El domingo 12 de abril de 2026, el proceso electoral en Perú se vio sacudido por un impensable fallo logístico que puso en entredicho la transparencia y eficiencia del sistema. La empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., contratada para la distribución del material electoral, no pudo cumplir con su entrega a tiempo en múltiples locales de votación, principalmente en Lima Metropolitana. Este incidente, que dejó a miles de ciudadanos sin poder ejercer su derecho al voto de manera oportuna, desató un escándalo político inmediato, una guerra de responsabilidades y una profunda crisis de confianza en los órganos electorales a menos de dos años de las elecciones generales.
El colapso logístico del día de las elecciones
En las primeras horas de la jornada electoral, se hizo evidente que algo había fallado de manera crítica en la cadena de distribución. Reportes de medios y ciudadanos empezaron a multiplicarse, mostrando locales cerrados y largas filas de votantes esperando en vano. El problema no fue aislado; afectó a una cantidad significativa de centros de votación, generando caos y frustración. El material electoral, que incluye actas, urnas, crayones y las claves para el Sistema de Escrutinio Automatizado, simplemente no llegó.
La ONPE, como ente ejecutor del proceso, confió la logística de transporte a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. a través de un proceso de licitación. Sin embargo, en el momento crucial, la capacidad operativa de la empresa colapsó. Según versiones iniciales, la empresa no contaba con la flota de camiones necesaria o sufrió una grave falla de coordinación para movilizar el material desde sus almacenes centrales hacia los más de 2,000 locales de votación en Lima, lo que dio pie a la afirmación que se viralizó: «Galaga no tenía camiones».
El impacto concreto: mesas cerradas y votantes frustrados
Las consecuencias del fallo fueron tangibles y graves. Según reportes recogidos por medios como El Comercio y replicados en redes sociales, la tardía entrega impidió la apertura oportuna de al menos 75 locales, principalmente concentrados en los distritos de Lima Sur. Esto significó que cientos de mesas de sufragio no pudieron iniciar su labor a la hora legal establecida, violando el derecho al voto de los ciudadanos inscritos en ellas.
El escándalo se amplificó rápidamente en plataformas como Instagram y Facebook, donde ciudadanos y medios compartieron imágenes y videos de locales vacíos y vocales de mesa desesperados. La indignación no se hizo esperar, transformando un problema logístico en una crisis política de primera magnitud. La imagen de una elección organizada y confiable, fundamental para la democracia, se resquebrajó ante la evidencia de una planificación aparentemente deficiente.
La respuesta de Galaga: un emplazamiento a la ONPE
Frente a la avalancha de críticas, Servicios Generales Galaga S.A.C. no asumió una responsabilidad completa. Por el contrario, a través de un comunicado ampliamente difundido, la empresa emplazó a la ONPE y le pidió que ofrezca disculpas por dañar su imagen. La empresa argumentó que el retraso «involucra a múltiples actores» y no solo a su gestión, sugiriendo que hubo fallas en la coordinación y en las instrucciones proporcionadas por el organismo electoral.
Esta defensa, lejos de apaciguar los ánimos, avivó el debate sobre dónde residía realmente la culpa. Mientras Galaga apuntaba a la ONPE, la opinión pública y las autoridades electorales centraban su mirada en la empresa contratista que no cumplió con el servicio por el que fue pagada. La estrategia de Galaga de contraatacar a la entidad que la contrató fue vista por muchos como una maniobra para evadir su responsabilidad primaria en el fiasco.
Reacciones institucionales: el JNE anuncia denuncias
La respuesta de los órganos electorales fue contundente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como máximo intérprete de la normativa electoral, tomó cartas en el asunto de inmediato. Tal como se informó en un reporte de YouTube, el JNE anunció que denunciaría penalmente a la empresa Galaga por las fallas en el traslado del material, considerando que sus acciones u omisiones podrían configurar delitos electorales.
Esta decisión marcó un punto de inflexión, trasladando el caso del ámbito de la incompetencia administrativa al campo legal. La ONPE, por su parte, inició sus propias investigaciones internas y prometió revisar a fondo los contratos de logística. La presión política desde el Congreso también se hizo sentir, con pedidos de interpelación a los responsables de la ONPE y de una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades.
Un problema logístico o un fallo de planificación?
El análisis posterior al caos revela un problema multicausal. Por un lado, está la ejecución deficiente por parte de la empresa contratista, Galaga, que evidentemente no tuvo la capacidad operativa, la flota vehicular o el plan de contingencia para un encargo de tal magnitud y sensibilidad. La premisa básica de su contrato – disponer de los camiones necesarios – habría fracasado.
Por otro lado, recae una responsabilidad indirecta pero sustancial sobre la ONPE. Como ente contratante, su deber de supervisión y control sobre el proveedor es ineludible. La elección de la empresa, la verificación de su capacidad real y la existencia de planes «B» robustos son parte de su mandato. El escándalo expuso, por tanto, una falla sistémica donde tanto el que planifica como el que ejecuta fallaron en sus respectivos roles, con el ciudadano como la única víctima.
Lecciones para futuros procesos electorales
El caso Galaga deja una herida profunda en la credibilidad electoral peruana, pero también ofrece lecciones cruciales. La primera es la necesidad de auditorías técnicas exhaustivas a las empresas que se adjudiquen contratos críticos para la democracia. No basta con el papel; se debe verificar en campo su capacidad logística. La segunda lección es la imperiosa necesidad de protocolos de contingencia claros y probados, que se activen de manera automática ante cualquier falla.
Finalmente, el episodio subraya la urgencia de modernizar y fortalecer la logística electoral, considerando incluso la creación de una capacidad estatal propia para situaciones de extrema criticidad. La dependencia de contratistas privados sin un control férreo y un marco de penalidades disuasivas demostró ser un eslabón débil capaz de poner en riesgo la integridad de todo un proceso democrático.
El escándalo de la falta de camiones de Galaga durante las elecciones del 12 de abril de 2026 trascendió el mero retraso operativo para convertirse en una crisis institucional. Expuso las fragilidades de un sistema electoral dependiente de contratistas privados sin una supervisión infalible y dejó a miles de peruanos sin votar. Mientras el JNE avanza con denuncias penales y la ONPE revisa sus protocolos, la ciudadanía queda con una sensación de desconfianza. Más allá de la guerra de responsabilidades entre la empresa y el organismo electoral, la conclusión ineludible es que la logística electoral debe ser tratada con la misma severidad y previsión que el conteo de votos, pues es igual de fundamental para garantizar un derecho constitucional. La reparación de esta confianza será el verdadero reto para los comicios de 2026.
