Lawfare en España: 36 vetos unifican a izquierda y soberanistas
El Frente de Apoyo al Expresidente y la Sombra del Lawfare
Un bloque heterogéneo de fuerzas políticas ha cerrado filas en torno al expresidente del Gobierno, desatando un intenso debate sobre los límites de la acción judicial y el concepto de lawfare. ERC, Junts, Sumar, Podemos, EH Bildu y PNV han coincidido en señalar que la investigación judicial que afecta al exmandatario responde a una estrategia de acoso político orquestada desde los tribunales. Este respaldo, que trasciende las fronteras ideológicas habituales, se produce en un contexto de máxima tensión parlamentaria, donde la oposición reclama explicaciones mientras la mayoría de la investidura se moviliza para frenar lo que consideran una instrumentalización de la justicia. El auto judicial que ha reactivado la causa contra el expresidente ha sido recibido como un ataque directo a la izquierda por parte de sus aliados, alimentando la narrativa de una guerra judicial contra el liderazgo progresista.
Las declaraciones del portavoz de ERC, quien calificó al expresidente como un “referente” y afirmó que el auto “daña a la izquierda”, resumen el sentir de este bloque. La movilización conjunta no solo pretende proteger a una figura política, sino también establecer un precedente ante lo que perciben como un uso partidista de la Fiscalía y los juzgados. El debate sobre el lawfare —término que describe la utilización del sistema legal para neutralizar adversarios políticos— ha cobrado así una centralidad inusitada en la agenda pública, con estos partidos actuando como dique de contención frente a lo que denuncian como una campaña de desgaste.
Treinta y Seis Vetos: El Blindaje Parlamentario al Expresidente
La estrategia de apoyo no se ha limitado a declaraciones, sino que se ha traducido en una acción parlamentaria coordinada. Según datos recogidos en la investigación, los partidos del bloque han logrado tumbar un total de 36 puntos propuestos por el Partido Popular en el Congreso. Estas iniciativas del PP exigían la comparecencia del expresidente, la entrega de documentación detallada sobre el caso y la asunción de responsabilidades políticas. El bloqueo sistemático de estas solicitudes evidencia una disciplina de voto inusual entre formaciones que, en otros temas, mantienen profundas diferencias.
El respaldo de Junts, una fuerza independentista que en el pasado ha mantenido una relación conflictiva con el Gobierno central, resulta especialmente significativo. Su alineamiento con ERC, EH Bildu y el PNV refuerza la tesis de que la agenda soberanista y la defensa del expresidente convergen en este punto. Por su parte, Sumar y Podemos, integrantes del actual Ejecutivo de coalición, han actuado como correa de transmisión de esta postura dentro del propio Consejo de Ministros. La cifra de 36 vetos no es menor: representa un dique infranqueable para cualquier intento de la oposición de profundizar en la investigación desde la vía política, y ha sido denunciada por el PP como una “tapadera” que socava la separación de poderes.
ERC: Un “Referente” para la Izquierda y la Sombra de la Candidatura
El portavoz parlamentario de ERC ha sido una de las voces más activas en la defensa del expresidente. En declaraciones a la Cadena SER, calificó al exmandatario como un “referente” político y sostuvo que la investigación judicial “daña a la izquierda” en su conjunto. Estas afirmaciones adquieren una relevancia particular porque se producen en un momento de tensiones internas dentro de la formación republicana: el propio portavoz no cuenta con el beneplácito de su partido para una posible candidatura, según ha trascendido. Este matiz sugiere que, a pesar de las discrepancias orgánicas, la unidad en torno al caso del expresidente se mantiene intacta.
La postura de ERC refleja una doble motivación: por un lado, la solidaridad con un presidente que ha impulsado medidas como los indultos y la reforma del Código Penal para desjudicializar el conflicto catalán; por otro, el temor a que el precedente del lawfare se extienda a sus propios líderes independentistas. La mención explícita al “daño a la izquierda” conecta directamente con la narrativa de que el poder judicial, en casos de alta sensibilidad política, actúa como un actor de confrontación. El portavoz no dudó en afirmar que el auto de investigación es una “cacería” que busca desestabilizar al único Gobierno progresista en décadas.
Sumar y Podemos: La Cohesión del Espacio a la Izquierda del PSOE
Dentro del bloque gubernamental, Sumar y Podemos han mantenido una posición firme y unívoca. Ambos partidos han denunciado la existencia de una “guerra judicial” contra el expresidente y han utilizado su influencia en el Ejecutivo para frenar cualquier movimiento que pudiera debilitar al jefe del Gobierno. Mientras que el portavoz de Sumar en el Congreso ha insistido en la necesidad de separar la acción política de los procedimientos judiciales, desde Podemos se ha ido más allá, vinculando abiertamente la investigación con intereses mediáticos y económicos que buscan desgastar al espacio político transformador.
