Introducción: El pasado que persigue a Roberto Sánchez
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfrenta una creciente controversia por su pasado vínculo con el etnocacerismo y con Antauro Humala, condenado a 25 años de prisión por el sangriento «Andahuaylazo» en el que murieron cuatro policías. Mientras Sánchez hoy minimiza esa cercanía y afirma que Humala «ya cumplió su condena y tiene derecho a hacer política», la Fiscalía ha solicitado 5 años y 4 meses de prisión para él por presuntos delitos relacionados con aquel levantamiento. Este artículo analiza los hechos que vinculan a Sánchez con el movimiento etnocacerista, los argumentos legales y políticos en juego, y el impacto que esta polémica podría tener en su campaña electoral.
El Andahuaylazo: crónica de una matanza que marcó al Perú
El 1 de enero de 2005, un grupo de reservistas del ejército liderados por Antauro Humala tomó la comisaría de la ciudad de Andahuaylas, en el sur del país, exigiendo la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. Durante el asalto se produjo un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de cuatro efectivos policiales y varios heridos. El episodio, conocido como el «Andahuaylazo», fue el punto más álgido del movimiento etnocacerista, una corriente ultranacionalista e indigenista que reivindica la figura del general Juan Velasco Alvarado.
Antauro Humala fue capturado y sentenciado a 25 años de prisión por homicidio calificado y rebelión. Tras cumplir una década de reclusión, en 2024 el Poder Judicial le concedió el beneficio de la libertad condicional, pero su legado sigue siendo profundamente controversial: para muchos peruanos, es un criminal responsable de la muerte de agentes del orden; para sus seguidores, un preso político que luchó contra un sistema corrupto. Esta dualidad es el telón de fondo de la polémica que hoy envuelve a Roberto Sánchez.
Roberto Sánchez y su vínculo documentado con el etnocacerismo
Roberto Sánchez, actual candidato presidencial, no ocultó en el pasado su simpatía por Antauro Humala. Según registros de prensa y el propio expediente judicial, Sánchez apoyó abiertamente el Andahuaylazo y participó en actos de respaldo al movimiento etnocacerista. La investigación de la Fiscalía señala que Sánchez habría colaborado en la logística y difusión de las ideas golpistas, lo que motivó el pedido de 5 años y 4 meses de prisión en su contra.
Sin embargo, al ser consultado recientemente, Sánchez negó cualquier responsabilidad directa en los hechos y calificó su relación con Humala como «lejana y circunstancial». Afirmó que «Antauro ya pagó su condena y tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano para hacer política». Estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo tanto por la opinión pública como por sus adversarios políticos, quienes recuerdan que la propia evidencia judicial lo vincula directamente con la planificación del levantamiento.
El cambio de discurso: de la militancia etnocacerista a la candidatura institucional
La estrategia de Roberto Sánchez para la campaña electoral de 2026 ha sido intentar desmarcarse de su pasado radical. En entrevistas y declaraciones públicas, el candidato evita mencionar su antigua cercanía con Antauro Humala y presenta su candidatura como una opción de centro-izquierda moderada, alineada con la institucionalidad democrática. Pero los hechos documentados contradicen este relato. En redes sociales y discursos de la época se le ve alabando la «valentía» de Humala y criticando al sistema judicial que lo condenó.
La contradicción es evidente: mientras hoy pide votos bajo la bandera de la legalidad, la Fiscalía lo investiga por rebelión y homicidio culposo. Incluso en el contexto de la investigación por el caso «Andahuaylazo», el Ministerio Público ha encontrado indicios de que Sánchez habría coordinado acciones con los reservistas antes del ataque. Este doble discurso amenaza con erosionar la credibilidad de su candidatura, especialmente entre votantes que priorizan la transparencia y la rendición de cuentas.
El pedido fiscal de 5 años y 4 meses de prisión: los alcances legales
La Fiscalía de la Nación ha formalizado un requerimiento acusatorio contra Roberto Sánchez por los delitos de rebelión y homicidio culposo agravado. La pena solicitada, 5 años y 4 meses de prisión, se basa en la presunta participación del candidato en la organización y financiamiento del levantamiento de Andahuaylas. Según el fiscal del caso, Sánchez no fue un simple simpatizante, sino que tuvo un rol activo en la logística que permitió el traslado de armas y la coordinación de los reservistas.
