José Domingo Pérez se suma al equipo técnico de Roberto Sánchez: un giro controversial en la campaña electoral
El exfiscal del equipo Lava Jato y actual abogado del expresidente Pedro Castillo, José Domingo Pérez, ha confirmado su incorporación al equipo técnico del candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), de cara a las elecciones de 2026. Este anuncio, recogido por diversos medios como El Comercio y replicado en redes sociales como Facebook y TikTok, marca un hito en la campaña electoral. La noticia no solo reaviva el debate sobre el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, sino que también redefine las alianzas políticas en un contexto de polarización. Pérez, conocido por su rol en la lucha anticorrupción y luego defensor de Castillo, llega al entorno de Sánchez con propuestas de profunda reforma judicial, incluyendo la derogación de las denominadas leyes procrimen. Este artículo analiza los alcances de esta integración, sus implicancias legales y políticas, y el impacto en el escenario electoral peruano.
El perfil de José Domingo Pérez: de fiscal anticorrupción a abogado del “golpista”
José Domingo Pérez ganó notoriedad pública como fiscal del equipo especial Lava Jato, donde lideró investigaciones de alto perfil contra la corrupción política y empresarial. Sin embargo, su trayectoria dio un giro radical cuando asumió la defensa legal de Pedro Castillo, el expresidente sentenciado por el fallido autogolpe de Estado. En declaraciones recogidas por RPP Noticias en TikTok, Pérez ha insistido en que “el 7 de diciembre de 2022 no hubo golpe de Estado”, calificando los hechos como una maniobra orquestada por un “pacto mafioso” que lo habría expulsado de la Fiscalía. Esta postura, que choca con la narrativa oficial y judicial, lo ha convertido en una figura polarizante: para sus críticos es un “defensor del golpismo”; para sus seguidores, un jurista que denuncia una persecución política.
Su paso del Ministerio Público a la defensa legal de Castillo no solo evidencia un cambio de bando, sino que lo sitúa en el centro de una controversia que ahora traslada al plano electoral. Al sumarse al equipo de Roberto Sánchez, Pérez no solo aporta su experiencia jurídica, sino también una narrativa de víctima de un supuesto lawfare o guerra judicial. La confirmación de su rol fue difundida por El Comercio y reproducida en múltiples plataformas, señalando que el exfiscal trabajará en propuestas de reforma judicial y penal.
La agenda técnica de Pérez: prioridad en derogar las leyes procrimen
En su presentación pública, José Domingo Pérez detalló que una de sus primeras prioridades dentro del equipo técnico de Roberto Sánchez será la derogación de las denominadas “leyes procrimen”. Según información compartida en Instagram por cuentas oficiales, Pérez considera que estas normas han sido utilizadas para “criminalizar la protesta social” y para “favorecer la impunidad de ciertos sectores del poder”. El exfiscal sostiene que el sistema de justicia peruano requiere una transformación profunda, que devuelva la independencia judicial y elimine los obstáculos que impiden perseguir “los verdaderos delitos de corrupción”.
La propuesta de derogación de las leyes procrimen no es nueva en la izquierda peruana, pero adquiere un matiz particular al ser impulsada por un exfiscal que en su momento criticó duramente a los gobiernos de Pedro Castillo. En su visión, existe una “persecución selectiva” que habría sido utilizada para desmantelar el Lava Jato y para silenciar a quienes denuncian actos de corrupción desde el propio Estado. Este discurso, recogido en vídeos de Facebook de RPP Noticias, busca conectar con votantes que perciben un sistema judicial capturado por intereses políticos y económicos.
Las implicancias políticas para Roberto Sánchez y Juntos por el Perú
La incorporación de José Domingo Pérez al equipo técnico de Roberto Sánchez representa un movimiento estratégico de cara a las elecciones de 2026. Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, busca ampliar su base de apoyo más allá del tradicional electorado de izquierda, atrayendo a sectores que cuestionan el “lawfare” y que simpatizan con la defensa de Pedro Castillo. La decisión, comunicada oficialmente por el propio Sánchez en redes como Facebook y difundida en portales de provincias, es un guiño directo al entorno castillista y a los sectores que consideran que el expresidente fue víctima de un golpe de Estado judicial.
