La Contraloría advierte: riesgo de demoras en segunda vuelta electoral
La proximidad de la segunda vuelta electoral en Perú ha encendido las alarmas del organismo de control, que advierte sobre posibles demoras en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana y el Callao. Esta situación, de concretarse, podría vulnerar el derecho al voto de miles de ciudadanos. La Contraloría General de la República ha emitido un informe crítico señalando que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no consideró adecuadamente la cantidad de rutas y locales de votación en el servicio de transportes contratado. En este artículo analizamos los detalles de esta advertencia, el impacto en la ciudadanía y las lecciones que deja para la gobernanza electoral del país.
El informe de la Contraloría: omisiones clave en la logística de la ONPE
El documento emitido por la Contraloría revela que la ONPE, al diseñar los términos de referencia (TDR) para el servicio de transporte de material electoral, no incluyó un análisis detallado de las rutas necesarias ni la cantidad exacta de locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao. Según la fuente de El Comercio, el órgano de control advierte que esta omisión podría generar demoras en la distribución de materiales y en la instalación de las mesas de sufragio, afectando directamente a los electores.
El informe subraya que la planificación logística es un pilar fundamental para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos. Al no considerar variables como la densidad poblacional, la dispersión geográfica de los locales y las condiciones del tráfico en estas zonas, la ONPE corre el riesgo de que el servicio de transportes resulte insuficiente o mal ejecutado.
«Para el organismo de control, esta situación podría generar demoras y afectar el derecho de sufragio de los ciudadanos de Lima Metropolitana y el Callao», señala la publicación de Facebook de El Comercio.
Impacto directo en el derecho de sufragio de los ciudadanos
El derecho al voto es un pilar de la democracia, y cualquier obstáculo para ejercerlo representa una grave falla institucional. Las demoras en la instalación de mesas de sufragio pueden provocar largas colas, desinformación y, en última instancia, que muchos ciudadanos no puedan emitir su voto dentro del horario establecido. En Lima Metropolitana y el Callao, donde se concentra aproximadamente un tercio del electorado nacional, el impacto sería masivo.
La Transparencia Electoral, en su análisis sobre «Gobernanza electoral en tensión: las fallidas elecciones de Perú», ya había documentado que las demoras en la instalación de mesas impactan negativamente en la participación. Esta situación evidencia que los problemas logísticos no son nuevos, pero la advertencia de la Contraloría pone el foco en una debilidad concreta del proceso actual. No se trata solo de incomodidad, sino de la posible anulación del sufragio para quienes no puedan esperar horas bajo condiciones adversas.
Responsabilidad de la ONPE y los TDR insuficientes
La ONPE es la entidad encargada de organizar y ejecutar los procesos electorales, y su labor incluye la contratación de servicios logísticos. La Contraloría detectó que los términos de referencia para el servicio de transportes carecían de un estudio de rutas y locales, lo que representa una falla en la fase de planeación. Según el informe, la ONPE debió considerar variables como el número de mesas por local, la distancia entre centros de acopio y los puntos de votación, y las condiciones del tráfico en horarios pico.
Esta omisión no solo es técnica, sino que tiene implicancias legales. El organismo de control ha señalado que la falta de previsión podría derivar en responsabilidades administrativas. «La Contraloría advierte que la ONPE no consideró en TDR cantidad de rutas y locales en el servicio de transportes para la segunda vuelta», detalla la nota de El Comercio. Urge que la ONPE revise y ajuste su planificación para evitar un caos logístico el día de la votación.
Consecuencias de una mala planificación: colas, ausentismo y descontento
Las demoras en la instalación de mesas de sufragio no solo afectan la experiencia del votante, sino que también pueden incrementar el ausentismo electoral. Un estudio citado por El JNE en sus redes sociales indica que «esta situación evidencia que el ausentismo electoral es multicausal y no responde únicamente a la demora en la instalación de mesas de sufragio». Sin embargo, la demora es un factor crítico que desalienta a muchos ciudadanos, especialmente a aquellos que deben desplazarse largas distancias o que tienen horarios laborales rígidos.
Además, la falta de mesas instaladas a tiempo genera caos en los centros de votación, con personas aglomeradas, desinformación y posibles enfrentamientos. En Lima Metropolitana y el Callao, donde el tránsito ya es un problema cotidiano, las filas interminables podrían convertirse en un escenario recurrente. La imagen de un proceso electoral desorganizado erosiona la confianza en las instituciones democráticas y puede alimentar narrativas de fraude o ineficiencia.
Medidas de fiscalización y posibles soluciones
Ante la advertencia de la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado que reforzará la fiscalización previa en los locales de votación. En un mensaje difundido en Instagram, se señala que «el JNE reforzará la fiscalización previa en los locales de votación y…», aunque la medida parece insuficiente si no se corrige el problema logístico de fondo. La fiscalización puede detectar fallas, pero no sustituye una planificación adecuada por parte de la ONPE.
Entre las posibles soluciones, los expertos sugieren:
- Revisar y ajustar los términos de referencia del servicio de transportes incluyendo un mapeo completo de rutas y locales.
- Establecer un plan de contingencia con vehículos adicionales y rutas alternativas para zonas críticas.
- Realizar simulacros de distribución con antelación para identificar cuellos de botella.
La colaboración entre la ONPE, el JNE y las municipalidades es clave para minimizar los riesgos y garantizar que ningún ciudadano se quede sin votar.
Lecciones para futuros procesos electorales
El episodio deja en evidencia una debilidad recurrente en la gobernanza electoral peruana: la falta de planificación logística integral. La Transparencia Electoral ya había advertido sobre las «fallidas elecciones de Perú» y la tensión que genera la mala organización. Cada proceso electoral debería ser una oportunidad para mejorar, pero los informes de la Contraloría demuestran que los errores se repiten. La omisión de variables básicas como rutas y locales no es un descuido menor, sino una falta de rigor técnico que puede costar el derecho al voto de millones de peruanos.
Es imperativo que las autoridades electorales aprendan de esta advertencia y establezcan protocolos más robustos para futuras elecciones. La transparencia y la rendición de cuentas también deben fortalecerse, para que los organismos de control puedan actuar antes de que los problemas se materialicen. La democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en la logística que permite llegar a ellas.
Conclusión: garantizar el voto es un deber institucional
La advertencia de la Contraloría sobre los riesgos de demoras en la segunda vuelta electoral en Lima Metropolitana y el Callao es un llamado de atención que no debe ser ignorado. La ONPE tiene la responsabilidad de corregir su planificación de transportes para evitar que miles de ciudadanos vean vulnerado su derecho al sufragio. La fiscalización del JNE y la presión ciudadana pueden ayudar, pero la solución debe venir desde la raíz: unos términos de referencia completos y un despliegue logístico eficiente. El Perú necesita procesos electorales que reflejen seriedad institucional y respeto por el votante. Solo así se fortalecerá la confianza en la democracia y se evitarán escenas de caos y descontento que empañan la fiesta electoral.
En última instancia, el derecho al voto no puede estar sujeto a la improvisación. Las autoridades deben actuar con celeridad para que, el día de la votación, las mesas estén listas y los ciudadanos puedan ejercer su deber cívico sin trabas. La democracia peruana se juega también en la logística.
