La Contraloría expone fallas críticas: ONPE y el caso Gálaga bajo la lupa
Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia graves deficiencias en la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El organismo de control señala que la entidad electoral no ha sido proactiva para solucionar las observaciones formuladas durante el proceso de entrega del material electoral, operación que estuvo a cargo de la empresa Servicios Generales Gálaga. Este caso, que ya generaba indignación pública por denuncias de mesas sin material, traslados fallidos y caos logístico, encuentra ahora un respaldo documental oficial que cuestiona los procedimientos de contratación y supervisión de la ONPE, tocando un nervio sensible de la confianza en nuestros procesos democráticos.
El dictamen contundente de la Contraloría
La Contraloría no solo ha identificado problemas aislados, sino un patrón de inacción por parte de la ONPE. En sus conclusiones, el organismo señala que la entidad no adoptó medidas correctivas efectivas frente a las observaciones hechas durante la distribución. Como lo reportó el diario Expreso, este informe oficial viene a respaldar lo que miles de ciudadanos, miembros de mesa y personeros vivieron en carne propia durante los comicios.
Luis Castillo, vocero de la Contraloría, detalló en una entrevista para Latina Noticias aspectos cruciales de la investigación, incluyendo la planificación de las rutas de reparto. Castillo indicó que se está analizando si la ONPE diseñó «malas rutas» que contribuyeron al fracaso logístico, una hipótesis que explicaría por qué tantos locales de votación no recibieron a tiempo los paquetes electorales esenciales para el desarrollo de la jornada.
Gálaga: Una empresa con un historial cuestionable
El contrato adjudicado a Servicios Generales Gálaga es el epicentro de la polémica. La investigación de la Contraloría y reportes de prensa revelan un perfil empresarial alarmante. Según ATV, la empresa acumula 64 mil soles en multas y, pese a ello, ha obtenido al menos 25 contratos con el Estado. Este dato por sí solo plantea serias dudas sobre los criterios de evaluación de proveedores utilizados por la ONPE.
Pero los hallazgos son aún más concretos. El Comercio, en una investigación detallada, descubrió que Gálaga utilizó camionetas sin registrar y contrató a choferes con multas graves de tránsito para una misión de altísima sensibilidad y puntualidad. Esta falta de control en los aspectos más básicos de la operación (vehículos y conductores) refleja una supervisión laxa o inexistente por parte de la entidad contratante.
Las fallas logísticas que comprometieron las elecciones
Las consecuencias de esta cadena de negligencias no fueron teóricas, sino que se materializaron en un caos tangible el día de las elecciones. Videos y testimonios ciudadanos, como los recogidos en el reportaje de YouTube «¿No llevaron material electoral y ahora desaparecen?», muestran la desesperación en muchos centros de votación donde el material simplemente no llegó, obligando a postergar la apertura de mesas y generando justificado malestar en la ciudadanía.
Estas fallas logísticas no fueron incidentes menores. Atentaron contra el principio de igualdad del voto, ya que electores en zonas afectadas enfrentaron obstáculos que otros no sufrieron. Además, pusieron bajo una presión innecesaria a los miembros de mesa, quienes debieron esperar horas sin claridad, socavando la solemnidad y el orden que debe rodear todo proceso electoral.
La responsabilidad de la ONPE: ¿Mera contratación o supervisión activa?
Más allá de los errores del proveedor, el informe de la Contraloría apunta directamente a la responsabilidad institucional de la ONPE. La ley exige que las entidades públicas no solo contraten, sino que ejerzan una vigilancia estricta sobre la ejecución de los servicios, especialmente uno tan crítico. La ONPE parece haber incumplido este deber al no verificar el estado legal de los vehículos, los antecedentes de los conductores y al no tener un plan de contingencia robusto ante las primeras señales de alarma.
Lo que fue denunciado por miles de ciudadanos, miembros de mesa, personeros y electores afectados, hoy tiene respaldo documental oficial.
Esta pasividad, calificada como falta de proactividad, sugiere un grave problema en los protocolos internos de la entidad. La pregunta que flota en el ambiente es si se trató de simple incompetencia o si existen mecanismos de control tan débiles que permiten que empresas con historiales problemáticos sigan siendo contratadas para tareas de Estado.
Impacto en la confianza democrática y los llamados a rendir cuentas
El daño más profundo de este caso no se mide en soles, sino en confianza institucional erosionada. Cada falla logística es interpretada por la ciudadanía como una grieta en la seriedad del organismo que debe garantizar elecciones limpias y eficientes. La Contraloría, al hacer público su informe, cumple un rol esencial de transparentar estos hechos y presionar para que no queden impunes.
Los llamados a que la ONPE rinda explicaciones son cada vez más fuertes. La ciudadanía y los medios de comunicación exigen conocer qué sanciones se aplicarán, tanto a la empresa Gálaga por incumplir su contrato, como a los funcionarios de la ONPE que permitieron que esta situación llegara a ocurrir. La rendición de cuentas es el primer paso indispensable para intentar recuperar la credibilidad perdida.
Lecciones urgentes para futuros procesos electorales
Este episodio debe servir como una lección de altísimo costo para la administración electoral peruana. Es imperativo revisar y fortalecer los procesos de:
- Selección de proveedores: Implementar filtros más rigurosos que descarten a empresas con multas o historiales de incumplimiento en servicios críticos.
- Supervisión en tiempo real: Establecer sistemas de monitoreo satelital y reporte constante durante la distribución del material.
- Planes de contingencia: Contar con protocolos de acción inmediata, con proveedores de respaldo, ante cualquier falla en la logística principal.
- Transparencia proactiva: Comunicar de manera clara y oportuna cualquier contratiempo a la ciudadanía y a los actores políticos.
La democracia se sostiene sobre la fe pública en la equidad y eficiencia de sus elecciones. Garantizar que el material electoral llegue a cada rincón del país a la hora exacta es una tarea operativa, pero también un imperativo democrático. El caso ONPE-Gálaga, documentado por la Contraloría, muestra que hoy ese imperativo está en riesgo y exige una corrección de rumbo inmediata y contundente.
El informe de la Contraloría ha puesto sobre la mesa evidencias incontrovertibles de las fallas en la cadena logística electoral, responsabilizando a la ONPE por su falta de acción y revelando el perfil cuestionable de la empresa Gálaga. Más allá de las multas y las sanciones administrativas que puedan derivarse, el verdadero desafío es restaurar la confianza ciudadana. Los próximos procesos electorales serán la prueba de fuego para determinar si la ONPE ha aprendido la lección y es capaz de ejecutar una logística impecable, transparente y que ponga por delante el derecho fundamental de todos los peruanos a votar en condiciones de igualdad y normalidad.
