La justicia federal de Entre Ríos avanza en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el diputado nacional y ex gobernador Gustavo Bordet. En los últimos días, se realizaron allanamientos simultáneos en propiedades y comercios vinculados al empresario Salvador Carubia, señalado como presunto testaferro del ex mandatario. Los operativos se centraron en la ciudad de Concordia, donde se busca determinar si Bordet incrementó su patrimonio de forma incompatible con sus ingresos declarados. El caso se suma a otras causas similares en la provincia, como la que afecta al ex gobernador Sergio Urribarri, lo que coloca al peronismo entrerriano bajo un escrutinio judicial sin precedentes.
La sombra del enriquecimiento ilícito en Entre Ríos
La investigación contra Gustavo Bordet no es un hecho aislado en el ámbito judicial entrerriano. En los últimos meses, la justicia federal ha intensificado las pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito de ex funcionarios provinciales. El caso más resonado hasta ahora era el del ex gobernador Sergio Urribarri, cuyo domicilio fue allanado en el marco de una causa similar. Ahora, Bordet enfrenta un proceso que pone bajo la lupa su evolución patrimonial durante y después de su gestión al frente de la provincia.
Según las fuentes consultadas, los investigadores buscan establecer si existió un crecimiento patrimonial incompatible con los salarios y bienes declarados por el ex mandatario. La causa se inició a raíz de una denuncia que señalaba posibles irregularidades en la adquisición de inmuebles y vehículos, así como en la participación en sociedades comerciales. La justicia considera que el empresario Salvador Carubia habría actuado como testaferro para ocultar el origen de esos fondos.
El contexto político de la investigación es sensible: Bordet es actualmente diputado nacional por el peronismo, lo que le otorga ciertos fueros, aunque la causa avanza en la justicia ordinaria. La provincia de Entre Ríos, gobernada durante doce años por el justicialismo, vive ahora un escenario inédito de múltiples causas por corrupción que involucran a sus principales figuras.
Allanamientos clave: propiedades y negocios en Concordia
Los operativos se realizaron durante la mañana del lunes en la ciudad de Concordia, epicentro de la investigación. Agentes de la Policía Federal allanaron varias propiedades y comercios vinculados a Salvador Carubia, quien aparece mencionado en la causa como presunto testaferro de Bordet. Entre los inmuebles registrados se encuentran locales comerciales y viviendas que, según la fiscalía, habrían sido adquiridos con dinero de origen ilícito.
La información oficial señala que los allanamientos buscaban secuestrar documentación contable, registros bancarios y cualquier elemento que permita acreditar la relación patrimonial entre Carubia y el ex gobernador. “Desde la mañana del lunes se están realizando allanamientos en Concordia a propiedades del ex gobernador Gustavo Bordet por presunto enriquecimiento ilícito”, indicó una fuente judicial citada en redes sociales. Los operativos fueron coordinados por la fiscalía federal de Paraná, a cargo de la investigación.
El empresario Carubia, conocido en el ámbito comercial de Concordia, no ha realizado declaraciones públicas hasta el momento. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indican que su defensa intentará demostrar la legalidad de sus actividades comerciales. La fiscalía considera que los vínculos comerciales entre ambos habrían servido para blanquear sumas de dinero obtenidas durante la gestión de Bordet como gobernador.
El patrimonio de Bordet: indicios de un crecimiento incompatible
El eje central de la investigación es determinar si Gustavo Bordet registró un incremento patrimonial desmedido en relación con sus ingresos declarados. Según el diario Clarín, “la investigación busca determinar si Bordet tuvo un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos declarados”. Los peritos judiciales analizan declaraciones juradas, movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias realizadas entre 2015 y 2023, período en el que Bordet se desempeñó como gobernador.
Los investigadores han identificado al menos dos propiedades adquiridas en Concordia cuyo valor de mercado supera ampliamente la capacidad de ahorro del ex mandatario si se toman como referencia sus salarios oficiales. Además, se investigan transferencias bancarias por montos elevados realizadas a cuentas vinculadas a Carubia. “Los operativos fueron en comercios y propiedades del empresario Salvador Carubia, quien aparece mencionado en la causa como presunto testaferro”, reportó Clarín.
