La Carretera Central recupera espacio: demolición de 20 predios para ampliar la vía
En un operativo que ha generado controversia, la Municipalidad de Lima ejecutó la demolición de 20 predios que obstruían la vía pública en la Carretera Central, en el distrito de Ate. La medida busca ampliar los carriles de una de las arterias más congestionadas de la capital, mejorando la fluidez del tránsito. Sin embargo, las familias afectadas denuncian que no recibieron aviso previo, mientras la comuna sostiene que la notificación se realizó en enero. Este artículo analiza los antecedentes de la ocupación, los pormenores del desalojo, las posturas enfrentadas y las implicancias para la movilidad y el tejido social de la zona.
Una ocupación de dos décadas en la vía pública
Los terrenos demolidos no eran viviendas recién instaladas. Según reportes de El Comercio, la zona se ocupó de manera irregular por más de 20 años. Durante ese tiempo, las familias construyeron sus hogares, pequeños negocios y talleres sobre lo que originalmente era parte de la berma lateral de la Carretera Central. La falta de títulos de propiedad y la tolerancia municipal durante años crearon una situación de hecho que ahora el Estado busca revertir.
La ocupación se extendió a lo largo de varios kilómetros, formando un cordón de construcciones precarias que reducían el ancho disponible para el tránsito vehicular. La Municipalidad de Lima califica estos predios como «bloqueadores de la vía pública», y argumenta que su permanencia impedía cualquier proyecto de ampliación vial. Las imágenes difundidas por ATV Noticias muestran cómo las edificaciones estaban adosadas literalmente al asfalto, sin veredas ni retiro municipal.
El operativo de demolición: maquinaria pesada contra castillos de naipes
La madrugada del operativo, equipos de la Municipalidad de Lima, apoyados por la Policía Nacional, iniciaron el derribo de los 20 inmuebles.
«Los muros caen como castillos, el brazo de una maquinaria pesada derrumba los predios que durante veinte años ocuparon parte de la carretera»,
describió un reportaje de ATV.pe. La escena, difundida en redes sociales, muestra el impacto visual de las excavadoras golpeando techos de calamina y paredes de ladrillo.
Los vecinos que aún no habían abandonado sus casas fueron desalojados de manera forzosa. Algunos intentaron rescatar muebles y pertenencias mientras la maquinaria avanzaba. La operación duró varias horas y dejó un rastro de escombros sobre la berma liberada. La municipalidad aseguró que el operativo se realizó sin incidentes mayores, aunque los afectados denunciaron violencia y falta de diálogo.
Las familias afectadas: «No recibimos ninguna notificación»
Uno de los puntos más álgidos de la controversia es la comunicación previa. Las familias afectadas niegan categóricamente haber sido notificadas. En declaraciones a ATV Noticias, varios residentes afirmaron que se enteraron del desalojo por los medios de comunicación o al ver llegar la maquinaria.
«No nos avisaron, nunca llegó un papel. Nos enteramos cuando ya estaban tirando las casas»,
declaró una mujer que perdió su vivienda y su taller de costura.
La falta de preaviso ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y defensores de la vivienda. Muchas de estas familias llevaban dos décadas en el lugar, pagando impuestos municipales y servicios básicos. Aunque su ocupación era ilegal, el arraigo y la inversión realizada les daban una expectativa legítima de ser tratados con mayor sensibilidad. La Asociación de Pobladores de la zona ha anunciado que recurrirá a instancias judiciales para exigir una indemnización.
La versión municipal: notificación en enero y advertencias reiteradas
Desde la Municipalidad de Lima, la posición es firme y distinta. El alcalde y los funcionarios responsables aseguran que las notificaciones se entregaron en enero de este año, con más de tres meses de anticipación. Según la comuna, se les informó a los ocupantes sobre la necesidad de desalojar el terreno por razones de seguridad vial y orden urbano.
«Se les advirtió en repetidas ocasiones. No es una decisión repentina, es parte de un plan de recuperación de la vía pública»,
señaló un portavoz municipal en una entrevista a ATV.pe.
La municipalidad también argumenta que la ocupación no solo era ilegal, sino peligrosa para los propios residentes, al estar construidas sobre la berma y sin acceso seguro a peatones. La ampliación de los carriles, sostienen, es una obra prioritaria para descongestionar la Carretera Central, por donde transitan miles de vehículos diarios, incluido el transporte pesado que abastece Lima desde las provincias del centro y oriente del país.
Implicaciones legales y urbanísticas de la ocupación irregular
El caso evidencia las falencias del control urbano en la periferia de Lima. Durante dos décadas, estas construcciones se mantuvieron sin que la autoridad actuara, generando una falsa sensación de seguridad entre los ocupantes. La falta de catastro actualizado y de una política de vivienda social para sectores de bajos recursos permitió que el problema creciera hasta hacerse ingobernable.
Desde el punto de vista legal, la ocupación de la vía pública es una infracción grave que no prescribe. La municipalidad tiene la facultad de recuperar estos espacios sin necesidad de un proceso judicial previo, aunque sí debe cumplir con el debido procedimiento administrativo. Las familias afectadas tendrían derecho a ser reubicadas en programas de vivienda social, pero hasta el momento no se ha anunciado ninguna alternativa habitacional. El desalojo sin alternativa podría derivar en un aumento del hacinamiento en otras zonas informales de Ate o distritos vecinos.
El impacto en la movilidad: una obra necesaria con un costo social
La Carretera Central es una de las vías más críticas de Lima Metropolitana. Conecta la capital con la sierra central y es la principal ruta de acceso para productos agrícolas y mineros. Su congestión diaria genera pérdidas económicas millonarias y contaminación. La ampliación de carriles, liberando los espacios ocupados ilegalmente, permitirá mejorar la velocidad de desplazamiento, reducir accidentes y facilitar el transporte público.
Sin embargo, el costo social de la medida es alto. Las 20 familias desalojadas pierden su vivienda y su medio de sustento. La pregunta que queda en el aire es si la planificación urbana podría haber integrado a estos pobladores mediante una reubicación planificada en vez de una demolición exprés. Mientras los automovilistas celebran la recuperación del espacio vial, los afectados claman por una respuesta humana y justa por parte del Estado.
Conclusión: entre la necesidad vial y el drama humano
La demolición de los 20 predios en la Carretera Central resume una realidad conflictiva: Lima necesita mejorar su infraestructura vial, pero no puede ignorar a las comunidades que durante décadas han ocupado esos espacios. La postura de la municipalidad —notificación previa y legalidad— choca con la versión de las familias, que niegan haber sido informadas. Más allá de la disputa, este caso evidencia la urgente necesidad de una política de ordenamiento territorial que prevenga invasiones futuras y, al mismo tiempo, ofrezca soluciones habitacionales dignas para los más vulnerables. El desafío no es solo técnico, es profundamente social.
