La polémica oferta: una recompensa por información interna
En un hecho sin precedentes en la política peruana reciente, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha ofrecido una recompensa económica a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El objetivo declarado es que estos empleados públicos le entreguen información que sustente sus denuncias de presuntas irregularidades en los comicios generales del 12 de abril. Esta medida, anunciada públicamente, ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones legales, éticas y para la institucionalidad democrática, generando más polarización en un contexto electoral ya de por sí tenso.
El anuncio y el monto de la controversia
Según reportaron medios como RPP y El Comercio, López Aliaga ofreció una recompensa que podría ascender hasta los 20,000 soles por información sensible. El candidato dirigió esta oferta específicamente a «trabajadores de base» de los organismos electorales, instándoles a revelar lo que él califica como «posibles irregularidades, fraude o sabotaje» que, según su narrativa, habrían beneficiado a sus adversarios. Este anuncio no fue aislado, sino la culminación de una retórica que, como señalan las fuentes, había instaurado el supuesto fraude entre sus seguidores desde días previos a la votación.
La estrategia de López Aliaga se basa en la premisa de que existe información oculta al interior de los organismos electorales. Al proponer un incentivo económico sustancial, busca alentar filtraciones que validen públicamente sus afirmaciones. Sin embargo, esta táctica pone en una posición delicada a los funcionarios públicos, cuya obligación es la neutralidad y la confidencialidad, y transforma una acusación política en una posible transacción económica.
La línea roja legal: ¿cohecho o legítima denuncia?
El aspecto quizás más crítico de esta polémica radica en su encuadre legal. Diversos juristas y expertos consultados por medios como Infobae han advertido que la sola promesa de pago a funcionarios públicos en ejercicio de su cargo puede configurar el delito de cohecho activo genérico, tipificado en el artículo 393 del Código Penal peruano. Este delito se sanciona con pena privativa de libertad, incluso si la entrega del dinero o el favor no se concretan.
La figura del cohecho se produce cuando se induce a un funcionario a realizar un acto contrario a sus deberes. En este caso, se argumenta que pedir a un miembro del JNE o de la ONPE que filtre información confidencial, a cambio de dinero, constituye precisamente esa inducción. La defensa de López Aliaga podría basarse en la protección a denunciantes, pero los expertos distinguen claramente: un canal formal y anónimo de denuncia es muy diferente a una oferta pública de recompensa dirigida a subvertir la cadena de custodia y confidencialidad de los procesos electorales.
Reacciones institucionales y el riesgo a la credibilidad electoral
Hasta el momento, tanto el JNE como la ONPE han mantenido sus protocolos oficiales, instando a que cualquier denuncia sea presentada a través de los canales formales establecidos por la ley. La oferta de recompensa, sin embargo, representa un desafío directo a su autoridad y una erosión de la confianza pública. Al sugerir que la «verdad» solo puede obtenerse mediante sobornos, se socava la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso.
Esta narrativa se alimenta y amplifica en ciertos sectores de las redes sociales, como se observa en publicaciones de cuentas como n60.pe en Instagram, que con titulares sensacionalistas preguntaban «¿Se viene el fraude?» antes incluso de los comicios. Este ecosistema mediático crea un caldo de cultivo donde la desinformación y la sospecha generalizada hacia los árbitros electorales pueden minar la aceptación de los resultados finales, sin importar cuán limpios hayan sido.
El contexto político: una estrategia de deslegitimación
Analistas políticos ven en esta movida una estrategia calculada de deslegitimación anticipada. Al plantar la semilla del fraude y ofrecer recompensas por «probarlo», López Aliaga se prepara un terreno narrativo para dos escenarios posibles: una eventual victoria, que sería presentada como un triunfo pese al «sistema», o una derrota, que sería inmediatamente atribuida a la manipulación y el sabotaje que dice estar investigando. Esta estrategia no es nueva a nivel global, pero su ejecución mediante una oferta monetaria explícita a funcionarios es un escalamiento significativo en el contexto peruano.
La táctica también moviliza a la base electoral del candidato, alimentando una percepción de persecución y lucha contra un sistema corrupto. No obstante, el costo para la democracia es alto, ya que sustituye el debate de propuestas por la promoción de teorías conspirativas y ataca directamente los pilares del Estado de Derecho que permiten la alternancia pacífica en el poder.
El dilema ético para los funcionarios y la ciudadanía
Más allá de lo legal, existe un profundo dilema ético. Los funcionarios electorales, muchos de ellos técnicos y profesionales de carrera, se ven sometidos a una presión indebida. Por un lado, está su deber y juramento de impartialidad y reserva; por otro, la tentación de una suma de dinero considerable y la presión de un discurso político poderoso que los señala como encubridores si no actúan. Esta situación crea un ambiente laboral hostil y puede afectar la moral y la operatividad de los organismos electorales.
Para la ciudadanía, el mensaje es peligroso: normaliza la idea de que la transparencia se compra, no se exige a través de los mecanismos de control ya existentes. En lugar de fortalecer la fe en los sistemas de auditoría y observación electoral, promueve una solución individual y mercantilizada a una inquietud colectiva sobre la limpieza de los comicios, lo que a la larga debilita la cultura democrática.
Conclusión: Un precedente peligroso para la democracia peruana
La oferta de recompensa de Rafael López Aliaga a funcionarios del JNE y la ONPE trasciende la mera anécdota política para convertirse en un precedente alarmante. Como han señalado expertos legales, la acción raya en la posible comisión de un delito de cohecho, al incentivar económicamente a servidores públicos para que violen sus deberes. Políticamente, es una táctica de deslegitimación anticipada que erosiona la credibilidad de las instituciones electorales y envenena el ambiente político con acusaciones infundadas que se alimentan en el ecosistema de redes sociales.
El verdadero perjudicado, más allá de cualquier actor político en particular, es el sistema democrático peruano. Cuando la confianza en los árbitros electorales se quiebra por estrategias de este tipo, se abre la puerta a la inestabilidad y al conflicto postelectoral. La solución a las dudas sobre un proceso electoral no puede pasar por la compra de filtraciones, sino por el estricto uso de los recursos de impugnación y verificación que la propia ley electoral provee, garantizando que sean las pruebas jurídicas, no las económicas, las que prevalezcan.
