La Ley de Extinción de Dominio en la mira: ¿Un retroceso en la lucha contra la corrupción?
El Congreso peruano se apresta a debatir nuevas modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, una herramienta clave para recuperar activos obtenidos ilícitamente, especialmente de la minería ilegal y la corrupción. Sin embargo, la Procuraduría de Extinción de Dominio ha lanzado una alerta contundente: los cambios pretenden “revivir” procesos con sentencia firme y legitimar el uso de patrimonio vinculado a delitos. La Fiscalía, por su parte, señala que la propuesta carece de sustento técnico. Este artículo analiza a fondo el proyecto, sus implicancias y los riesgos que supone para el sistema de justicia peruano.
¿Qué es la extinción de dominio y por qué es una herramienta clave?
La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado apropiarse de bienes y activos cuyo origen no puede ser justificado por su poseedor, sin necesidad de una condena penal previa. A diferencia del decomiso tradicional, este proceso es autónomo y se centra en la naturaleza ilícita del patrimonio, no en la culpabilidad penal de una persona. En Perú, esta ley ha sido fundamental para debilitar las finanzas de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción.
Desde su implementación, la Procuraduría de Extinción de Dominio ha recuperado cientos de millones de soles en bienes inmuebles, vehículos, maquinaria pesada y cuentas bancarias. Estos recursos, una vez extinguidos, son destinados a programas sociales y de desarrollo. Sin embargo, la efectividad de la ley siempre ha estado sujeta a tensiones políticas y a intentos de debilitarla, especialmente cuando los investigados o beneficiados tienen vínculos con el poder.
Las modificaciones que propone el Congreso
De acuerdo con información publicada por El Comercio, el dictamen impulsado por las bancadas de Perú Libre y Podemos busca introducir cambios sustanciales en la Ley de Extinción de Dominio. La propuesta más polémica es aquella que permitiría “revivir” procesos ya cerrados con sentencia firme. Es decir, personas o empresas que perdieron bienes por decisión judicial firme podrían solicitar la revisión de esos casos, abriendo la puerta a una eventual devolución de activos.
Además, se plantea modificar los plazos y requisitos para iniciar un proceso de extinción, así como limitar la facultad de la Procuraduría para actuar de oficio. Los legisladores a favor argumentan que se busca corregir “excesos” y garantizar el debido proceso. Sin embargo, los críticos señalan que estas modificaciones desnaturalizan la esencia de la ley, que precisamente se basa en la presunción de ilicitud ante la falta de justificación del origen del patrimonio.
“La propuesta carece de sustento técnico y podría generar un retroceso en la lucha contra el crimen organizado”, advirtió la Fiscalía.
Alerta de la Procuraduría: “revivir” procesos con sentencia firme
La Procuraduría de Extinción de Dominio ha sido tajante en su pronunciamiento: las modificaciones pretenden “revivir” procesos con sentencia firme y legitimar el uso de patrimonio proveniente de la minería ilegal o la corrupción. En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial y recogido por medios como El Comercio, la entidad señaló que esto atenta contra la seguridad jurídica y la cosa juzgada, principios fundamentales del derecho.
Según los procuradores, permitir la reapertura de casos ya cerrados crearía un precedente peligroso. “Si un bien fue extinguido legalmente tras un proceso riguroso, no debería existir la posibilidad de revertirlo años después, salvo que se demuestre una vulneración grave al debido proceso. Pero la propuesta actual no establece filtros claros y podría beneficiar a quienes usaron la minería ilegal para acumular riqueza”, explicaron fuentes de la Procuraduría.
Este peligro no es teórico. En los últimos años, diversas organizaciones criminales han intentado judicialmente recuperar bienes mediante argumentos formales, y estas modificaciones les darían una ventana legal que ya habían perdido.
La postura de la Fiscalía: falta de sustento técnico
La Fiscalía de la Nación también se ha manifestado en contra de los cambios. En declaraciones recogidas por la investigación web, el Ministerio Público señaló que el dictamen “carece de sustento técnico”. Los fiscales especializados en extinción de dominio advierten que las modificaciones no responden a un diagnóstico real de los problemas de la ley, sino a intereses particulares de ciertos grupos políticos y económicos.
