La polémica contratación del transporte electoral para 2026
El proceso electoral de 2026 en Perú enfrenta una controversia que podría marcar un antes y un después en la logística de los comicios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) adjudicó un contrato de S/2,3 millones a la empresa Gálaga SAC para el traslado del material electoral durante la jornada del 12 de abril. Sin embargo, lo que debía ser una operación rutinaria derivó en denuncias de incumplimiento, una carta notarial de la empresa exigiendo disculpas públicas, restricción de salida del país contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y hasta un debate público sobre si las Fuerzas Armadas deberían asumir esta tarea. Este artículo profundiza en los hechos, las posturas enfrentadas y las implicancias para la credibilidad del sistema electoral peruano.
Un contrato millonario bajo la lupa
La ONPE otorgó a la empresa Gálaga SAC un contrato por S/2,3 millones para garantizar el traslado del material electoral en los comicios de abril de 2026. Según datos de fuentes oficiales, esta contratación se realizó bajo los procedimientos establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas. Sin embargo, el servicio generó retrasos que pusieron en riesgo el normal desarrollo de la votación en diversas regiones del país.
“La ONPE otorgó el contrato de S/2,3 millones a la empresa Gálaga para el traslado del material electoral en la jornada del 12 de abril”, confirmó una publicación de La República en redes sociales. Aunque el monto es significativo, lo que más ha llamado la atención es la rapidez con la que un proceso administrativo se convirtió en un escándalo judicial y mediático. La empresa sostiene que cumplió con todas las obligaciones contractuales, mientras que la ONPE alega demoras que afectaron la distribución de actas y cédulas.
La defensa de Gálaga: una carta notarial y exigencia de disculpas
Gálaga SAC no se ha quedado en silencio. A través de una carta notarial dirigida a la ONPE, la empresa pidió que la entidad electoral se rectifique por haberla señalado públicamente como responsable del incumplimiento contractual. En el documento, Gálaga afirma haber cumplido con el servicio pactado y niega cualquier responsabilidad por los retrasos imputados.
Según la información recogida por LP Derecho, la empresa solicita disculpas públicas por el daño a su imagen comercial.
“Galaga SAC afirma haber cumplido con el contrato electoral, niega responsabilidad por retrasos y solicita a la ONPE disculpas públicas”, señala el informe.
Este cruce de versiones revela que el caso no solo es técnico, sino que tiene un fuerte componente reputacional. La empresa busca limpiar su nombre, mientras que la ONPE intenta justificar sus acciones ante la opinión pública.
Implicaciones legales: la restricción de salida contra Piero Corvetto
El escándalo escaló hasta el ámbito judicial. Un juez peruano ordenó la prohibición de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en el marco de las investigaciones vinculadas a este proceso electoral. La medida fue reportada por France 24 y otros medios internacionales, destacando que Corvetto es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del transporte electoral.
La restricción de salida se produjo en medio de una crisis postelectoral que ya había generado cuestionamientos sobre la transparencia del sistema. “La justicia peruana restringe la salida del país al exjefe de la ONPE en medio de la crisis postelectoral”, publicó France 24. Este hecho añade una capa de complejidad al caso, pues sugiere que las autoridades consideran que existen indicios suficientes para evitar que Corvetto abandone el territorio nacional mientras se profundiza la investigación.
¿Fue legal contratar taxis para trasladar material electoral?
Uno de los aspectos que más debate ha generado es si la ONPE debió recurrir a servicios informales como taxis para el traslado del material electoral. Un video difundido en Instagram por una escuela de diplomado en contrataciones públicas cuestionó abiertamente la legalidad de esta decisión. “¿Es legal que la ONPE haya contratado taxis para trasladar el material electoral?”, pregunta la publicación, que promueve un diplomado sobre la nueva Ley General de Contrataciones Públicas.
Desde el punto de vista normativo, la contratación de servicios de transporte debe cumplir con los principios de eficiencia, transparencia y competencia. Sin embargo, en situaciones de emergencia o urgencia, la ley permite ciertas excepciones. El problema radica en que, en este caso, la urgencia fue generada por la propia planificación deficiente o por la demora en las licitaciones previas. La controversia expone la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en la logística electoral.
Gremios empresariales exigen que el traslado lo asuman las FF.AA.
La polémica ha llevado a diversos gremios empresariales a pronunciarse con una propuesta radical: que el traslado del material electoral sea asumido por las Fuerzas Armadas. Según un reporte de Gestión, estas organizaciones consideran que la logística electoral es demasiado sensible para quedar en manos de empresas privadas que no siempre cuentan con la capacidad operativa necesaria.
“Gremios empresariales piden que traslado de material electoral lo asuman las FF.AA.”, tituló el diario. La propuesta se basa en la experiencia de países donde las fuerzas militares garantizan la seguridad y puntualidad en la distribución de documentos electorales, especialmente en zonas de difícil acceso. Sin embargo, esta solución plantea nuevos desafíos, como el riesgo de militarizar un proceso civil y la posible falta de recursos logísticos especializados por parte del Ejército.
Lecciones para el futuro: transparencia y confianza en los comicios
El caso de la contratación del transporte electoral para 2026 deja varias lecciones. Primero, que la ONPE necesita mejorar sus procesos de licitación y supervisión para evitar que las disputas contractuales empañen la credibilidad de las elecciones. Segundo, que las empresas contratistas deben ser seleccionadas no solo por el precio, sino por su historial y capacidad comprobada.
Por otro lado, la intervención judicial contra el exjefe de la ONPE demuestra que la rendición de cuentas es inevitable. La ciudadanía exige que se esclarezcan las responsabilidades, y los tribunales han actuado con celeridad. Finalmente, el debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la logística electoral abre una discusión necesaria sobre el equilibrio entre seguridad y control civil. La transparencia en cada paso del proceso es la única forma de restaurar la confianza de los electores.
Conclusión: un caso que redefine la logística electoral peruana
El contrato de S/2,3 millones a Gálaga SAC, la carta notarial exigiendo disculpas, la restricción de salida contra Piero Corvetto y el llamado de los gremios para que las FF.AA. asuman el transporte electoral evidencian una crisis de confianza en la gestión de los comicios de 2026. La ONPE enfrenta el reto de demostrar que puede manejar procesos logísticos complejos con eficiencia y transparencia. Mientras tanto, la justicia avanza para determinar responsabilidades. Este caso no solo afecta a los actores directos, sino que sienta un precedente sobre cómo deben gestionarse los recursos públicos en eventos críticos. La próxima contienda electoral será una prueba de fuego para el sistema peruano.
