El caso del Santiago College ha dado un giro inesperado: la familia de un alumno que fue acusado sin pruebas de manipular fotografías íntimas de sus compañeras ha decidido demandar al establecimiento y al profesor involucrado. Lo que comenzó como una denuncia que la Fiscalía no pudo acreditar terminó en una acción judicial por indemnización que supera los 300 millones de pesos. Este artículo analiza los hechos, la investigación fiscal, el impacto emocional en el estudiante y las implicancias legales y educativas de un proceso que expone los riesgos de acusaciones infundadas en el ámbito escolar.
El origen de la acusación: una denuncia sin sustento probatorio
La controversia estalló cuando un alumno del Santiago College fue señalado por supuestamente manipular fotografías de compañeras de curso con contenido sexual. Los padres de las afectadas habrían presentado una denuncia ante la Fiscalía, lo que desencadenó una investigación penal. Sin embargo, el caso dio un vuelco radical cuando el Ministerio Público determinó que no existían elementos suficientes para acreditar los hechos imputados al estudiante.
Según los antecedentes recogidos por medios como La Tercera y Cooperativa, la acusación se basó en rumores y evidencia digital que no pudo ser verificada pericialmente. La Fiscalía archivó la investigación, dejando en evidencia que el alumno había sido señalado injustamente. Este desenlace no solo exculpó al joven, sino que abrió la puerta a una demanda civil contra el colegio y el profesor que lideró la denuncia interna.
La investigación fiscal: sobreseimiento y falta de pruebas
La Fiscalía llevó a cabo diligencias durante meses, incluyendo el análisis de dispositivos electrónicos y entrevistas a testigos. Los informes periciales concluyeron que no existía manipulación de imágenes ni distribución de contenido sexual atribuible al estudiante. Como resultado, el caso fue cerrado sin formular cargos, lo que representó un triunfo para la defensa del joven, pero también un trauma profundo para su entorno familiar.
El sobreseimiento fue comunicado a las partes a principios de 2026. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El alumno —quien, según Emol, había sido premiado y elegido como representante estudiantil— vio truncada su trayectoria académica y social. La ausencia de pruebas no impidió que su nombre quedara vinculado públicamente a un delito que nunca cometió.
El devastador impacto en la vida del estudiante
La familia Daer Bone, compuesta por Andrew Daer Abud y Adriana Bone Bravo, ha descrito el episodio como «devastador». Su hijo mayor, antes destacado por su liderazgo y rendimiento escolar, sufrió aislamiento, ansiedad y un deterioro en su salud mental. En declaraciones a Chilevisión, los padres señalaron que la acusación, aunque infundada, generó un estigma difícil de borrar dentro de la comunidad educativa.
El joven fue separado temporalmente de sus actividades extracurriculares y perdió la confianza de compañeros y docentes. La familia sostiene que el colegio y el profesor Peter Barnett actuaron de manera negligente al precipitar una denuncia sin corroborar los hechos, vulnerando el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Este daño psicológico y reputacional es la base de la demanda indemnizatoria.
La demanda contra el Santiago College y el profesor Peter Barnett
La acción judicial fue ingresada en el 16° Juzgado Civil de Santiago y apunta directamente al establecimiento educacional y al docente que habría impulsado la acusación interna. La familia Daer Bone solicita una indemnización superior a los 300 millones de pesos por concepto de daño moral, pérdida de oportunidades académicas y afectación psicológica. El monto refleja la gravedad de las secuelas que, según los demandantes, no cesaron con el sobreseimiento fiscal.
La demanda alega que el Santiago College incumplió su deber de proteger a los estudiantes y garantizar un ambiente seguro y justo. Además, se cuestiona la conducta del profesor Peter Barnett, quien habría presentado la denuncia sin sustento sólido y sin agotar las instancias internas de mediación. El caso pone en el centro el debate sobre la responsabilidad de los colegios ante acusaciones entre alumnos.
Los argumentos de la familia Daer Bone
Los padres del alumno afectado han sido enfáticos al señalar que el proceso disciplinario interno fue «parcializado y apresurado». En conversaciones con La Tercera, explicaron que el colegio no les permitió acceder a las pruebas ni confrontar la denuncia antes de tomar medidas restrictivas contra su hijo. «La infundada acusación fue devastadora», citó el medio, reflejando la sensación de impotencia de la familia.
Además, los abogados de la familia han señalado que el profesor Barnett actuó con una «conducta temeraria» al difundir la sospecha entre el cuerpo docente y los apoderados. La demanda incluye testimonios de psicólogos que avalan el daño emocional sufrido por el menor. Los demandantes buscan no solo una reparación económica, sino también un reconocimiento público del error cometido por la institución.
Implicancias para la comunidad educativa y el sistema escolar
El caso del Santiago College trasciende la disputa particular y plantea preguntas urgentes sobre cómo las escuelas manejan denuncias de abuso o acoso entre menores. La presunción de inocencia, el debido proceso y la protección de la privacidad son principios que deben equilibrarse con la necesidad de actuar ante posibles delitos. Este episodio muestra que una actuación precipitada puede generar víctimas secundarias.
Expertos en derecho educacional consultados por Emol advierten que los colegios deben implementar protocolos claros que eviten estigmatizar a estudiantes sin evidencia sólida. La demanda de la familia Daer Bone podría sentar un precedente judicial en Chile, obligando a las instituciones a ser más rigurosas en sus investigaciones internas. Mientras tanto, el Santiago College enfrenta un proceso que pondrá a prueba su reputación y sus políticas de convivencia escolar.
El caso del Santiago College expone las graves consecuencias de una acusación sin fundamento en el ámbito escolar. Un estudiante que fue premiado y reconocido hoy lucha por recuperar su bienestar emocional, mientras su familia exige justicia tras un sobreseimiento que no borra el daño causado. La demanda por más de 300 millones de pesos contra el colegio y el profesor Peter Barnett no solo busca reparación económica, sino también visibilizar la necesidad de protocolos justos y respetuosos con la presunción de inocencia. Este proceso judicial deja una lección para toda la comunidad educativa: las denuncias deben manejarse con responsabilidad, evitando que el apresuramiento destruya vidas inocentes. El desenlace de esta disputa marcará un antes y un después en la forma en que los colegios chilenos enfrentan conflictos entre alumnos.
