El debate revive: Boric pide fin a embargos del CAE y Pardo responde con datos de morosidad
La controversia en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto a instalarse en el centro del debate político chileno. Luego de que el expresidente Gabriel Boric llamara a terminar con los embargos a los deudores de este crédito, la respuesta del diputado Luis Pardo (RN) no se hizo esperar. En una entrevista en Cooperativa, el parlamentario apuntó directamente a las promesas de condonación realizadas durante el mandato de Boric como un factor clave en el alza de la morosidad. Este cruce de declaraciones revela las profundas diferencias entre quienes defienden una solución más blanda para los deudores y quienes advierten sobre los riesgos fiscales y legales de debilitar los mecanismos de cobro. A continuación, analizamos los argumentos de cada sector, la normativa vigente y las consecuencias concretas de esta pugna política.
El llamado de Boric y el respaldo del oficialismo
La declaración del expresidente Gabriel Boric, difundida inicialmente a través de sus redes sociales y replicada en medios como Instagram, fue clara: deben terminar los embargos a los deudores del CAE. Para el exmandatario, la herramienta del embargo representa una medida desproporcionada que castiga a miles de familias que, por diversas razones, no han podido saldar sus compromisos educativos. Boric, quien durante su campaña y gestión promovió la idea de una condonación masiva, insistió en que el Estado debe buscar alternativas menos gravosas para recuperar los recursos.
Este planteamiento encontró eco inmediato en sectores del oficialismo. Varios parlamentarios de la centroizquierda señalaron que la promesa de condonación no puede quedar en el papel y que es necesario avanzar en una reforma estructural al sistema de créditos universitarios. La postura de Boric, aunque ya no ejerce el cargo, sigue marcando la agenda política, especialmente entre los jóvenes endeudados que esperaban una solución definitiva a sus problemas financieros.
La respuesta de Luis Pardo: morosidad se duplicó tras anuncios de condonación
En el programa El Primer Café de Cooperativa, el diputado Luis Pardo (RN) contraatacó con datos concretos: «la morosidad se duplicó» luego de que Boric anunciara sus intenciones de condonar el CAE. Según el parlamentario, las expectativas generadas entre los deudores provocaron que muchos dejaran de pagar sus cuotas, confiando en que el Estado eventualmente perdonaría la deuda. Este comportamiento, advirtió Pardo, ha generado un grave perjuicio a las arcas fiscales y a la sostenibilidad del sistema.
La declaración de Pardo se apoya en informes de la Tesorería General de la República y en datos de morosidad que habrían aumentado significativamente desde 2022. Para el diputado, la promesa de condonación fue irresponsable porque «generó un incentivo perverso: dejar de pagar para esperar un perdón que nunca llegó». Esta situación, agregó, termina perjudicando a los propios deudores, que acumulan intereses y multas, y a los nuevos estudiantes que necesitan acceder al crédito.
Una norma «invasiva» que sigue vigente: el rol de la Tesorería
Pardo también se refirió a la normativa que permite los embargos. En sus palabras: «esa norma siempre me ha hecho ruido, creo que es invasiva. Sin embargo, esa es la norma vigente y son los recursos, los medios que tiene la Tesorería General de la República para cobrar». El diputado reconoció que el mecanismo del embargo puede ser cuestionable desde el punto de vista de los derechos de los deudores, pero enfatizó que mientras no se modifique la ley, la Tesorería está obligada a aplicarlo.
Este punto es clave para entender la complejidad del debate. La Tesorería General de la República actúa como brazo ejecutor del cobro de las deudas del CAE, un crédito que fue otorgado por bancos comerciales con garantía estatal. Cuando un deudor cae en morosidad prolongada, la Tesorería puede embargar bienes, cuentas bancarias o incluso parte del sueldo. Para muchos defensores de los deudores, esta práctica es excesiva; para los defensores de la disciplina fiscal, es el único mecanismo efectivo para recuperar los fondos públicos comprometidos.
