Un incumplimiento masivo que enciende las alarmas
El 20 de marzo de 2026 marcó una prueba crucial para la transparencia electoral en Perú: era la fecha límite para que las organizaciones políticas y sus más de 7.000 candidatos al Congreso presentaran su primer reporte de financiamiento de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, los resultados son preocupantes. Según los datos publicados en el portal Claridad, apenas el 52.73% de los postulantes cumplió con la obligación de transparentar sus ingresos y egresos. Este masivo incumplimiento, que deja en la opacidad a casi la mitad de quienes aspiran a representar a la ciudadanía, no es un hecho aislado sino un síntoma recurrente que erosiona los cimientos de la democracia y abre la puerta al financiamiento ilegal de la política.
Una carrera contra el tiempo: plazos y ampliaciones
La ONPE había establecido formalmente el 20 de marzo como fecha tope para esta primera entrega, tal como comunicó en sus canales oficiales. No obstante, como suele repetirse en cada proceso electoral, la mayoría de los reportes llegó en los últimos días, incluso horas, generando una congestión previsible. Ante esta situación y reportes de fallas técnicas en el sistema de carga, la autoridad electoral tomó una decisión que si bien es pragmática, resulta reveladora: ampliar el plazo de manera extraordinaria hasta el 27 de marzo.
Esta ampliación, reportada por medios nacionales, evidencia un patrón de postergación y una cultura del último minuto entre los actores políticos. Si bien busca facilitar el cumplimiento, también normaliza la falta de previsión y dilata la rendición de cuentas en un aspecto tan sensible como el dinero que financia las campañas, donde el tiempo es clave para un escrutinio público efectivo.
Claridad: el portal que revela la opacidad
En el centro de este proceso está Claridad, la plataforma web de la ONPE diseñada precisamente para hacer públicos estos reportes. Su nombre no es casualidad; nace con el objetivo de ser la herramienta fundamental para que la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil puedan supervisar el flujo económico de la política. Sin embargo, su eficacia depende enteramente de que la información sea subida de manera completa y oportuna.
Al cerrar el plazo inicial, Claridad se convirtió en el termómetro de la transparencia, mostrando no solo quiénes cumplieron, sino, de manera más crítica, quiénes no. Que casi la mitad de los candidatos esté ausente en esta plataforma la convierte, por ahora, en un espejo de la desconfianza y un recordatorio de que las herramientas por sí solas no garantizan la integridad del proceso si no existe voluntad política de usarlas.
El peligroso vacío: ¿financiamiento en la sombra?
Las cifras frías tienen una traducción concreta y peligrosa: más de 3,000 candidaturas al Congreso operan sin un registro público de sus finanzas en esta primera etapa. Este vacío de información es el caldo de cultivo ideal para lo que los analistas denominan «financiamiento en la sombra». Se refiere a dinero de origen desconocido, proveniente de fuentes ilegales o con intereses espurios que buscan influir en la política a cambio de favores futuros.
Como señaló una columna de opinión en un diario local, este incumplimiento masivo no es un tema burocrático. Es un asunto de legitimidad democrática. La opacidad financiera corrompe la competencia electoral, pues permite que algunos candidatos gasten por encima de los topes legales sin ser detectados, distorsionando la igualdad de condiciones y vulnerando el principio de elecciones libres y justas.
Un patrón recurrente y sus consecuencias para la democracia
Este escenario no es nuevo. La propia ONPE anticipó la congestión de últimos días, un patrón que se repite elección tras elección. Esta recurrencia indica que el problema es sistémico. Algunas organizaciones políticas y candidatos parecen operar con la expectativa tácita de que los plazos serán flexibles o de que las sanciones por incumplimiento serán leves o de lenta aplicación.
Las consecuencias son profundas. En primer lugar, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones y en la clase política. En segundo lugar, se dificulta enormemente el trabajo de control y vigilancia, ya que la información tardía o incompleta impide un análisis oportuno durante la campaña misma, cuando es más relevante. Finalmente, se envía un mensaje nocivo: que las reglas son negociables y que la transparencia es una formalidad secundaria, no un pilar democrático.
Más allá de la ampliación: la necesidad de acciones contundentes
La ampliación del plazo hasta el 27 de marzo es una solución logística de corto plazo, pero insuficiente para un problema de fondo. Se requieren medidas más contundentes y una voluntad política real de hacer cumplir la ley. La ONPE y el sistema de justicia electoral deben garantizar que los incumplimientos tengan consecuencias efectivas, que pueden ir desde multas económicas significativas hasta la inhabilitación de las candidaturas, tal como establece la normativa.
Por otro lado, es imperativo fortalecer la capacitación y simplificar los procesos para los candidatos, eliminando posibles barreras técnicas. Pero la responsabilidad primordial recae en los propios actores políticos. Cumplir con la transparencia financiera es un deber mínimo e ineludible para quien aspire a un cargo de representación pública. La sociedad civil y los medios deben mantener una vigilancia constante, usando herramientas como Claridad para exigir cuentas y denunciar los vacíos.
Conclusión: La transparencia como línea roja democrática
El balance del primer plazo de reporte de financiamiento de campaña deja un panorama desalentador. El incumplimiento de casi la mitad de los candidatos al Congreso, a pesar de las herramientas disponibles y de una ampliación de plazo, revela una alarmante frivolidad hacia las normas de transparencia. Este no es un déficit administrativo, sino una falla de integridad política que facilita la entrada de dinero opaco y socava la equidad de la contienda electoral. La democracia no se construye solo en el día de las votaciones, sino en la limpieza de todo el proceso que la antecede. Exigir que todos los candidatos rindan cuentas claras y a tiempo no es un tecnicismo; es defender la esencia de una representación libre de influencias indebidas. El escrutinio público sobre Claridad y las acciones firmes de las autoridades ante los infractores serán la verdadera prueba de si el sistema está dispuesto a pasar de la alarma a la acción.
