Gremios del Sur Alertan sobre Seis Acciones Violentas en Mayo y Rechazan Desescalamiento de Medidas de Seguridad
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la macrozona sur de Chile, los gremios agrícolas y forestales se reunieron en la sede de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) en Temuco para realizar un balance crítico de la situación. Durante el mes de mayo se registraron seis acciones violentas, que incluyeron atentados incendiarios y ataques armados en comunas como Contulmo, Collipulli, Ercilla, Victoria, Curacautín y Lautaro. Los representantes del sector, liderados por Patricio Santibáñez, presidente de SOFO, manifestaron su rechazo ante un eventual desescalamiento del Estado de Excepción vigente, exigiendo respuestas concretas del Estado para proteger sus actividades y a las comunidades afectadas.
Un Mayo Marcado por la Violencia en la Macrozona Sur
El informe estadístico presentado durante la reunión en SOFO detalla que mayo fue un mes particularmente crítico para la seguridad en la macrozona sur. De las seis acciones violentas registradas, la mayoría correspondió a atentados incendiarios contra maquinaria forestal y predios agrícolas, además de ataques armados contra personal de seguridad y trabajadores. Las comunas de Contulmo, Collipulli, Ercilla, Victoria, Curacautín y Lautaro fueron los focos principales de estos hechos, lo que evidencia una dispersión del conflicto que abarca tanto la Región del Biobío como La Araucanía.
Los gremios denuncian que esta violencia no solo afecta la producción y la inversión, sino que también genera un clima de miedo permanente entre los trabajadores rurales. Según datos del informe, la frecuencia de los ataques se ha mantenido estable en lo que va del año, pero su intensidad ha aumentado, con el uso de artefactos explosivos y armamento de mayor poder. Ante este panorama, las organizaciones exigen una presencia continua de las fuerzas de seguridad y una revisión de las estrategias preventivas.
Rechazo Firme al Desescalamiento del Estado de Excepción
Uno de los puntos centrales de la reunión fue el rechazo categórico a un eventual desescalamiento del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, vigente en algunas comunas de La Araucanía y Biobío. Los dirigentes gremiales advierten que cualquier disminución de las medidas especiales, como el despliegue de militares en apoyo a Carabineros, dejaría desprotegidos a los sectores más vulnerables. “Bajar la guardia ahora sería un grave error que costaría vidas y millones en pérdidas”, señaló Patricio Santibáñez durante la cita, según reportaron medios locales como Cooperativa y Radio Bío Bío.
La postura de los gremios se alinea con la de otros actores regionales que han solicitado mantener, e incluso reforzar, las facultades otorgadas a las FF.AA. para combatir el terrorismo y la violencia rural. En ese sentido, los dirigentes recordaron que el Estado de Excepción ha permitido reducir ciertos índices de atentados, pero que la tendencia de mayo demuestra que el problema dista de estar resuelto. “No podemos confiarnos; cada vez que se habla de desescalar, los ataques se reactivan”, agregaron.
Demandas Concretas: Reparación a Víctimas y Apoyo Financiero
Más allá de la seguridad operativa, los gremios pusieron sobre la mesa demandas estructurales que han sido discutidas en reuniones previas con autoridades. Uno de los ejemplos más recientes fue el encuentro de Agricultores Unidos con el Delegado Presidencial de La Araucanía, donde se solicitó avanzar en una ley de reparación integral para víctimas de atentados. Esta normativa incluiría medidas como el congelamiento de deudas, la reestructuración de créditos y compensaciones económicas para quienes hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus bienes.
Los agricultores argumentan que, sin un acompañamiento financiero adecuado, quienes son atacados quedan en una situación de vulnerabilidad extrema, sin posibilidad de recuperar sus medios de vida.