Las críticas del oficialismo y la acusación constitucional frustrada
En respuesta a las declaraciones de Pardo, sectores del oficialismo redoblaron sus críticas hacia la gestión de las deudas del CAE. El debate ha escalado tanto que incluso se mencionó la posibilidad de una acusación constitucional contra el expresidente Boric, aunque el propio Pardo reconoció en otra entrevista que «el anuncio de acusación contra Boric muestra desorden en Chile Vamos» y que personalmente consideraba que esa medida era «un error».
Este episodio revela las tensiones internas en la oposición. Mientras algunos sectores más duros buscan responsabilizar a Boric por el aumento de la morosidad, otros como Pardo prefieren centrarse en las consecuencias concretas de sus políticas. El oficialismo, por su parte, insiste en que la solución pasa por una reforma integral al CAE, que incluya condonaciones parciales, mejores condiciones de pago y un fondo solidario que evite nuevas deudas impagables.
Impacto en los deudores y la economía familiar
Detrás de las disputas políticas hay miles de chilenos que viven en carne propia la angustia de una deuda educativa. Según estimaciones, más de 300.000 personas mantienen deudas morosas del CAE, muchas de ellas con montos que superan los 20 millones de pesos. Los embargos, cuando se ejecutan, afectan directamente la economía familiar: cuentas bancarias bloqueadas, descuentos forzosos en las remuneraciones e incluso la imposibilidad de acceder a nuevos créditos.
La incertidumbre generada por las promesas de condonación ha creado una situación de «tierra de nadie». Algunos deudores dejaron de pagar esperando una solución política que no llegó, mientras otros siguen pagando con esfuerzo, sintiéndose discriminados. Expertos en finanzas públicas advierten que una condonación masiva sin contrapartida podría costar al Estado más de 6 mil millones de dólares, un monto difícil de sostener en el actual escenario fiscal.
Posibles caminos de solución entre la condonación y la cobranza
Frente a esta encrucijada, han surgido diversas propuestas para resolver el problema del CAE de manera equilibrada. Una de las más mencionadas es la creación de un nuevo sistema de financiamiento universitario que reemplace al CAE, basado en un fondo solidario con aportes del Estado y de los empleadores. También se ha planteado la posibilidad de una condonación parcial y focalizada para los deudores de menores ingresos, combinada con planes de pago flexibles para el resto.
Sin embargo, cualquier solución requiere voluntad política y acuerdos transversales. Mientras tanto, la Tesorería sigue aplicando la ley vigente, y los embargos continúan siendo una realidad para muchos deudores. El llamado de Boric a terminar con esta práctica ha reabierto el debate, pero sin una reforma legal concreta, sus palabras quedan en el plano de la declaración política. La pregunta que queda en el aire es si el nuevo gobierno y el Congreso estarán dispuestos a abordar de frente una de las herencias más complejas del sistema educativo chileno.
“La morosidad se duplicó luego de que Boric anunciara sus intenciones de condonar el CAE. Eso generó un incentivo perverso: dejar de pagar para esperar un perdón que nunca llegó”. — Diputado Luis Pardo (RN) en Cooperativa
Conclusión: entre la promesa política y la realidad fiscal
El cruce entre el llamado de Gabriel Boric a terminar con los embargos del CAE y la respuesta de Luis Pardo, que vincula ese anuncio con el alza de la morosidad, refleja la persistente tensión entre la compasión hacia los deudores y la necesidad de mantener la disciplina fiscal. Mientras el oficialismo insiste en que la condonación es una deuda de justicia social, la oposición advierte sobre el peligro de crear incentivos que multipliquen los impagos. La normativa actual, calificada de «invasiva» por el propio Pardo, sigue siendo la herramienta legal de cobro, y la Tesorería no puede dejar de aplicarla sin un cambio legislativo. El debate dejó en evidencia que, más allá de las posiciones políticas, se necesita una reforma integral que ofrezca soluciones definitivas a los miles de estudiantes endeudados, sin poner en riesgo las finanzas del Estado. Solo un acuerdo amplio podrá cerrar esta herida que lleva años abierta en la educación superior chilena.