La fuente de Podemos en EL PAÍS recoge que la formación morada ha intensificado su discurso contra el lawfare, conectando el caso del expresidente con otros episodios que han afectado a su propio partido, como los procesos judiciales contra sus fundadores. Esta experiencia previa convierte a Podemos en un aliado particularmente combativo. Sumar, aunque con un perfil más moderado, ha secundado sin fisuras la estrategia de bloqueo parlamentario, y sus diputados han justificado el voto en contra de las peticiones del PP argumentando que se trata de una “cortina de humo” para ocultar los problemas reales de la ciudadanía. La coordinación entre ambos partidos evidencia que, más allá de las rencillas electorales, la defensa del expresidente se ha convertido en un pilar de la identidad del espacio de la izquierda confederal.
El Eje Nacionalista: Junts, EH Bildu y PNV Frente a la Judicatura
El papel de los partidos nacionalistas ha sido decisivo para mantener el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Junts, que en otras ocasiones ha condicionado su apoyo al Gobierno al avance de la agenda independentista, ha hecho del caso del expresidente una cuestión de principio. Desde sus filas se ha señalado que la investigación judicial responde a un patrón conocido en Cataluña: la judicialización de la política para frenar procesos soberanistas. EH Bildu ha conectado esta causa con las investigaciones que han afectado a históricos dirigentes de la izquierda abertzale, estableciendo un paralelismo entre el lawfare en Madrid y en Euskadi.
El PNV, por su parte, ha actuado con pragmatismo pero sin fisuras. Su respaldo se ha materializado en el bloqueo de las iniciativas del PP, evitando que la oposición pudiera erosionar al Gobierno desde la comisión de investigación. Aunque el discurso del PNV es menos beligerante que el de ERC o EH Bildu, su voto ha sido igual de determinante. La coincidencia de intereses entre el independentismo catalán, el soberanismo vasco y la izquierda estatal en torno a este asunto sugiere que la percepción de una justicia politizada actúa como un potente factor de cohesión transversal, capaz de unir a fuerzas que en otros debates se enfrentan abiertamente.
Lawfare: Un Concepto que Divide al Arco Parlamentario
La palabra lawfare se ha instalado con fuerza en el debate político español. Para el bloque que respalda al expresidente, se trata de una estrategia deliberada de jueces y medios afines a la derecha para derribar a Gobiernos incómodos. Señalan casos como la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por presuntas influencias ilícitas, mencionado en fuentes de investigación, como ejemplo de un patrón recurrente. La sombra de Zapatero, también expresidente socialista, refuerza la idea de que los líderes de izquierda son blancos preferentes de este tipo de acciones.
Por el contrario, la oposición, encabezada por el Partido Popular y Vox, rechaza de plano esta acusación. Consideran que el término lawfare es una coartada para deslegitimar la acción judicial independiente y evitar la rendición de cuentas. Denuncian que el bloqueo de las 36 solicitudes de información supone un ataque a la transparencia y al control parlamentario. Este choque de narrativas ha polarizado aún más el clima político, donde cada nuevo auto judicial se interpreta como un episodio de una guerra más amplia. La capacidad del bloque soberanista y de izquierdas para mantener unido su frente será clave en los próximos meses, a medida que la presión mediática y judicial se intensifique.
Conclusión: Un Precedente de Blindaje y Polarización
El respaldo de ERC, Junts, Sumar, Podemos, EH Bildu y PNV al expresidente ha configurado un escenario inédito de unidad transversal frente a lo que consideran un caso de lawfare. La cifra de 36 puntos vetados en el Congreso demuestra la efectividad de un bloque que, pese a sus diferencias programáticas, prioriza la defensa del líder socialista como baluarte contra la judicialización de la política. Este movimiento, sin embargo, no está exento de costes: la oposición acusa al Gobierno de parapetarse tras una mayoría artificial para esquivar la responsabilidad, y la opinión pública se muestra dividida entre quienes ven una persecución y quienes exigen transparencia. El caso seguirá marcando la agenda política, y la solidez de esta alianza se pondrá a prueba con cada nuevo episodio judicial. Mientras tanto, el concepto de lawfare se ha consolidado como un eje central del discurso político, capaz de redefinir alianzas y generar nuevas fracturas.
