Caso ANDIS: Juez Lijo avala 29 nuevas indagatorias para desentrañar la ruta del dinero y las coimas

La Justicia profundiza la investigación por corrupción en ANDIS con nuevas indagatorias

El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) toma un nuevo y significativo impulso judicial. El juez federal Ariel Lijo, recientemente designado al frente de la causa, ha avalado el pedido del fiscal Franco Picardi para volver a indagar al exinterventor Diego Spagnuolo y a una amplia lista de imputados. La investigación, que ya destapó un escándalo de millonarias compras irregulares, ahora se enfoca en desentrañar una compleja «ruta del dinero» que incluiría supuestas coimas y un circuito de negocios espurios en la adquisición de tecnología médica de alto costo. Este desarrollo marca un punto de inflexión, prometiendo ampliar el alcance de lo investigado y acercarse a los posibles beneficiarios finales de los fondos públicos desviados.

Un cambio de juez y un nuevo rumbo para la causa

La designación del juez Ariel Lijo al frente de la causa ANDIS no fue un mero trámite administrativo. Su llegada implicó la reactivación de una investigación que requiere decisiones de peso. Según información periodística, se esperaba que este lunes o martes el magistrado afinaría los trámites para oficializar su aval a las nuevas medidas solicitadas por el Ministerio Público. Lijo hereda un expediente voluminoso y de alto impacto político, y su primera resolución de calado ha sido precisamente habilitar una nueva ronda de indagatorias, lo que demuestra la intención de no dejar cabos sueltos y profundizar en los hallazgos.

La toma de control por parte de Lijo otorga una nueva dinámica al proceso. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez encontraron en el juez un respaldo crucial para avanzar en lo que consideran líneas de investigación pendientes. Esta sinergia entre el juzgado y la fiscalía es fundamental para sortear las posibles dilaciones y complejidades que presenta un caso que involucra a exfuncionarios, empresarios y una maraña de operaciones financieras que se busca esclarecer.

El pedido del fiscal Picardi: 29 nuevas indagatorias sobre la mesa

El motor de este nuevo impulso es el pedido concreto formulado por el fiscal Franco Picardi. La solicitud, detallada en medios como Infobae, es ambiciosa: ampliar la declaración indagatoria de 29 personas. Entre los principales nombres se encuentra, nuevamente, Diego Spagnuolo, el exinterventor de la agencia que ya está procesado. Pero la lista se extiende mucho más allá, incluyendo a su exjefe de Gabinete, Miguel Ángel Calvete, y a más de veinte exfuncionarios y empresarios del sector de la tecnología médica.

Este pedido masivo de indagatorias no es arbitrario. Según los fiscales, nace a partir de «un nuevo hallazgo de la investigación», como reportó Perfil, que les permitió profundizar en una línea específica sobre el destino de los fondos. La justicia ya no solo mira las sobrefacturaciones en las compras, sino que sigue el rastro del dinero una vez que salió de las arcas del Estado, buscando identificar quiénes recibieron los supuestos sobornos y cómo se distribuían las ganancias de este sistema corrupto.

La «ruta del dinero»: el corazón de la nueva pesquisa

El concepto que define esta fase es la «ruta del dinero». Los investigadores han reunido elementos que les permitirían trazar el camino que habrían seguido los millones de pesos de sobreprecio pagados por ANDIS. La hipótesis es que existió un circuito de coimas estructurado, donde una parte del dinero volvía a los funcionarios intervinientes a través de distintos mecanismos y testaferros.

Los fiscales le pidieron al juez Lijo 29 nuevas indagatorias, a partir de la profundización en una línea de investigación sobre un presunto circuito de coimas y compras indebidas de material médico de tecnología de alto costo.

Este enfoque en el flujo financiero es lo que diferencia esta etapa de las anteriores. No se trata solo de probar que se compró caro, sino de demostrar que ese sobrecosto tenía una razón de ser ilícita: el enriquecimiento personal de una red de actores. Descifrar esta ruta es clave para individualizar responsabilidades y elevar la gravedad de las imputaciones, posiblemente hacia la asociación ilícita.

