Crisis en la Comisión Verdad y Niñez: renuncias que sacuden al Gobierno
La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, creada para esclarecer las vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes durante el estallido social y otros períodos de la historia reciente de Chile, vive su peor crisis desde su instalación. Cuatro de sus integrantes presentaron una renuncia masiva, denunciando que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado por Fernando Rabat, ha hecho «inviable» el mandato de la comisión. La salida de la directora Soledad Larraín, junto a Matías Marchant, Marí Estela Ortiz y otros funcionarios, ha desatado una ola de reacciones políticas. La Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados ya anunció que buscará citar al ministro Rabat para que explique los motivos que llevaron a esta crisis, en un contexto donde la credibilidad del proceso de reparación y verdad está en juego.
Los motivos de la renuncia: falta de condiciones mínimas
En una carta pública difundida el pasado 2 de mayo de 2026, los cuatro comisionados renunciantes detallaron las razones de su decisión. El documento, reproducido por medios como Radio Agricultura y CNN Chile, señala que la gestión del Ministerio de Justicia ha generado una «desarticulación» del equipo de trabajo, impidiendo cumplir con el mandato encomendado por el Presidente de la República. «No existen las condiciones mínimas para llevar adelante la investigación de las vulneraciones de derechos humanos contra la niñez», afirmaron los firmantes.
Entre los puntos más críticos, los excomisionados acusaron falta de recursos humanos y financieros, obstrucción administrativa y una不斷 dilación en las respuestas del Ministerio a las solicitudes de información. «El Ministerio de Justicia ha actuado como un freno sistemático a nuestro trabajo, negando incluso el acceso a documentos clave que obran en poder del Estado», sostiene la misiva. Esta situación, según los renunciantes, vulnera el espíritu de la comisión, que buscaba esclarecer hechos ocurridos entre 2019 y 2024, período en que se registraron múltiples denuncias de violencia institucional contra menores.
Acusaciones directas al Ministerio de Justicia de Fernando Rabat
La renuncia de Soledad Larraín, quien además fue directora del Programa Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia entre 2022 y 2025, no es la única que apunta a la cartera que encabeza el ministro Rabat. Según la información difundida en Instagram por las ex jefas del programa, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, el ambiente dentro del Ministerio se había tornado «insostenible» para los profesionales dedicados a la verdad y la niñez. «No solo no recibimos apoyo, sino que enfrentamos resistencia activa para acceder a archivos y testimonios», señalan las publicaciones.
El choque entre la Comisión Verdad y Niñez y el Ministerio de Justicia no es nuevo. Desde su creación en 2025, los comisionados habían denunciado públicamente la falta de voluntad política para abordar casos sensibles, como los ocurridos en centros de detención juveniles o en contextos de protestas sociales. La salida de cuatro figuras clave, incluyendo a Matías Marchant, abogado especialista en derechos de la infancia, y a Marí Estela Ortiz, reconocida psicóloga experta en trauma infantil, deja a la comisión con un capital humano severamente disminuido y pone en duda la viabilidad de sus conclusiones finales.
Reacción de la Cámara de Diputadas y Diputados: citación a Rabat
La Comisión de Familia de la Cámara Baja no tardó en reaccionar. Según informó Cooperativa el 3 de mayo de 2026, los diputados que integran esta instancia acordaron por unanimidad citar al ministro Fernando Rabat para que comparezca y explique las razones detrás de las renuncias. El presidente de la comisión, el diputado oficialista Juan Carlos Latorre (DC), señaló que «no podemos permitir que una comisión tan relevante para el país se desmorone por falta de gestión. Necesitamos respuestas claras y urgentes».
La citación, que se realizaría en los próximos días, busca además que el ministro detalle las medidas que adoptará para restablecer las condiciones de trabajo de la comisión. Desde la oposición, en tanto, se han alzado voces críticas. La diputada republicana María Luisa Cordero afirmó que «este es un ejemplo más de la incompetencia del Gobierno en materia de derechos humanos. Rabat debería evaluar su continuidad si no es capaz de garantizar el funcionamiento de los organismos que dependen de él». La polémica ha escalado a nivel nacional, instalando el tema en el centro del debate político.