“No basta con patrullajes; necesitamos que el Estado nos respalde cuando el daño ya está hecho. Una ley de reparación es una deuda histórica”
, señalaron voceros del sector. Además, se pidió mayor agilidad en la entrega de compensaciones por parte del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
Raíces Históricas de la Violencia en la Macrozona Sur
Para comprender la complejidad del escenario actual, es necesario retomar los antecedentes documentados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN). Según un informe de 2022, los primeros incidentes violentos en la denominada macrozona sur se centraron en atentados incendiarios, ataques armados, robos con violencia, desórdenes públicos y robo de madera. A lo largo de los años, estos hechos se han agravado, derivando en un conflicto que involucra reivindicaciones territoriales mapuche, crimen organizado y disputas por recursos naturales.
El informe del BCN señala que las comunas donde ocurrieron los atentados de mayo son, precisamente, aquellas con mayor historial de conflictos. La falta de diálogo efectivo y la ausencia de políticas públicas integrales han permitido que la violencia se cronifique. Los gremios reconocen que la seguridad es solo una parte del problema, pero advierten que sin orden público es imposible avanzar en soluciones de fondo. “No podemos sentarnos a dialogar mientras nos queman las cosechas y nos disparan”, sostienen.
La Posición de las Autoridades y el Rol del Gobierno
Frente a la presión gremial, el Gobierno ha mantenido una postura cautelosa. En reuniones recientes, como la sostenida con Agricultores Unidos, el Delegado Presidencial de La Araucanía ha escuchado las demandas, pero sin comprometerse a un mantenimiento indefinido del Estado de Excepción. Las autoridades argumentan que se deben evaluar periódicamente las condiciones de seguridad y que la prioridad es buscar una solución política y social a largo plazo.
No obstante, los gremios consideran que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. Señalan que la presencia militar es reactiva y no preventiva, y que los procesos judiciales contra los responsables de los atentados son lentos. Además, exigen que se tipifique el delito de terrorismo en la macrozona sur, una demanda histórica que ha sido rechazada por sectores políticos y de derechos humanos. “Necesitamos que el Estado actúe con la misma fuerza que lo haría contra cualquier organización criminal”, recalcaron los dirigentes.
Un Futuro Incierto: Entre el Diálogo y la Mano Dura
La reunión en SOFO dejó en claro que la macrozona sur sigue siendo un polvorín. Los seis atentados de mayo, sumados a la negativa de los gremios a aceptar un desescalamiento, configuran un escenario de tensión constante. Las organizaciones agrícolas y forestales han anunciado que mantendrán su lobby ante las autoridades nacionales y regionales, buscando que el tema de la seguridad se convierta en una prioridad presupuestaria y legislativa.
Mientras tanto, los trabajadores y pequeños agricultores continúan operando bajo riesgo. Algunos han optado por reforzar sus propias medidas de seguridad privada, mientras que otros han paralizado sus faenas, lo que impacta en la economía local y en la cadena de suministro de alimentos y madera. El diálogo con las comunidades mapuche, aunque necesario, se ve obstaculizado por los hechos de violencia. “No hay diálogo posible cuando una de las partes está armada”, sentencian los dirigentes.
Conclusión: La Seguridad como Eje Indispensable para el Desarrollo Regional
El balance de seguridad presentado por los gremios agrícolas y forestales en Temuco revela una realidad alarmante: seis acciones violentas en un solo mes, con comunas históricamente afectadas como epicentro. Frente a ello, los actores del sector han dejado claro que no aceptarán un retroceso en las medidas excepcionales que protegen sus vidas y medios de subsistencia. La ley de reparación para víctimas, el congelamiento de deudas y el refuerzo del Estado de Excepción son las principales demandas que deberán ser atendidas por las autoridades.
Más allá de las diferencias políticas, la macrozona sur necesita una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo económico y diálogo intercultural. La violencia no puede normalizarse, y los gremios han asumido un rol de fiscalización y presión que obliga al Estado a actuar. El camino será largo, pero el primer paso es no ceder ante la impunidad. Tal como lo expresaron los dirigentes en la sede de SOFO, la paz y la seguridad son condiciones previas para cualquier conversación sobre el futuro del campo chileno.
