El origen de la controversia: la compra de la casa en Exaltación de la Cruz
La adquisición de una propiedad en un barrio privado de Exaltación de la Cruz se ha convertido en el epicentro de una investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. Según la documentación obrante en la causa, la operación se cerró por un valor total de 120 mil dólares. De ese monto, 100 mil dólares provinieron de un préstamo en efectivo gestionado por la escribana Adriana Nechevenko y otorgado por Graciela Molina y su hija Victoria Cancio. Los restantes 20 mil dólares fueron aportados directamente por el matrimonio Adorni-Angeletti.
Este esquema de financiamiento, con un préstamo informal de una suma tan elevada en efectivo, despertó las alertas de la Fiscalía, que investiga un posible delito de enriquecimiento ilícito. La operación, lejos de ser un simple acto privado, quedó bajo la lupa cuando la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) levantó el secreto fiscal de Adorni, revelando movimientos financieros que no se correspondían con los ingresos declarados por el funcionario.
El rol clave de la escribana Adriana Nechevenko
La escribana Adriana Mónica Nechevenko fue la profesional que certificó todas las operaciones inmobiliarias vinculadas al caso. Su declaración ante la Justicia resultó determinante para entender la mecánica del préstamo. En su testimonio, Nechevenko explicó que los 100 mil dólares no fueron un préstamo convencional, sino que se entregaron en efectivo como parte de un acuerdo entre privados, y que ella se limitó a intermediar entre las partes y a instrumentar la escritura.
Fuentes judiciales confirmaron que la escribana declaró que «con ese dinero, Bettina Angeletti fue al Banco Galicia y realizó un depósito de 100.000 dólares». Este movimiento bancario, de ejecutarse tal cual se relata, permitiría trazar una línea de transparencia sobre el origen de los fondos. Sin embargo, la investigación también apunta a que la escribana habría gestionado préstamos por al menos 80 mil dólares entre su propio patrimonio y otros recursos, lo que añade una capa de complejidad al caso.
El levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni
Uno de los hitos procesales más relevantes fue la decisión de ARBA de levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete. Esta medida permitió a los fiscales acceder a las declaraciones juradas de Adorni y contrastarlas con los movimientos detectados en el expediente. Según informó el diario Clarín, la investigación surgió a partir de una denuncia que cuestionaba la capacidad de Adorni para afrontar la compra de la propiedad con fondos propios, dado que la cifra de 120 mil dólares excedía holgadamente sus ingresos declarados como funcionario público.
Los registros fiscales revelaron que, mientras Adorni declaraba un patrimonio moderado, la operación inmobiliaria se cerraba con un fuerte componente de efectivo, sin que mediara un crédito hipotecario o bancario formal. Esta contradicción fue el detonante para que la Fiscalía profundizara las pesquisas, citando a declarar a todos los intervinientes, incluidos los prestamistas privados y la escribana interviniente.
Los prestamistas: Graciela Molina y Victoria Cancio
Las figuras de Graciela Molina y su hija Victoria Cancio aparecen como las prestamistas que aportaron los 100 mil dólares en efectivo. Según la declaración de la escribana, el préstamo se formalizó sin garantías hipotecarias ni contratos de mutuo convencionales, lo que resultó llamativo para los investigadores. La pregunta central que intenta responder la Justicia es por qué dos particulares prestarían una suma tan elevada a un matrimonio con ingresos limitados y sin un respaldo documental robusto.
En su exposición, Nechevenko afirmó que las prestamistas eran «amigas de la familia» y que el dinero provenía de ahorros personales. No obstante, la Fiscalía evalúa si existió algún vínculo previo con Adorni o con su entorno político que pudiera explicar la operación. Mientras tanto, Molina y Cancio no han hecho declaraciones públicas, aunque fuentes judiciales indican que serán citadas en las próximas semanas para brindar su versión de los hechos.
La mecánica del pago: del efectivo al depósito bancario
Uno de los puntos más controvertidos del caso es el recorrido del dinero. Según la escribana, una vez recibidos los 100 mil dólares en efectivo de manos de Molina y Cancio, la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, se dirigió al Banco Galicia y efectuó un depósito por el mismo monto. Este movimiento, de confirmarse, demostraría un intento de bancarizar la operación. Sin embargo, los investigadores se preguntan por qué no se hizo el pago directamente al vendedor mediante transferencia o cheque, lo que habría evitado cualquier sospecha.
El análisis de los movimientos bancarios de Angeletti, que forma parte del expediente, muestra que el depósito se realizó días antes de la firma de la escritura. En paralelo, el matrimonio Adorni aportó 20 mil dólares adicionales, también en efectivo, para completar el precio de 120 mil. La suma de estos dos flujos –100 mil depositados y 20 mil en mano– permitió cerrar la compra de la propiedad en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. La falta de un crédito formal y la intervención de una escribana con vínculos personales con las partes han generado dudas que la Justicia intenta disipar.
Implicancias legales y el avance de la causa de enriquecimiento ilícito
La causa, caratulada como presunto enriquecimiento ilícito, es instruida por el fiscal Gerardo, quien ya ha ordenado una serie de medidas de prueba. Además de las declaraciones de la escribana y de los prestamistas, se han solicitado informes bancarios y registros de operaciones cambiarias para determinar si existió algún delito previo de lavado de dinero o evasión fiscal. El artículo publicado por Los Andes destaca que Nechevenko sostuvo que «no hubo un préstamo» en los términos tradicionales, sino una «ayuda económica» para la compra, lo que podría modificar la calificación penal del hecho.
El entorno político de Adorni ha intentado minimizar el escándalo, señalando que la operación fue legal y que todas las partes declararon los montos correspondientes ante los organismos de control. No obstante, el levantamiento del secreto fiscal por parte de ARBA y la cobertura mediática del caso han puesto al funcionario en una posición delicada. Se espera que en las próximas semanas el fiscal Gerardo defina si eleva la causa a juicio o archiva el expediente por falta de elementos probatorios.
Conclusión: una operación bajo la lupa que redefine el debate sobre la transparencia
La compra de la casa en Exaltación de la Cruz, financiada en un 83% con un préstamo en efectivo de 100 mil dólares gestionado por la escribana Adriana Nechevenko, se ha convertido en un símbolo de las grietas entre el patrimonio declarado de los funcionarios públicos y sus movimientos financieros reales. El levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y las declaraciones de los intervinientes han expuesto un entramado de prestamistas informales, depósitos bancarios y sumas que no se corresponden con los ingresos formales del matrimonio.
Lejos de cerrarse, la investigación promete nuevos capítulos a medida que se profundicen las indagaciones sobre el origen de los fondos de Graciela Molina y Victoria Cancio, y sobre el rol de la escribana como facilitadora del préstamo. Este caso, más allá de la suerte judicial de Adorni, plantea preguntas esenciales sobre la regulación de las transacciones inmobiliarias en efectivo y la necesidad de controles más estrictos para prevenir el enriquecimiento ilícito. La resolución de la Fiscalía será clave para determinar si se trata de una operación irregular o de una simple falta de previsión documental.