Sin embargo, esta alianza no está exenta de riesgos. La figura de Pérez sigue siendo muy controvertida: mientras algunos lo ven como un defensor de la legalidad, otros lo acusan de traicionar su propio pasado anticorrupción al defender a quien lideró un intento de disolución del Congreso. Además, el candidato Sánchez deberá sortear las críticas de la oposición y de sectores de la sociedad civil que ven en esta sumatoria una legitimación del fallido autogolpe. La incorporación de Pérez probablemente polarizará aún más la campaña, pero también podría movilizar a un electorado que se siente identificado con la narrativa de persecución política.
Las reacciones en redes sociales y la opinión pública
El anuncio generó una ola de reacciones en plataformas como TikTok y Facebook. El vídeo publicado por RPP Noticias en TikTok, donde Pérez afirma que “no hubo golpe”, acumuló miles de “me gusta” y cientos de comentarios divididos entre quienes aplauden su postura y quienes lo califican de “revisionista histórico”. En Facebook, la publicación de Noticia Jaén reprodujo la noticia con un tono informativo, mientras que en los comentarios se observa una fuerte presencia de usuarios que apoyan la medida y otros que la rechazan por considerarla un “pacto con el golpismo”.
Este debate en las redes refleja una fractura social profunda. Por un lado, están quienes ven en Pérez a un jurista valiente que se enfrentó al sistema; por otro, quienes lo consideran un oportunista que cambió de bando para sobrevivir políticamente. La viralización del contenido, especialmente en TikTok, sugiere que la estrategia de comunicación de Pérez y Sánchez apunta a un público joven y escéptico frente a las instituciones tradicionales. Sin embargo, el eco mediático también puede amplificar las críticas, como se observa en la reacción de sectores que recuerdan que el propio Pérez, como fiscal, persiguió a varios de los ahora aliados de Castillo.
El impacto en el panorama electoral de 2026
Con las elecciones generales de 2026 en el horizonte, la alianza entre Roberto Sánchez y José Domingo Pérez introduce un elemento de incertidumbre. El candidato de Juntos por el Perú busca posicionarse como una alternativa “antisistema” que cuestiona tanto al gobierno de Dina Boluarte como a la clase política tradicional. Pérez, al ocupar un rol técnico, no solo asesora en temas judiciales, sino que también aporta una narrativa de lucha contra la corrupción que, paradójicamente, ahora se dirige contra el mismo sistema que él ayudó a construir desde la Fiscalía.
Es probable que esta incorporación obligue a otros candidatos a pronunciarse sobre la pertinencia de integrar a figuras vinculadas con la defensa de Pedro Castillo. Además, el tema de las leyes procrimen y la reforma judicial se convertirá en un eje de campaña. Mientras tanto, Pérez ya ha advertido que su prioridad es “desmantelar el pacto mafioso” que, según él, controla la justicia peruana. La pregunta que queda en el aire es si esta estrategia logrará sumar votos o si, por el contrario, alejará a los electores moderados que todavía ven la figura de Castillo como un símbolo de ingobernabilidad.
Conclusión: una alianza que redefine las fronteras políticas
La confirmación de José Domingo Pérez como parte del equipo técnico de Roberto Sánchez no es un hecho aislado, sino la manifestación de una reconfiguración en la política peruana. Un exfiscal del Lava Jato, símbolo de la lucha anticorrupción, se convierte ahora en abogado de un expresidente condenado por golpe de Estado y en asesor de un candidato presidencial de izquierda. Esta paradoja refleja la complejidad del escenario electoral, donde las lealtades y las narrativas se superponen. La agenda propuesta por Pérez, centrada en derogar leyes procrimen y denunciar un “lawfare”, busca capitalizar el descontento ciudadano con el sistema judicial. Sin embargo, el precio de esta alianza podría ser una polarización aún mayor. Los votantes deberán evaluar si la experiencia técnica de Pérez justifica una asociación que, para muchos, legitima un intento de ruptura del orden constitucional. El resultado de esta apuesta se conocerá en las urnas de 2026.
