Marcha por la Democracia: la exigencia de auditoría internacional que remece el proceso electoral
Durante la tercera jornada de la “Marcha por la Democracia”, celebrada el pasado sábado, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a poner en el centro del debate la transparencia del sistema electoral peruano. Frente a cientos de ciudadanos reunidos en el Cercado de Lima, López Aliaga cuestionó duramente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, especialmente, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por negarse a aceptar una auditoría internacional que, según el candidato, garantizaría la limpieza de los comicios. Este artículo analiza en profundidad los argumentos del candidato, el contexto de la movilización y las implicancias de esta demanda para la democracia peruana.
El contexto de la tercera marcha: ciudadanía movilizada
La “Marcha por la Democracia” ha convocado a miles de ciudadanos en tres ocasiones consecutivas. Según El Comercio, la tercera jornada reunió a cientos de personas desde las 5 de la tarde del sábado 9, quienes recorrieron las calles del Cercado de Lima portando banderas y carteles en defensa de la democracia y la transparencia electoral. La convocatoria, impulsada por sectores afines a Renovación Popular, se ha convertido en un espacio donde López Aliaga expone sus críticas al sistema electoral peruano.
El candidato aprovechó esta plataforma para reiterar su principal reclamo: que el JNE permita una auditoría internacional independiente que revise el padrón electoral, los procesos de conteo y el software utilizado. “No nos van a vencer”, arengó López Aliaga, según reportó Infobae, mientras la multitud coreaba consignas contra la ONPE y el JNE. La movilización, que también tuvo eco en regiones como Junín, evidencia un creciente malestar ciudadano sobre la fiabilidad de las autoridades electorales.
Las críticas al Jurado Nacional de Elecciones y la negativa a la auditoría
El epicentro del discurso de López Aliaga fue la denuncia de que el JNE se ha negado sistemáticamente a aceptar una auditoría internacional. Durante su intervención en la marcha, el candidato aseguró que esta negativa encubre irregularidades. “El JNE no quiere que nadie vea sus procesos, y eso es sospechoso”, afirmó, según recoge la publicación de El Comercio. La demanda de una auditoría externa no es nueva; López Aliaga la ha planteado desde el inicio de la campaña, argumentando que solo así se podría garantizar un proceso limpio y evitar denuncias de fraude.
El candidato contrastó esta situación con lo que ocurre en otras democracias consolidadas, donde las auditorías internacionales son prácticas habituales. Sostuvo que la negativa del JNE es una señal de debilidad institucional. “Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no aceptan una auditoría de la OEA o de la Unión Europea?”, cuestionó. La postura del JNE, sin embargo, ha sido defender la legalidad de sus procedimientos y señalar que cualquier auditoría debe enmarcarse en el ordenamiento jurídico peruano.
Cuestionamientos a la ONPE: sospechas sobre el software y el padrón
Además del JNE, López Aliaga dirigió severas críticas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En su alocución, el candidato aseguró que la ONPE ha implementado un sistema de cómputo opaco, cuyos algoritmos no han sido auditados públicamente. “La ONPE maneja los votos a puerta cerrada, y eso no es democracia”, sentenció. Estas declaraciones se fundamentan en la desconfianza que genera la falta de transparencia en el software electoral, un tema que ha sido recurrente en la política peruana desde procesos anteriores.
Según reportó El Comercio, López Aliaga también puso en duda la actualización del padrón electoral, señalando que podría haber duplicidades o inscripciones irregulares. En la marcha, pidió a sus seguidores que exijan a las autoridades electorales que entreguen los datos completos del padrón para su verificación ciudadana. La ONPE, por su parte, ha defendido la integridad del padrón, pero no ha accedido a una auditoría externa independiente como la que solicita el candidato.
Reacciones de la ciudadanía y apoyos en redes sociales
La tercera marcha no solo fue un espacio de expresión política, sino también un fenómeno digital. En plataformas como Instagram y Facebook, se viralizaron imágenes de la concentración, con miles de personas en las calles de Jesús María y el Cercado de Lima. Publicaciones en redes sociales mostraban a ciudadanos portando pancartas con frases como “Auditoría ya” y “Defendamos la democracia”. López Aliaga, además, utilizó sus cuentas oficiales para amplificar el mensaje, generando un debate intenso entre defensores y críticos de su postura.
Sin embargo, no todo fue apoyo unánime. Sectores de la oposición señalaron que la exigencia de auditoría internacional es una estrategia del candidato para deslegitimar el proceso electoral en caso de que los resultados le sean adversos. “Piden auditoría porque saben que no ganarán limpiamente”, comentaron algunos usuarios en las publicaciones de Facebook. La polarización se intensifica a medida que se acerca la fecha de las elecciones, y la figura de López Aliaga se consolida como un actor que cuestiona abiertamente la institucionalidad electoral.
Implicancias políticas y legales de la demanda de auditoría
Desde el punto de vista jurídico, la solicitud de una auditoría internacional no tiene precedentes inmediatos en la historia electoral reciente del Perú. La legislación actual otorga al JNE y a la ONPE la potestad de diseñar y ejecutar los procesos electorales con total autonomía. Una auditoría externa requeriría una modificación legal o una solicitud expresa del propio Congreso de la República. López Aliaga ha intentado presionar políticamente para que se dé ese paso, pero hasta ahora el pleno del Congreso no ha debatido el tema de manera formal.
Políticamente, la postura del candidato de Renovación Popular refuerza su imagen de outsider que lucha contra el “establishment” electoral. Sus simpatizantes ven en esta demanda una señal de transparencia y honestidad, mientras que sus detractores la califican de populismo electoralista. La negativa del JNE a aceptar la auditoría ha sido interpretada por algunos analistas como un acierto técnico (defensa de la institucionalidad), pero también como un error de comunicación que alimenta la desconfianza ciudadana.
Perspectivas: ¿qué puede pasar de cara a las elecciones?
A pocas semanas de los comicios, la exigencia de auditoría internacional se mantiene como uno de los ejes centrales de la campaña de López Aliaga. Es probable que el candidato continúe movilizando a sus bases en nuevas marchas, buscando generar presión sobre el JNE y la ONPE. Sin embargo, las autoridades electorales han reiterado que no cederán a lo que consideran una “presión política”. El tiempo apremia y es poco probable que se concrete una auditoría antes de la votación.
En este escenario, la desconfianza podría traducirse en una mayor polarización el día de las elecciones. López Aliaga ya ha anticipado que, si no se realiza la auditoría, su partido evaluará impugnar los resultados. “No aceptaremos unos comicios amañados”, advirtió durante la marcha. Mientras tanto, la ONPE y el JNE trabajan en los preparativos logísticos, pero el fantasma de la sospecha planea sobre el proceso. La democracia peruana enfrenta una prueba de fuego: la credibilidad de sus instituciones electorales.
Conclusión: la democracia peruana en la encrucijada
La tercera jornada de la “Marcha por la Democracia” puso de manifiesto la profunda desconfianza que sectores importantes de la ciudadanía y del candidato Rafael López Aliaga albergan hacia la ONPE y el JNE. La exigencia de una auditoría internacional, aunque no contemplada en la normativa peruana, refleja un clamor por mayor transparencia en un proceso electoral marcado por tensiones. Mientras el sistema electoral peruano defiende su legalidad, las críticas de López Aliaga continúan ganando eco en las calles y en las redes. La resolución de esta controversia definirá, en buena medida, la legitimidad de los resultados electorales y la confianza futura en las instituciones democráticas del país.
