Millones sin rendir cuentas: la comisión de Chancay y el silencio de Sánchez
Mientras el megapuerto de Chancay avanza como una de las obras de infraestructura más relevantes del país, la comisión del Congreso encargada de vigilar su desarrollo acumula gastos y demoras. La Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, presidida por el congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha desembolsado más de 2 millones de soles en poco más de dos años sin presentar aún un informe final de su gestión. El grupo, que debía entregar resultados en octubre de 2024, solicitó una prórroga que extiende su plazo hasta el 30 de junio de 2026, generando cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia de su labor.
Gastos millonarios y plazos vencidos: ¿en qué se ha ido el presupuesto?
Según información revelada por El Comercio y replicada por diversos medios, la comisión que preside Roberto Sánchez ha superado los dos millones de soles en gastos operativos. Estos fondos, provenientes del presupuesto del Congreso, se han utilizado para viáticos, contratación de personal, asesorías técnicas y actividades relacionadas con el seguimiento del megapuerto. Sin embargo, a la fecha no existe un documento oficial que detalle de manera desagregada cómo se ha invertido cada sol.
El desembolso resulta especialmente llamativo si se considera que la comisión no ha producido el informe final que debía presentar en octubre de 2024. La solicitud de prórroga hasta mediados de 2026 ha sido interpretada por sectores de la oposición y la sociedad civil como un intento de dilatar la rendición de cuentas en un año electoral. La comisión está integrada por parlamentarios de distintas bancadas, pero la presidencia de Sánchez concentra la responsabilidad sobre los plazos y la gestión presupuestal.
Vínculos con Mincetur y militantes de Juntos por el Perú
Una arista que ha generado controversia es la composición del personal contratado por la comisión. Diversos trabajadores que han prestado servicios para este grupo parlamentario provienen del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o son afiliados de Juntos por el Perú, el partido del congresista Sánchez. Esta situación ha sido denunciada como un posible uso de recursos públicos para el fortalecimiento partidario, especialmente en plena campaña electoral.
La presencia de exfuncionarios del Mincetur no es casual, ya que el megapuerto de Chancay tiene una fuerte vinculación con la promoción del comercio exterior y las inversiones. Sin embargo, que varios de estos trabajadores militen en el mismo partido que preside la comisión levanta sospechas de clientelismo y falta de independencia técnica. Hasta el momento, ni Sánchez ni la Mesa Directiva del Congreso han emitido un pronunciamiento oficial que aclare estos vínculos.
La promesa incumplida: el informe final que el país espera
La comisión especial fue creada con el objetivo de realizar un seguimiento detallado al megapuerto de Chancay, un proyecto que se perfila como un polo logístico clave para el comercio entre Asia y Sudamérica. Se esperaba que el informe final incluyera recomendaciones sobre inversiones complementarias, impactos ambientales, beneficios sociales y riesgos geopolíticos. Sin embargo, el retraso en la entrega pone en duda la capacidad del Congreso para fiscalizar una obra de esta envergadura.
En redes sociales, como en la publicación de Instagram de El Comercio del 31 de mayo de 2026, ciudadanos y expertos expresaron su frustración ante la falta de resultados. Comentarios como «mientras el país espera recomendaciones clave, los congresistas gastan millones sin entregar nada» reflejan el malestar ciudadano. La comisión, en lugar de ser un órgano de control, parece haberse convertido en un gasto superfluo en un contexto de restricción fiscal y urgencia por impulsar la obra.
Elecciones 2026: el factor electoral detrás de la prórroga
No es casual que la prórroga solicitada por Sánchez extienda el plazo hasta el 30 de junio de 2026. En esa fecha, el país ya habrá celebrado la primera vuelta electoral y estará a días de la segunda vuelta presidencial, donde Sánchez figura como candidato de Juntos por el Perú. La coincidencia temporal ha sido señalada por analistas políticos como un mecanismo para evitar que la comisión emita un informe que pueda perjudicar su campaña.
El uso de la comisión como plataforma política no es un hecho aislado. Desde su creación, Sánchez ha utilizado las sesiones y las visitas técnicas al puerto para aparecer en medios y redes sociales promocionando su gestión. El gasto de más de 2 millones de soles, sin resultados concretos, se suma a otras denuncias por uso de recursos públicos con fines electorales. La Contraloría General de la República y la Fiscalía han recibido pedidos de investigación, pero hasta el momento no se han iniciado procesos formales.
Voces críticas: falta de transparencia y control parlamentario
Diversos congresistas de otras bancadas han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los fondos. Algunos han solicitado que la comisión rinda cuentas de manera periódica y que se auditen los gastos realizados. El excontralor general, en declaraciones a medios, señaló que «un gasto de esta magnitud sin un informe final constituye una mala práctica de gestión pública».
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanos al Día y el Instituto de Defensa Legal han solicitado que se publique en el portal de transparencia del Congreso la relación de todos los contratos, viajes y adquisiciones realizadas por la comisión. Hasta la fecha, la información disponible es fragmentaria y se limita a lo que los medios han podido recopilar mediante solicitudes de acceso a la información. La opacidad que rodea a esta comisión contrasta con la relevancia estratégica del megapuerto de Chancay para el desarrollo del país.
«Mientras el país espera recomendaciones clave sobre el megapuerto de Chancay, la comisión que preside Roberto Sánchez ha gastado más de 2 millones de soles y no presenta informe final», publicó El Comercio en sus plataformas digitales.
¿Qué pasará con el megapuerto si la comisión no entrega resultados?
El megapuerto de Chancay avanza en su construcción, pero la falta de un informe de seguimiento legislativo deja sin respaldo técnico a las decisiones que deben tomar el Ejecutivo y los gobiernos locales. La inversión china, los nuevos accesos viales y ferroviarios, y las regulaciones ambientales requieren de un monitoreo constante que la comisión especial debería haber proporcionado.
Ante la prórroga extendida, el Gobierno ha señalado que continuará con los planes operativos de la obra independientemente de las dilaciones del Congreso. Sin embargo, la ausencia de un documento de recomendaciones legislativas podría debilitar la capacidad de negociación del Perú frente a los inversionistas extranjeros y retrasar la implementación de medidas complementarias necesarias para maximizar el impacto económico del puerto. La comisión de Sánchez, lejos de ser un apoyo, se ha convertido en un obstáculo burocrático.
Conclusión: una comisión sin rumbo y un país que espera respuestas
La comisión especial presidida por Roberto Sánchez representa un caso paradigmático de uso ineficiente de los recursos públicos: más de dos millones de soles gastados, más de dos años de trabajo sin un informe final, y una prórroga que se extiende hasta después de las elecciones presidenciales. Los vínculos con funcionarios del Mincetur y militantes de Juntos por el Perú añaden un manto de sospecha sobre el verdadero propósito del grupo parlamentario. Mientras el megapuerto de Chancay sigue adelante, el Congreso demuestra una vez más su incapacidad para fiscalizar con seriedad y transparencia. El país merece respuestas claras y rendición de cuentas, no dilaciones disfrazadas de seguimiento técnico. La ciudadanía exige que se auditen estos gastos y que la comisión cumpla con su mandato antes de que el puerto esté operando sin el control legislativo que requiere.
