca imponer una «cultura de la delación» que vulneraría derechos fundamentales y atentaría contra la confianza entre usuarios y servicios esenciales. En este artículo analizamos los alcances de la propuesta, las posturas en pugna y las posibles consecuencias para la población migrante y la sociedad chilena en su conjunto.
¿Qué propone exactamente la indicación gubernamental?
La indicación en cuestión busca modificar la Ley de Migración y Extranjería para que los servicios públicos, las instituciones previsionales y otros organismos que otorgan prestaciones básicas estén obligados a entregar a la autoridad migratoria los antecedentes de personas que se encuentren en procedimientos legales en curso. En la práctica, esto significaría que un hospital o una escuela tendría la responsabilidad de informar sobre la situación migratoria de un paciente o un estudiante cuando este esté siendo sometido a un proceso de expulsión o regularización.
El gobierno argumenta que esta medida busca «mejorar la coordinación» entre los distintos órganos del Estado y evitar la permanencia irregular de extranjeros en el país. Sin embargo, las organizaciones firmantes de la carta, entre ellas el Servicio Jesuita a Migrantes y el Instituto Católico Chileno de Migración, sostienen que la propuesta es desproporcionada y que criminaliza la migración al convertir a los funcionarios públicos en agentes de control migratorio, una función para la que no están preparados ni tienen mandato legal.
Red Clamor Chile y las ONG: una advertencia contra la delación institucionalizada
En la carta pública, la Red Clamor Chile -que agrupa a más de 30 organizaciones de la sociedad civil- expresa su «profunda preocupación» por el espíritu de la indicación. «La indicación que pretende obligar a centros de salud y escuelas a reportar la situación migratoria de quienes buscan atención o educación nos genera una pregunta fundamental: ¿estamos avanzando hacia una cultura de la delación en los servicios públicos?», señala el texto.
Las ONG subrayan que este tipo de medidas rompen el vínculo de confianza que debe existir entre el usuario y el servicio. Un migrante en situación irregular, ante el temor de ser denunciado, podría evitar acudir a un centro de salud para tratar una enfermedad contagiosa o dejar de enviar a sus hijos a la escuela, poniendo en riesgo su salud y su integración social. «La consecuencia inmediata será una mayor vulnerabilidad y la exclusión de los más débiles», advierten los firmantes.
El impacto en el acceso a salud y educación: derechos humanos en juego
El derecho a la salud y a la educación son derechos humanos universales, reconocidos en tratados internacionales suscritos por Chile. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que ningún niño debe ser discriminado por la situación migratoria de sus padres. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el acceso a la atención médica sin discriminación.
Si la indicación prospera, los centros de salud y las escuelas se convertirían en filtros migratorios. Un médico que atiende a una embarazada indocumentada, por ejemplo, tendría la obligación de reportar su situación. Esto no solo vulnera el secreto profesional y la confidencialidad médica, sino que genera un conflicto ético insoluble para los profesionales. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han recordado que en otros países, como España o Estados Unidos, medidas similares han provocado una caída drástica en la demanda de servicios preventivos y una mayor propagación de enfermedades infecciosas.
Procedimientos legales en marcha: el riesgo de la discriminación institucional
La indicación se aplica específicamente a «procedimientos legales en marcha», lo que abre la puerta a una interpretación amplia por parte de la autoridad. Podría entenderse como cualquier trámite migratorio, como una solicitud de residencia o un recurso de amparo, o incluso como una investigación administrativa. Esto generaría una enorme inseguridad jurídica tanto para los migrantes como para los funcionarios.
Desde la perspectiva de las ONG, la medida incentiva una caza de brujas dentro de los servicios públicos. Un profesor, un enfermero o un trabajador social podrían sentirse obligados a revisar los documentos de identidad de los usuarios para determinar si están «en regla», una práctica que roza la discriminación racial y el perfilamiento migratorio. «Estamos normalizando la idea de que el migrante es un sospechoso hasta que demuestre lo contrario», sostiene un portavoz de la Red Clamor.
La postura del gobierno y los argumentos de seguridad nacional
El Ejecutivo ha defendido la indicación bajo el argumento de que es necesario contar con información completa para ejecutar las expulsiones administrativas y judiciales. En los últimos años, Chile ha endurecido su política migratoria, aumentando las deportaciones y reduciendo los plazos para regularizar la estancia. La medida se inscribe en ese contexto, buscando cerrar «vacíos legales» que permitirían a ciertos migrantes evadir el control.
Sin embargo, los críticos señalan que el gobierno no ha presentado evidencia de que la falta de información de servicios públicos sea un obstáculo real para la aplicación de la ley. Por el contrario, la autoridad migratoria ya cuenta con mecanismos como la Policía de Investigaciones para realizar controles. Lo que se propone, en realidad, es una delegación de funciones que transforma a los trabajadores sociales y educativos en agentes de fiscalización, sin capacitación ni protocolos claros que protejan los derechos de los usuarios.
Conclusión: una medida que divide y que podría generar más daño que beneficio
La indicación gubernamental que obligaría a hospitales y escuelas a reportar la situación migratoria de sus usuarios representa un punto de inflexión en la política migratoria chilena. Lejos de resolver los problemas de coordinación entre servicios, introduce una lógica de delación que atenta contra derechos fundamentales y erosiona la confianza en las instituciones públicas. Las organizaciones de derechos humanos, encabezadas por la Red Clamor, han lanzado una advertencia que el gobierno debería escuchar: criminalizar la migración a través de los servicios esenciales no solo es ineficaz, sino que además profundiza la exclusión y vulnerabilidad de miles de personas. Chile enfrenta el desafío de construir una política migratoria que equilibre el control con el respeto irrestricto a los derechos humanos, sin caer en atajos que lo alejen de los estándares internacionales. La sociedad civil seguirá vigilante y dispuesta a denunciar cualquier intento de institucionalizar la delación.
