Propaganda electoral desbordada: una tradición que infringe normas y pone en riesgo a la ciudad
Con cada proceso electoral, las calles de Lima y otras ciudades del Perú se transforman en un mosaico de propaganda política que, lejos de ser inocuo, evidencia un masivo incumplimiento de las reglas. Un reciente recorrido de verificación realizado por el diario El Comercio confirmó que la mayoría de agrupaciones políticas infringen sistemáticamente las normas dictadas tanto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como por las municipalidades distritales. Esta práctica, que ya parece una «tradición» cíclica cada cinco años, va más allá de la simple contaminación visual, generando desorden, riesgos para la seguridad de los transeúntes y una clara distorsión de la competencia electoral en el espacio público.
La constatación en las calles: un paisaje de irregularidades
La investigación periodística evidenció una realidad repetida en numerosos distritos. La colocación de carteles, pancartas y gigantografías se realiza sin ningún respeto por las dimensiones permitidas, los espacios autorizados o los plazos establecidos. Se observó propaganda en postes de alumbrado público, árboles, muros públicos y hasta en señalizaciones de tránsito, lugares expresamente prohibidos por la normativa del JNE y los reglamentos municipales.
Este despliegue anárquico no es espontáneo, sino el resultado de una estrategia calculada por parte de las organizaciones políticas. Al saturar el espacio público, buscan ganar visibilidad a cualquier costo, asumiendo que las sanciones, de aplicarse, son menores o tardías comparadas con el beneficio de la exposición masiva. El reporte señala que esta práctica es tan común que se ha normalizado, haciendo que la ciudadanía espere, con frustración, esta invasión visual en cada campaña.
Normas claras, cumplimiento difuso: lo que dice la ley
El marco regulatorio para la propaganda electoral exterior es preciso. El JNE establece lineamientos nacionales que prohíben fijar propaganda en bienes de uso público, monumentos, árboles, parques y cruces de calles. Complementariamente, cada municipalidad tiene la potestad de regular, a través de ordenanzas, los espacios habilitados (como «paredones» autorizados), los tamaños máximos y los periodos permitidos para la instalación y remoción de la propaganda.
La infracción a estas normas constituye una falta electoral que puede ser sancionada con multas económicas e, incluso, con la orden de suspensión de la propaganda irregular. Sin embargo, como comprobó el recorrido, la existencia de la norma no garantiza su cumplimiento. La debilidad en la fiscalización in situ y la lentitud de los procesos sancionadores parecen crear un ambiente de impunidad que los partidos aprovechan, priorizando su interés particular sobre el orden cívico.
Más allá de lo visual: riesgos para la seguridad ciudadana
El impacto de esta propaganda ilegal trasciende lo estético. Como advierte el titular de la investigación, existe un riesgo físico concreto para los transeúntes. La instalación precaria de estructuras grandes y pesadas, especialmente en postes y columnas, representa un peligro de desprendimiento, particularmente en época de vientos o lloviznas. Además, la proliferación de carteles en semáforos y señales de tránsito puede obstruir la visibilidad de conductores y peatones, aumentando el potencial de accidentes de tránsito.
La acumulación de estos materiales, muchos de los cuales son plásticos o lona, también puede convertirse en un foco de insalubridad o incluso de riesgo de incendio. El problema, por tanto, se convierte en una cuestión de seguridad pública y gestión de riesgos, donde la acción negligente de los partidos políticos contribuye a generar un entorno urbano más hostil e inseguro.
La responsabilidad compartida: JNE, municipios y partidos políticos
Ante este escenario, la responsabilidad es múltiple. En primer lugar, recae sobre las propias agrupaciones políticas, que demuestran una cultura de desacato a la ley y una falta de respeto por el espacio común. Deben internalizar que competir limpiamente incluye respetar las reglas de la propaganda, so pena de deslegitimarse ante la ciudadanía que exige ética.
En segundo lugar, los municipios, como autoridades fiscalizadoras inmediatas del espacio público, tienen el deber de actuar con celeridad y firmeza. Esto implica no solo emitir ordenanzas, sino destinar recursos humanos y logísticos para realizar supervisiones constantes y proceder al retiro inmediato del material irregular, cobrando los costos a los infractores. Finalmente, el JNE, como ente rector, debe fortalecer sus mecanismos de supervisión y asegurar que las sanciones sean ejemplarizadoras y oportunas, para que no sean percibidas como un mero «costo operativo» por los partidos.
El costo de la impunidad: distorsión electoral y desconfianza
La permisividad frente a estas infracciones genera distorsiones profundas en el proceso democrático. Los candidatos y partidos con mayores recursos financieros o con menor escrúpulo pueden inundar las ciudades con propaganda ilegal, obteniendo una ventaja injusta sobre aquellas organizaciones que sí deciden acatar las reglas. Esto viola el principio de igualdad de condiciones en la contienda.
Además, esta práctica alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y el sistema político en su conjunto. Cuando la población observa que las reglas se infringen descaradamente sin consecuencias efectivas, se refuerza la percepción de que la ley es débil y que existe un sistema de privilegios para quienes están en campaña. Como se menciona en las fuentes de la investigación, esto se ha convertido en una
«tradición, cada cinco años»
que normaliza la transgresión, minando la cultura de legalidad.
Hacia una solución: mayor fiscalización y cultura de cumplimiento
Romper este ciclo pernicioso requiere acciones concretas y coordinadas. Es urgente que los organismos electorales y las municipalidades establezcan protocolos de fiscalización conjunta y en tiempo real, utilizando incluso tecnología (como georreferenciación) para identificar y documentar las infracciones de manera ágil. Las multas deben ser progresivas y de un monto significativo que realmente disuada la conducta irregular.
Paralelamente, se necesita fomentar una cultura de cumplimiento desde los propios partidos políticos, internalizando que el respeto al espacio público es parte de su credibilidad. La ciudadanía, por su parte, puede y debe denunciar estos excesos a través de los canales habilitados. Solo con una responsabilidad compartida y una autoridad firme se podrá cambiar esta «tradición» negativa por una de orden, respeto y competencia electoral limpia en el espacio que es de todos.
Conclusión: un llamado al orden en la contienda pública
La saturación de propaganda electoral irregular es un síntoma de un problema más profundo: la persistencia de una cultura política que antepone la visibilidad inmediata al cumplimiento de la ley y al bienestar ciudadano. Como se ha documentado, este fenómeno recurrente no solo contamina visualmente nuestras ciudades, sino que genera riesgos tangibles para la seguridad y distorsiona la igualdad en la competencia política. La solución pasa por una acción más enérgica y coordinada de los entes fiscalizadores –JNE y municipalidades– y, fundamentalmente, por un compromiso genuino de los partidos políticos con el juego democrático limpio. Hasta que esto no suceda, cada proceso electoral estará marcado por esta invasión desordenada que, lejos de promover la democracia, la debilita ante los ojos de una ciudadanía cada vez más exigente y descreída de las promesas que se exhiben en cada esquina.