Los imputados: de Spagnuolo a una red de empresarios

Si bien Diego Spagnuolo sigue siendo la figura central y de mayor exposición pública, la investigación apunta a una red mucho más amplia. El pedido de indagatorias alcanza, según La Izquierda Diario, a 27 personas entre funcionarios y empresarios. Esto evidencia que los fiscales están reconstruyendo toda la cadena del supuesto delito: desde quienes autorizaban las compras dentro del organismo, hasta los empresarios que supuestamente ofrecían las coimas y presentaban las cotizaciones amañadas.

La inclusión de numerosos representantes de empresas del rubro médico sugiere que la investigación avanza sobre la hipótesis de un modus operandi sistemático. No se trataría de hechos aislados, sino de una práctica extendida para acceder a contratos millonarios con el Estado. La nueva ronda de declaraciones buscará confrontar a estos actores con las pruebas recabadas, especialmente las financieras, para quebrar posibles versiones encubridoras y develar los acuerdos al interior de la presunta asociación ilícita.

Los montos siderales: negocios espurios por 75 mil millones

La dimensión económica del caso ANDIS es abrumadora y justifica la profundización de la investigación. Medios como Perfil han hablado de «negocios espurios por 75 mil millones» de pesos. Esta cifra astronómica se refiere al volumen total de las contrataciones bajo sospecha durante la gestión de Spagnuolo, no necesariamente al monto desviado, que también sería millonario.

Estas operaciones se centraban en la adquisición de tecnología de alta complejidad, como sillas de ruedas especializadas, bastones inteligentes y otros insumos para personas con discapacidad. Productos cuyo alto costo unitario facilitaba, según la investigación, camuflar sobreprecios significativos. La magnitud de los fondos públicos involucrados convierte al caso no solo en un grave delito de corrupción, sino en un desvío de recursos que debían destinarse a una de las poblaciones más vulnerables, agravando aún más el carácter de las actuaciones bajo investigación.

Impacto político y contexto judicial nacional

El avance del caso ANDIS ocurre en un contexto judicial y político sumamente sensible. Como señalan algunas fuentes, estos desarrollos se dan «en paralelo al escándalo Adorni», otra causa de corrupción que conmociona al país. Esta simultaneidad pone en evidencia la vigencia de graves investigaciones por enriquecimiento ilícito en el Estado y alimenta el debate público sobre los mecanismos de control.

La decisión del juez Lijo de avalar las nuevas indagatorias envía una señal clara sobre la independencia judicial y la continuidad de las pesquisas, más allá de los cambios en la titularidad del juzgado. Para el gobierno actual y las instituciones, el caso representa una prueba de fuego en la lucha contra la corrupción heredada de administraciones anteriores. El seguimiento ciudadano y mediático es alto, presionando por resultados concretos y condenas que recuperen, al menos en parte, la confianza en la capacidad del sistema para sancionar a los responsables de desfalcos de semejante envergadura.

Conclusión: Un paso decisivo hacia el esclarecimiento total

La validación por parte del juez Ariel Lijo del pedido fiscal para realizar 29 nuevas indagatorias marca un punto de no retorno en la investigación del caso ANDIS. La causa ha evolucionado desde el descubrimiento de compras sobrefacturadas hacia la ardua tarea de develar una sofisticada «ruta del dinero» y una red de supuestas coimas. Con Spagnuolo aún en el centro, pero con el foco ampliado hacia una veintena de funcionarios y empresarios, la Justicia busca ahora reconstruir los pactos ilícitos que habrían desviado miles de millones de pesos. El compromiso del nuevo juez y la fiscalía sugiere que se avanza hacia la instancia crucial de individualizar responsabilidades y determinar el destino final de los fondos, en un caso que ya es emblemático por su impacto económico y su traición a un sector social particularmente vulnerable.