El Congreso de Perú ha dado un paso controversial al ampliar la vigencia de la ley que regula los taxis colectivos, una medida que reactiva el debate entre la formalización del transporte y la seguridad vial. En diciembre de 2024, la Comisión de Transportes del Parlamento aprobó por mayoría extender los plazos de la Ley N° 31096, permitiendo que este servicio continúe operando bajo un régimen especial hasta el 24 de diciembre de 2031. Esta decisión, que otorga una prórroga de cuatro años adicionales, ha sido catalogada por diversos sectores como un riesgo para la integridad de los usuarios y un obstáculo para la modernización del caótico sistema de transporte urbano. Este artículo analiza los detalles, antecedentes y fuertes críticas de una norma que sigue generando polarización.
Ampliación de la vigencia: luz verde hasta 2031
La Comisión de Transportes del Congreso peruano dio luz verde, a finales del 2024, a la ampliación de la vigencia de la Ley 31096. Según medios como Canal N y Perú 21, la norma original, que tenía un plazo límite, fue extendida para permitir la formalización de los taxis colectivos por un periodo adicional de cuatro años, llevando su vigencia hasta fines del 2031. Esta prórroga se aprobó por mayoría en la comisión, allanando el camino para su implementación a pesar de la oposición de expertos en transporte.
La decisión parlamentaria busca, en teoría, dar continuidad a un proceso de formalización que comenzó con la ley promulgada en el 2020. Sin embargo, esta ampliación se produce en un contexto donde el servicio de taxis colectivos no ha logrado cumplir a cabalidad con todos los requisitos técnicos y de seguridad establecidos inicialmente. La medida, por tanto, es vista como un parche que perpetúa una situación de informalidad regulada, en lugar de impulsar una solución definitiva.
La Ley 31096: origen y objetivo de formalización
La Ley N° 31096 fue promulgada en el año 2020 con el objetivo principal de formalizar el servicio de taxi colectivo, un modo de transporte masivo de pasajeros muy arraigado pero históricamente informal en Perú. Su creación respondía a la necesidad de regular las unidades que realizan rutas preestablecidas, imponiéndoles requisitos como la revisión técnica vehicular, seguros obligatorios y la obtención de una autorización de operación.
La norma nació como un intento por integrar a estos conductores a la economía formal, mejorando las condiciones para los usuarios. No obstante, desde su concepción, la ley fue objeto de cuestionamientos por parte de autoridades sectoriales y defensores de la seguridad vial, quienes argumentaban que muchos vehículos utilizados son antiguos y no cumplen con estándares modernos de seguridad. La ampliación reciente evidencia que, a pesar del tiempo transcurrido, los objetivos iniciales distan de estar completamente cumplidos.
Cuestionamientos centrales: el debate sobre la seguridad vial
El principal argumento en contra de la ampliación, como señala El Comercio y gestion.pe, es que atenta contra la seguridad vial. Los críticos sostienen que prolongar la vigencia de una ley que ampara vehículos en mal estado o inadecuados pone en riesgo la vida de miles de pasajeros que usan este servicio a diario. Se considera un retroceso en la lucha por reducir los altos índices de accidentes de tránsito en el país.
Los cuestionamientos no solo son técnicos, sino también de política pública. Expertos señalan que, en lugar de extender plazos, el Estado debería promover la renovación de la flota con vehículos seguros y la migración a sistemas de transporte integrado. La medida aprobada por el Congreso parece priorizar la permanencia de un servicio económico y de alta demanda, pero lo hace a costa de postergar una modernización urgente y necesaria para proteger a los ciudadanos.
Impacto en el sistema de transporte y la economía informal
La ampliación tiene un impacto directo en la configuración del sistema de transporte público limeño y de otras ciudades. Los taxis colectivos son un eslabón clave para la movilidad de sectores populares, ofreciendo tarifas bajas y cobertura en rutas no siempre servidas por buses formales. Su formalización prolongada puede interpretarse como un reconocimiento a su rol social, pero también como una barrera para la entrada de operadores más organizados y con mejores estándares.
Económicamente, la medida afecta a miles de conductores y propietarios de vehículos que dependen de esta actividad. Para ellos, la prórroga significa más años de trabajo bajo un marco legal que, aunque imperfecto, les brinda cierta estabilidad. Sin embargo, también perpetúa una economía de subsistencia alrededor de un parque vehicular obsoleto, desincentivando la inversión en renovación y mejoras sustanciales del servicio.
Reacciones y el debate político en torno a la norma
La aprobación de la ampliación no ha pasado desapercibida en el ámbito político y mediático. Diversos congresistas opositores a la medida han manifestado su desacuerdo, calificándola como una “contrarreforma” al transporte. En redes sociales y columnas de opinión, la decisión ha sido tildada de cortoplacista y de ceder ante presiones de gremios de transportistas sin considerar el interés general en materia de seguridad.
Por otro lado, los sectores que apoyan la prórroga alegan que es una medida necesaria para no dejar en la indefensión a miles de trabajadores del volante y a sus familias, especialmente en un contexto económico difícil. Este enfrentamiento refleja la clásica disyuntiva entre la formalización ideal y la realidad social compleja, donde cualquier transición brusca puede generar crisis mayores.
El futuro incierto: ¿hacia la modernización o el estancamiento?
Con la vigencia extendida hasta 2031, se abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro real del transporte colectivo en Perú. La norma posterga, pero no resuelve, el desafío de integrar este servicio a un sistema moderno, seguro y eficiente. Los próximos años serán cruciales para ver si las autoridades utilizan este plazo para diseñar e implementar políticas de renovación de flota y capacitación, o si simplemente se consolida un status quo riesgoso.
La experiencia internacional muestra que la formalización de transportes informales requiere planes integrales con incentivos para la renovación tecnológica y la asociatividad. La ampliación de la Ley 31096 será un acierto solo si se convierte en el puente hacia esa transformación, y no en una simple prórroga que perpetúe las deficiencias. La presión de la ciudadanía y los organismos técnicos será fundamental para que esto no ocurra.
En conclusión, la ampliación de la vigencia de la Ley 31096 para taxis colectivos hasta 2031 es una medida de doble filo. Por un lado, reconoce la importancia social de un servicio masivo y otorga un respiro a miles de conductores. Por otro, representa un riesgo palpable para la seguridad vial y un freno a la modernización del transporte público peruano. El debate subraya la tensión permanente entre la urgencia por ordenar un sector históricamente caótico y las realidades socioeconómicas que hacen compleja cualquier transición abrupta. El verdadero desafío para el Estado en los próximos años será utilizar este plazo adicional no para dormirse en los laureles, sino para ejecutar las reformas estructurales que garanticen, al fin, un transporte seguro, formal y digno para todos.
