La polémica campaña de Roberto Sánchez: un vehículo vinculado al narcotráfico
Hace apenas dos días, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, fue captado en Huánuco desplazándose en una camioneta Toyota Hilux blanca junto a sus dos vicepresidentas. Lo que parecía una imagen rutinaria de campaña se convirtió en un escándalo político cuando la Unidad de Investigación de El Comercio confirmó que el vehículo pertenece a un hombre detenido por tráfico de drogas. En los registros públicos, la camioneta figura a nombre de Miller Kelvin Claudio Martel, intervenido con 19 kilos de pasta básica de cocaína. Este artículo desglosa los hechos, los vínculos con otras unidades sospechosas y las posibles consecuencias legales y electorales para el candidato.
Los hechos: una camioneta blanca y 19 kilos de droga
El 28 de mayo, Roberto Sánchez realizó actividades de proselitismo en la región Huánuco a bordo de una Toyota Hilux de color blanco. Según el reportaje de El Comercio, el candidato viajaba junto a sus dos vicepresidentas en la tolva del vehículo, imagen que fue difundida en redes sociales. Horas después, la investigación periodística reveló que la placa del automóvil corresponde a Miller Kelvin Claudio Martel, quien fue capturado por la policía transportando 19 kilogramos de pasta básica de cocaína.
Los registros vehiculares y los reportes policiales confirmaron que Claudio Martel fue intervenido en un operativo antidrogas. La cantidad incautada —19 kilos— equivale a decenas de miles de dosis y representa un delito grave según la legislación peruana. La pregunta inmediata es: ¿cómo llegó ese vehículo a manos del candidato presidencial?
Miller Kelvin Claudio Martel: el dueño del vehículo y sus antecedentes
De acuerdo con la información de dominio público analizada por Infobae, Miller Kelvin Claudio Martel no solo figura como propietario de la Toyota Hilux que usó Sánchez, sino que además tiene un historial judicial vinculado al narcotráfico. La detención por transportar 19 kilos de pasta básica de cocaína no es un hecho aislado; las pesquisas sugieren que podría tratarse de una persona con conexiones en el mundo del crimen organizado.
La Unidad de Investigación también detectó que otra camioneta utilizada por el candidato pertenece a un sujeto investigado por tráfico de terrenos. Esto multiplica las sospechas sobre el círculo de allegados del candidato y la procedencia de los vehículos que utiliza en su campaña. Hasta el momento, el equipo de Sánchez no ha ofrecido una explicación clara sobre cómo accedió a estos automóviles ni si existía algún contrato de alquiler o préstamo.
Otras camionetas vinculadas: tráfico de terrenos y más sombras
La investigación de Infobae del 30 de mayo reveló que no se trata de un caso aislado. Al menos dos camionetas usadas por Roberto Sánchez en sus giras electorales estarían vinculadas a personas con antecedentes penales. La primera, la Toyota Hilux de Claudio Martel por narcotráfico; la segunda, otra unidad cuyo propietario está siendo investigado por tráfico de terrenos en la región Huánuco.
Este patrón sugiere una red de contactos que podría comprometer la imagen de transparencia que el candidato busca proyectar. En un contexto electoral tan polarizado como el actual, cualquier vínculo con actividades ilícitas puede ser letal para una candidatura. Organizaciones civiles y observadores electorales han solicitado a la Fiscalía que investigue si estos vehículos fueron utilizados para trasladar dinero o bienes de origen dudoso durante la campaña.
Reacciones de la campaña y de las redes sociales
Tras la publicación de la noticia, las reacciones no se hicieron esperar. En Facebook, usuarios que apoyan a Sánchez publicaron mensajes como: «Diga lo que digan los peruanos honestos y trabajadores queremos un cambio. Todos con el Dr. Roberto Sánchez. ¡Vamos carajo!» Un comentario que refleja el respaldo incondicional de su base, pero que también evidencia la falta de cuestionamiento sobre los hechos.
Por otro lado, portales como Canal N y El Comercio reseñaron que la oposición política ha aprovechado el escándalo para exigir que Sánchez se pronuncie y aclare si conocía al propietario del vehículo. Hasta el cierre de esta edición, el candidato no ha emitido un comunicado oficial ni ha convocado a una conferencia de prensa para despejar las dudas.
Implicancias legales: ¿lavado de activos y responsabilidad penal?
El abogado penalista James Rodríguez, citado en la cobertura de Canal N, señaló que la Fiscalía podría iniciar una investigación por lavado de activos. El razonamiento es simple: si un vehículo presuntamente adquirido con dinero del narcotráfico es utilizado por un candidato presidencial, se abre la puerta a determinar si hubo conocimiento o negligencia por parte de Sánchez y su equipo.
Además, el artículo 102 de la Ley de Tráfico Ilícito de Drogas en Perú establece sanciones para quienes faciliten bienes o recursos a personas vinculadas al narcotráfico, incluso si no participan directamente en el delito. Si se demuestra que Sánchez o sus colaboradores sabían del origen ilícito del vehículo, podrían enfrentar procesos penales que afectarían no solo su candidatura sino también su libertad.
Por ahora, la Fiscalía no ha anunciado ninguna acción formal, pero el material periodístico ya está en manos de las autoridades. La presión mediática y política podría acelerar una investigación de oficio.
Impacto electoral: ¿puede este escándalo definir la segunda vuelta?
A menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, cualquier noticia negativa tiene un efecto multiplicador en la opinión pública. El voto en Perú suele ser volátil, y los indecisos representan un porcentaje significativo del electorado. El vínculo de Sánchez con un vehículo de un narcotraficante puede ser usado por sus adversarios para erosionar su imagen de «candidato honesto y trabajador».
Analistas políticos consultados por Infobae consideran que este hecho refuerza la percepción de que la política peruana sigue manchada por la corrupción y los nexos con el crimen organizado. Sin embargo, también advierten que el impacto dependerá de la habilidad comunicativa del candidato para desmarcarse del hecho y presentar pruebas de que actuó de buena fe. Si Sánchez logra demostrar que alquiló el vehículo a través de un tercero sin conocer los antecedentes del propietario, podría mitigar el daño. De lo contrario, el escándalo podría costarle la Presidencia.
Una campaña bajo la sombra de la droga
Lo ocurrido con Roberto Sánchez y la camioneta de Miller Kelvin Claudio Martel no es un accidente ni una anécdota menor. Es la constatación de que la lucha contra el narcotráfico en Perú sigue siendo un desafío que cruza todos los ámbitos, incluso el electoral. El candidato de Juntos por el Perú, hasta ahora enfocado en promesas de cambio y transparencia, debe rendir cuentas ante la ciudadanía y ante la justicia.
La investigación periodística ha destapado un vínculo que exige respuestas claras: ¿por qué un presidenciable utiliza un vehículo de un detenido por droga? ¿Qué otros vehículos y personas en su entorno podrían tener vínculos ilícitos? La ciudadanía merece saber la verdad antes de depositar su voto. En un país donde el narcotráfico ha corrompido a instituciones enteras, la transparencia de los candidatos no es un lujo, sino una necesidad democrática.
