El contraste que expuso la fragilidad del sistema de selección judicial
Las recientes declaraciones de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han puesto sobre la mesa una herida que el Poder Judicial argentino arrastra desde hace décadas: la falta de criterios uniformes y transparentes para elegir a sus magistrados. Al comparar el caso del juez Carlos Mahiques, de la Cámara Federal de Casación Penal, con el de Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal porteña, el magistrado evidenció no solo una disparidad de criterios alarmante, sino también el caldo de cultivo que permite la injerencia de lo que denominó «operadores externos y padrinos». En un sistema donde debería primar la objetividad y el mérito, lo que emerge es una lógica de redes de influencia que condicionan los concursos. Este artículo analiza las raíces de esta crisis de legitimidad, el contraste específico entre ambos jueces, y la urgente necesidad de aprobar un reglamento de selección que ponga fin a estas prácticas.
El caso Mahiques y Bruglia: dos caminos, una misma preocupación
Carlos Mahiques accedió a su cargo mediante un concurso público que, si bien respetó las formas, fue criticado por sectores académicos y políticos por la ausencia de una evaluación sustancial de antecedentes y oposición. Por su parte, Leopoldo Bruglia llegó a la Cámara Federal porteña a través de un mecanismo de traslado que, para muchos especialistas, eludió el sistema de concursos establecido en la Constitución. La Corte, al contrastar ambos casos, no buscó equiparar méritos individuales, sino señalar cómo la ausencia de un reglamento claro permite que cada concurso se convierta en una negociación.
Lo que está en juego no es la idoneidad de estos jueces en particular, sino la integridad del sistema de selección en su conjunto. Mientras que en un caso se cumplió con la etapa de concurso, en el otro se utilizó una figura de traslado que generó sospechas de favoritismo político. Esta falta de homogeneidad es la que abre la puerta a que «operadores externos», como lobbystas, funcionarios o exfuncionarios, presionen para que determinados perfiles avancen en detrimento de otros más calificados pero sin padrinazgo.
La figura del «padrino» judicial: cómo opera la interferencia en los concursos
El término «padrino» utilizado por el juez de la Corte no es una metáfora vacía. En la práctica judicial argentina, es habitual que ciertos candidatos a magistrados cuenten con el respaldo de figuras políticas, camaristas o incluso miembros del Consejo de la Magistratura que facilitan su ascenso. Estos padrinos no solo abren puertas, sino que también pueden torcer la evaluación de antecedentes, minimizar impugnaciones o acelerar trámites administrativos que a otros postulantes les llevan años.
Esta red de influencias opera con mayor eficacia cuando no existe un reglamento de selección detallado y vinculante. Sin parámetros preestablecidos sobre cómo ponderar la antigüedad, las publicaciones académicas, la experiencia en tribunales orales o la idoneidad en materia penal, la subjetividad del jurado se convierte en un canal para el favoritismo. La Corte, al pedir la rápida aprobación del proyecto de reglamento, está atacando precisamente la raíz del problema: la discrecionalidad.
La propuesta de la Corte: un reglamento para cerrar la puerta a los operadores externos
El proyecto de reglamento de selección de jueces que la Corte impulsa no es un documento improvisado. Se basa en décadas de jurisprudencia, recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experiencias comparadas de sistemas judiciales que han logrado reducir la influencia política. Entre sus puntos clave se encuentra la obligatoriedad de que todos los aspirantes pasen por un examen escrito anónimo, una entrevista pública grabada y una evaluación de antecedentes realizada por una comisión independiente.
Además, el reglamento propone eliminar los traslados sin concurso previo, una de las principales vías de ingreso irregular que permitieron que casos como el de Bruglia generaran controversia. También se establecerían plazos máximos para cada etapa del concurso, evitando que las demoras estratégicas favorezcan a determinados postulantes. La Corte busca así que el mérito y la transparencia se conviertan en los únicos «operadores» del proceso.