Uno de los puntos más controvertidos es la existencia de sociedades comerciales en las que Bordet no figuraba oficialmente pero que, según la fiscalía, estarían controladas por él a través de testaferros. Los allanamientos buscan documentación que permita probar esa relación. Si se confirma el crecimiento patrimonial injustificado, Bordet podría enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito, un delito penado con prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La respuesta del ex gobernador: “absurda” y sin fundamento
Gustavo Bordet ha calificado la causa como “absurda” y asegura que se trata de una persecución política en su contra. En declaraciones a medios locales, el diputado nacional sostuvo que “todos mis bienes fueron declarados ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP” y que la investigación no tiene sustento fáctico. “Bordet calificó de ‘absurda’ la causa por enriquecimiento ilícito”, informó una publicación de Instagram que recogió sus declaraciones tras los allanamientos.
El ex gobernador también denunció que la filtración de los operativos a la prensa antes de su ejecución tuvo un claro objetivo mediático. “No es casual que se difunda esto justo cuando asumo como diputado nacional”, afirmó. Bordet intenta desvincularse de las pruebas que la fiscalía considera incriminatorias, argumentando que sus vínculos con Carubia son estrictamente comerciales y legales.
A pesar de su defensa, la justicia ha avanzado con los allanamientos como parte de una estrategia para recolectar pruebas materiales. La fiscalía espera que los documentos secuestrados permitan reconstruir el flujo de dinero entre ambos sujetos. Mientras tanto, Bordet continúa ejerciendo su banca en la Cámara de Diputados, aunque sus pares del oficialismo han evitado pronunciarse sobre el caso.
Implicaciones políticas: el peronismo entrerriano en el banquillo
La causa contra Gustavo Bordet tiene profundas implicaciones políticas en la provincia de Entre Ríos, gobernada actualmente por el radical Rogelio Frigerio. El peronismo entrerriano, que dominó la escena política durante doce años, enfrenta ahora una serie de investigaciones judiciales que amenazan con erosionar su capital electoral. La situación es particularmente grave para Bordet, quien buscaba consolidarse como referente opositor a nivel nacional.
Los allanamientos a propiedades del ex gobernador han generado un fuerte debate en los medios locales y nacionales. Mientras algunos sectores lo consideran una muestra de que la justicia actúa contra la corrupción, otros lo ven como una maniobra política para debilitar al peronismo. “El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene bajo la lupa al ex gobernador Gustavo Bordet fue destacado por el portal Análisis Digital, que también recordó el antecedente del allanamiento a Urribarri.
En el Congreso nacional, el caso podría afectar la carrera parlamentaria de Bordet. Si la justicia federal determina que existen elementos suficientes para procesarlo, quedaría inhabilitado para ejercer su cargo. El peronismo entrerriano observa con atención los pasos de la fiscalía, consciente de que un fallo adverso podría tener consecuencias en las elecciones legislativas del próximo año.
El precedente de Urribarri y otras causas en la mira
La investigación contra Bordet no es la primera de su tipo en la provincia. En 2024, la justicia allanó el domicilio del ex gobernador Sergio Urribarri en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. Según publicó el portal Análisis Digital, “allanaron el domicilio del ex gobernador Sergio Urribarri en una causa por enriquecimiento ilícito”. Este antecedente marca un patrón judicial que pone en el centro a los dos últimos gobernadores peronistas de Entre Ríos.
Ambas causas comparten similitudes: la fiscalía sospecha que ambos ex mandatarios utilizaron testaferros para adquirir inmuebles y vehículos de lujo con dinero no declarado. En el caso de Urribarri, la investigación se centró en un hotel de su propiedad y en la compra de camionetas de alta gama. Para Bordet, el foco está en el empresario Salvador Carubia y sus vínculos comerciales.
Estos procesos judiciales han generado una sensación de impunidad entre algunos sectores de la sociedad entrerriana, que reclaman una mayor transparencia en la gestión pública. Sin embargo, la justicia federal asegura que cuenta con elementos sólidos para avanzar en ambos casos. La coincidencia temporal de las investigaciones sugiere que los fiscales han coordinado esfuerzos para desentrañar una posible red de corrupción que habría operado durante los gobiernos del justicialismo en la provincia.
En conclusión, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Gustavo Bordet representa un capítulo más en la creciente presión judicial sobre el peronismo entrerriano. Los allanamientos a propiedades de Salvador Carubia, señalado como testaferro, buscan probar un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por el ex gobernador. Mientras Bordet califica la causa de “absurda” y alega persecución política, la justicia federal avanza con pruebas documentales y testimoniales. El precedente de la causa contra Sergio Urribarri refuerza la hipótesis de un patrón de conducta que la fiscalía pretende desmantelar. El desenlace de este proceso judicial no solo definirá el futuro político de Bordet, sino que también marcará un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia de Entre Ríos.