La defensa de Sánchez sostiene que las acusaciones son infundadas y que se trata de una persecución política. No obstante, el caso avanza en el Poder Judicial y una eventual condena podría inhabilitarlo para ejercer cargos públicos. La situación legal del candidato es frágil: si el juicio culmina con sentencia condenatoria antes de las elecciones, quedaría automáticamente excluido de la contienda. Este escenario sería un duro golpe para Juntos por el Perú, que ya ha visto caer sus niveles de intención de voto desde que estalló la polémica.
Antauro Humala: ¿derechos políticos plenos o amenaza a la democracia?
Uno de los argumentos más repetidos por Roberto Sánchez para justificar su pasado es que Antauro Humala ya cumplió su condena y, por tanto, tiene derecho a participar en la vida política del país. Esta postura se alinea con el principio de reinserción social, pero enciende alarmas entre quienes consideran que Humala representa una ideología violenta y antidemocrática. El propio Sánchez ha pedido que se deje «hacer política» al hermano del expresidente Ollanta Humala, incluso después de haber sido condenado por la muerte de policías.
«Antauro ya pagó su deuda con la sociedad. Todos tenemos derecho a la reinserción», ha declarado Sánchez.
Sin embargo, la opinión pública mayoritaria rechaza esta visión. Para las familias de los policías fallecidos y para amplios sectores de la sociedad peruana, Humala sigue siendo un asesino que nunca ha mostrado arrepentimiento. Además, desde su salida de prisión, Antauro ha retomado su discurso incendiario, llamando a «limpiar» el Congreso y a instaurar un régimen militar. Este contexto agrava la imagen de Sánchez, al mostrar que su «derecho a la política» podría avalar la violencia como herramienta de cambio.
Repercusiones electorales y el futuro de la candidatura de Sánchez
La controversia en torno a Roberto Sánchez ha tenido un impacto inmediato en su campaña. Encuestas recientes lo sitúan por debajo del 5% de intención de voto, muy lejos del umbral necesario para pasar a segunda vuelta. Además, partidos de la oposición han solicitado al Jurado Nacional de Elecciones que evalúe una posible inhabilitación del candidato por sus vínculos con actos de rebelión. El propio Juntos por el Perú, un partido que se presenta como defensor de los derechos humanos, enfrenta una crisis interna por no haber previsto el daño reputacional de tener a Sánchez como abanderado.
Mientras el proceso judicial avanza, la estrategia de Sánchez parece centrarse en desviar la atención hacia temas económicos y sociales, evitando preguntas sobre su pasado. Pero los medios y la Fiscalía mantienen el foco en el Andahuaylazo. Si la condena se confirma, Sánchez no solo perdería la candidatura, sino que podría terminar en prisión. Por ahora, la pregunta que flota en el ambiente político peruano es si este capítulo acabará por sepultar definitivamente sus aspiraciones presidenciales.
Conclusión: Un pasado que no se borra con discursos
La historia de Roberto Sánchez y su cercanía con el Andahuaylazo ilustra cómo los vínculos políticos extremos pueden convertirse en un lastre insalvable en campaña. Aunque el candidato intente minimizar su papel y alegue que Antauro Humala ya cumplió su condena, las pruebas judiciales y los testimonios de la época lo sitúan en el centro de la polémica. El pedido fiscal de 5 años y 4 meses de prisión no es un mero trámite, sino una seria advertencia sobre las consecuencias legales de apoyar actos violentos. Para la ciudadanía peruana, el caso abre un debate necesario sobre los límites de la reinserción política y la responsabilidad de quienes legitiman a figuras que atentan contra el orden constitucional. En última instancia, serán las urnas y los tribunales los que decidan el futuro de Sánchez y, con él, el mensaje que el Perú quiere enviar sobre la tolerancia a la violencia política.