El perfil de los renunciantes y el vacío que dejan
Los cuatro comisionados que renunciaron no eran figuras anónimas. Soledad Larraín, además de su rol como directora de la comisión, había sido una de las impulsoras de la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violencia Institucional. Matías Marchant era reconocido por su labor en la defensa de menores en situación de calle, mientras que Marí Estela Ortiz había liderado estudios sobre los efectos psicológicos de la represión en niños y niñas durante el estallido social. El cuarto integrante, cuyo nombre no fue difundido inicialmente, correspondía a un representante de la sociedad civil con experiencia en derechos humanos.
La partida de este equipo genera un vacío difícil de llenar. La comisión, que debía presentar un informe final en diciembre de 2026, ahora enfrenta la incertidumbre sobre su continuidad. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han manifestado su preocupación, señalando que «la falta de condiciones para investigar vulneraciones contra la niñez es una señal gravísima de debilidad institucional». El Gobierno, por su parte, aún no se pronuncia oficialmente sobre cómo reemplazará a los renunciantes.
Implicaciones para la verdad y la reparación de la niñez
El impacto de esta crisis va más allá de un problema administrativo. La Comisión Verdad y Niñez fue creada como un mecanismo de justicia transicional para dar respuesta a las denuncias de cientos de familias que aseguran que sus hijos fueron víctimas de violencia policial, detenciones arbitrarias o negligencia estatal durante las protestas de 2019-2020 y la posterior pandemia. Sin un equipo técnico sólido y con la sombra de la obstrucción ministerial, el proceso de esclarecimiento de la verdad corre el riesgo de estancarse.
Desde la sociedad civil, organizaciones como la Agrupación de Familiares de Víctimas de Violencia Institucional (AFVI) han exigido la intervención directa del Presidente de la República. «No podemos permitir que se repita la historia de impunidad. La niñez chilena merece verdad y justicia, y esta renuncia masiva es un golpe directo a esa aspiración», declaró su vocera. Además, se ha planteado la posibilidad de que el Congreso cree una comisión investigadora para fiscalizar la gestión del Ministerio de Justicia en este caso, lo que añadiría presión política sobre el ministro Rabat.
¿Qué viene ahora? Escenarios posibles y reacciones
Ante la crisis, se abren varios escenarios. El más inmediato es la citación a Fernando Rabat, que podría derivar en su cuestionamiento político si no logra dar explicaciones convincentes. Algunos diputados de la comisión de Familia ya han adelantado que, de no obtener respuestas, podrían impulsar una acusación constitucional contra el ministro. Sin embargo, la figura de Rabat, considerado un operador político de confianza del Ejecutivo, cuenta con respaldo en La Moneda, al menos por ahora.
Otro posible desenlace es la reestructuración de la Comisión Verdad y Niñez, con nuevos integrantes y, quizás, un cambio en su dependencia administrativa para alejarla del Ministerio de Justicia. La oposición ha propuesto que pase a depender directamente de la Presidencia o del Congreso. Mientras tanto, los cuatro comisionados renunciantes han asegurado que continuarán trabajando desde la sociedad civil para que las violaciones a los derechos de la niñez no queden en la impunidad. La pelota está ahora en la cancha del Gobierno, que deberá demostrar si está dispuesto a garantizar las condiciones para que la verdad y la reparación sean una realidad.
Conclusión: un punto de inflexión para los derechos de la niñez en Chile
La renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, y la consiguiente citación al ministro Fernando Rabat por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, representan un punto de inflexión en la lucha por la verdad y la reparación de las vulneraciones contra la infancia en Chile. Las acusaciones de falta de condiciones mínimas y obstrucción desde el Ministerio de Justicia revelan una tensión profunda entre el discurso oficial de derechos humanos y la realidad operativa de los mecanismos de justicia transicional. Sin un equipo técnico comprometido y con la credibilidad del proceso seriamente dañada, el futuro de la comisión pende de un hilo. La respuesta del Ejecutivo, la transparencia de la citación parlamentaria y la voluntad política de todos los actores serán determinantes para que la verdad no quede sepultada bajo la burocracia y la falta de voluntad. La niñez chilena merece respuestas concretas, no promesas vacías.