Los obstáculos políticos y corporativos que enfrenta la reforma
A pesar de la urgencia declarada por el máximo tribunal, la aprobación del reglamento enfrenta resistencias tanto en el ámbito legislativo como dentro del propio Poder Judicial. Sectores de la política que históricamente han utilizado los concursos para colocar a allegados ven amenazado su poder de negociación. Asimismo, algunas corporaciones judiciales, incluyendo asociaciones de magistrados, temen que un reglamento demasiado rígido limite la autonomía de los jueces para elegir a sus pares.
El debate no es solo técnico, sino profundamente político. Para que el reglamento sea efectivo, debe ser aprobado por el Congreso con una mayoría que hoy parece fragmentada. Además, debe ser aceptado por el Consejo de la Magistratura, un órgano donde conviven representantes de los partidos políticos, abogados y jueces, y donde los intereses sectoriales suelen primar sobre el interés general. Sin un pacto mínimo que desactive la lógica del padrinazgo, la Corte corre el riesgo de que el proyecto quede empantanado en discusiones de forma.
¿Qué cambiaría realmente una vez aprobado el reglamento?
La experiencia en otras jurisdicciones que han implementado reglamentos similares, como el Tribunal Constitucional de Chile o la Corte Suprema de Costa Rica, demuestra que la transparencia en los concursos reduce de forma significativa la conflictividad en los nombramientos. En el caso argentino, un reglamento claro permitiría que los aspirantes conocieran de antemano los criterios de evaluación, eliminando la incertidumbre que hoy favorece las gestiones informales.
Además, obligaría a los jurados a fundar sus decisiones de manera pública, lo que expondría cualquier intento de favoritismo al escrutinio de la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. La Corte no solo busca terminar con los padrinos, sino también con la sensación de impunidad que genera un sistema donde parece que todo es posible mediante contactos. De aprobarse, el reglamento dotaría de previsibilidad y legitimidad a un proceso que hoy es percibido como opaco por la ciudadanía.
Hacia una justicia que elija a los mejores, no a los mejor conectados
La comparación entre los casos Mahiques y Bruglia no fue un capricho retórico del juez de la Corte. Fue un termómetro que midió la temperatura de una enfermedad estructural: la desconfianza en la selección de magistrados. La urgencia de aprobar el reglamento de selección no responde a un problema administrativo menor, sino a la necesidad de restaurar la credibilidad del Poder Judicial como poder independiente. Mientras los concursos sigan siendo campos de batalla de operadores externos y padrinos, las sentencias que emitan esos jueces arrastrarán una mancha de ilegitimidad de origen.
La pelota está ahora en la cancha del Congreso y del Consejo de la Magistratura. Si logran articular una mayoría que priorice la institucionalidad por sobre los intereses particulares, Argentina dará un paso adelante hacia una justicia más previsible y meritocrática. Si no, seguiremos asistiendo a una selección de jueces donde el padrinazgo pesa más que la idoneidad, y donde el contraste de criterios no es un error sino una estrategia. La reforma no es solo técnica: es una decisión política que definirá el perfil de la justicia para las próximas décadas.
«La comparación de los casos Mahiques y Bruglia expone la necesidad de un reglamento que ponga fin a los padrinazgos. Sin reglas claras, la selección de jueces seguirá siendo un juego de influencias que deslegitima al sistema judicial en su conjunto.»
El camino hacia una selección judicial transparente es complejo, pero la Corte ha dado el primer paso al señalar públicamente las fisuras. Ahora corresponde a los actores políticos y judiciales demostrar que la independencia del Poder Judicial no es una concesión que se negocia, sino un pilar de la república que se defiende con reglas.
La aprobación del reglamento no garantizará por sí sola la eliminación de los padrinos, pero establecerá un dique de contención frente a la opacidad. En un país donde la justicia es frecuentemente cuestionada, cada concurso bien realizado es una pequeña victoria contra la impunidad. La Corte ha puesto el tema en agenda; el resto de los poderes del Estado debe decidir si desea una justicia de élite o una justicia de privilegios.