Desde la Fiscalía se recuerda que la ley actual ya contempla mecanismos de revisión cuando se acreditan vicios en el proceso. Lo que se propone ahora es una suerte de “amnistía patrimonial” que permitiría a quienes perdieron bienes por actividades ilícitas recuperarlos sin mayores exigencias probatorias. “Esto no es técnica legislativa, es un retroceso”, afirmaron funcionarios fiscales en conversaciones con la prensa.
Además, la Fiscalía ha cuestionado la celeridad con la que se está tramitando el proyecto en el Congreso, especialmente por la ausencia de un debate amplio con expertos y la sociedad civil. La falta de un informe técnico del Poder Judicial y de la Procuraduría es otro punto que genera suspicacias sobre la transparencia del proceso.
¿A quiénes beneficiarían estos cambios?
El análisis de las fuentes periodísticas, como El Comercio, sugiere que los principales beneficiados serían personas vinculadas a la minería ilegal y a casos de corrupción de alto perfil. Los nombres de Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre) y José Luna (de Podemos) han sido mencionados en el debate público como posibles promotores de estas modificaciones, aunque ambos partidos lo niegan.
La minería ilegal es una de las actividades delictivas que más activos ha perdido por extinción de dominio. Empresarios y cabecillas de estas redes han visto cómo sus lujosas propiedades, maquinaria y vehículos eran confiscados. Si la ley se flexibiliza, muchos de ellos podrían solicitar la revisión de sus casos y argumentar que los bienes fueron adquiridos de forma lícita, una tarea que sería casi imposible de desmentir después de años de archivado de pruebas.
Asimismo, funcionarios corruptos que ya fueron sentenciados y perdieron sus bienes podrían intentar recuperarlos. Esto socavaría los esfuerzos anticorrupción y desalentaría a los fiscales y procuradores que han trabajado durante años en estos procesos.
“Revivir procesos con sentencia firme es un golpe a la lucha contra la criminalidad organizada”, enfatizó la Procuraduría.
Implicancias legales y el riesgo de inconstitucionalidad
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta genera serias dudas sobre su constitucionalidad. Permitir la reapertura de procesos fenecidos podría vulnerar el principio de cosa juzgada, consagrado en la Constitución peruana y en tratados internacionales de derechos humanos. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, y esto se extiende también a los bienes.
Especialistas en derecho procesal han señalado que, si el Congreso aprueba estas modificaciones, es muy probable que sean impugnadas ante el Tribunal Constitucional. La Procuraduría y la Fiscalía ya han anunciado que evaluarán acciones legales. “No solo es un mal proyecto de ley, es inconstitucional”, afirmó un abogado constitucionalista consultado por El Comercio.
Además, la comunidad internacional podría cuestionar el compromiso del Perú en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. Organismos como la OCDE y GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) han recomendado fortalecer los mecanismos de extinción de dominio, no debilitarlos. Aprobar estos cambios podría poner en riesgo la cooperación internacional y la asistencia técnica que recibe el país.
Conclusión: Un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado
Las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que impulsa el Congreso representan una amenaza real al sistema de justicia peruano. La Procuraduría y la Fiscalía han coincidido en que la propuesta carece de sustento técnico y podría permitir que activos vinculados a la minería ilegal y la corrupción sean legitimados y devueltos a sus antiguos dueños. Revivir procesos con sentencia firme atenta contra la seguridad jurídica y desestimula décadas de esfuerzos anticorrupción. Es urgente que el Congreso escuche las advertencias de las instituciones especializadas y desista de aprobar un proyecto que beneficia a quienes han enriquecido al país con el crimen. La ciudadanía debe estar atenta y exigir transparencia, pues lo que está en juego es la capacidad del Estado para recuperar lo que le fue robado. La lucha contra la impunidad no puede retroceder.
