La “Ruta Castillista” de Roberto Sánchez: un giro hacia la minería informal
A pocos días del balotaje, el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ha intensificado su acercamiento a la minería informal. Este sábado 30 de mayo tiene previsto acudir a un encuentro en Chala (Caravelí, Arequipa) como parte de su denominada “Ruta Castillista”, una estrategia que busca capitalizar el legado del expresidente Pedro Castillo. La agenda legislativa del actual congresista ha mostrado un sesgo favorable hacia este sector, lo que ha generado debate entre analistas y opositores. En un contexto electoral tenso, esta alianza podría definir el voto de miles de trabajadores informales, pero también levanta interrogantes sobre la coherencia programática del candidato y los riesgos de normalizar una actividad con altos costos ambientales y sociales.
¿Qué es la “Ruta Castillista” y por qué incluye a la minería informal?
La denominada “Ruta Castillista” es una campaña territorial que Sánchez ha impulsado para reivindicar la figura de Pedro Castillo y atraer a los sectores que apoyaron al expresidente en las elecciones de 2021. Esta estrategia busca construir puentes con organizaciones sociales, gremios y movimientos regionales que ven en Castillo un símbolo de lucha contra el “establishment” limeño. Dentro de ese mapa, la minería informal ocupa un lugar prioritario, especialmente en regiones del sur como Arequipa, donde la actividad extractiva no regulada es una fuente clave de empleo e ingresos para comunidades empobrecidas.
El encuentro en Chala no es un acto aislado. Sánchez ya había mostrado su apoyo a proyectos legislativos que flexibilizan exigencias ambientales y tributarias para los mineros informales, buscando su formalización a un costo político bajo. Para los analistas, esta ruta electoral representa una apuesta de alto riesgo: si bien puede asegurar votos en zonas mineras, también profundiza la contradicción entre el discurso de “defensa de la legalidad” y el respaldo a prácticas que frecuentemente operan al margen de la ley.
Un historial legislativo favorable: los antecedentes de Sánchez
El candidato de Juntos por el Perú ha mantenido una agenda parlamentaria claramente alineada con los intereses de la minería informal. Durante su gestión como congresista, promovió iniciativas para extender los plazos de formalización, reducir sanciones a quienes operan sin autorización y facilitar el acceso a concesiones mineras sin los requisitos habituales. Uno de los proyectos más polémicos buscaba crear un “registro especial” que otorgara permisos temporales a miles de mineros artesanales, eximiéndolos de estudios de impacto ambiental previos.
Esta postura ha sido criticada por especialistas en minería y protección ambiental, quienes señalan que la informalidad está asociada a delitos como la extracción ilegal de oro, la contaminación de ríos con mercurio y la evasión fiscal. Sin embargo, Sánchez defiende su enfoque argumentando que la formalización masiva es la única vía para integrar a estos trabajadores a la economía legal. “No podemos criminalizar a quienes buscan sobrevivir”, ha declarado en varias entrevistas, estableciendo un vínculo directo con el discurso de Castillo.
“A días de las elecciones, la presencia de Sánchez en Chala no es casual. Busca consolidar un bloque electoral que, en el sur andino, puede ser decisivo”, señala un analista político consultado sobre el tema.
Chala como escenario: la minería informal en Arequipa
Chala, ubicada en la provincia de Caravelí, es un distrito costero donde la minería informal ha crecido de manera acelerada en los últimos años. La falta de empleo formal en la zona ha empujado a cientos de familias a extraer oro de manera artesanal, muchas veces en condiciones precarias y sin ningún tipo de supervisión. Se estima que en la región Arequipa operan más de 15.000 mineros informales, concentrados principalmente en las cuencas de los ríos Ocoña y Majes.
El candidato Sánchez eligió este punto para su mitin porque allí confluyen varios factores: una fuerte base de simpatizantes castillistas, una crisis económica que agudiza la informalidad y una débil presencia del Estado en materia de control. Durante el evento, se espera que Sánchez anuncie compromisos concretos, como la creación de un fondo de apoyo para la formalización y la simplificación de trámites. Sin embargo, los críticos advierten que estas promesas chocan con la realidad fiscal y la necesidad de combatir la minería ilegal que destruye ecosistemas.
Implicaciones políticas del encuentro a días del balotaje
El momento elegido para la “Ruta Castillista” no es fortuito. A menos de una semana de la segunda vuelta, cualquier movimiento puede inclinar la balanza. Sánchez busca movilizar a un electorado que suele ser esquivo para las encuestas tradicionales: los trabajadores informales del sur, muchos de los cuales votaron por Castillo en primera vuelta. La minería informal representa un sector estratégico no solo por su número, sino por su capacidad de influir en comunidades enteras a través de redes clientelares.
Los analistas políticos consideran que este acercamiento puede tener un efecto polarizador. Por un lado, refuerza la base dura de Sánchez; por otro, aleja a los votantes urbanos y de clase media que ven con malos ojos el apoyo a la informalidad. Además, la oposición no ha tardado en reaccionar: candidatos rivales han calificado la “Ruta Castillista” como una apuesta por la ilegalidad y un retroceso en la lucha contra la corrupción minera. La tensión entre ambos discursos marcará los últimos días de campaña.
La minería informal en el Perú: costos sociales y ambientales
Para entender la controversia, es necesario contextualizar el peso real de la minería informal en el país. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, más del 30% de la producción de oro en el Perú proviene de operaciones informales o ilegales. Esto se traduce en pérdidas millonarias por evasión fiscal, contaminación de fuentes de agua con mercurio y cianuro, y conflictos sociales con comunidades campesinas. La región de Madre de Dios es el ejemplo más crítico, pero Arequipa también enfrenta problemas de deforestación y afectación a la salud pública.
Los defensores de la formalización, como Sánchez, argumentan que solo integrando a estos trabajadores se podrá regular su actividad. Sin embargo, organismos internacionales como la OCDE han recomendado al Perú endurecer las sanciones contra la minería ilegal y fortalecer la capacidad de fiscalización. El dilema es complejo: mientras la informalidad genera empleo de subsistencia, también alimenta economías delictivas y degrada el medio ambiente. En este contexto, la postura de Sánchez aparece como una apuesta peligrosa para algunos expertos.
- Contaminación por mercurio: afecta a más de 200.000 personas en cuencas mineras.
- Erosión de suelos: la minería aluvial destruye tierras agrícolas.
- Trabajo infantil: se estima que miles de menores participan en la extracción.
Juntos por el Perú y el legado de Castillo: ¿coherencia o pragmatismo?
La alianza entre Sánchez y la minería informal también revela tensiones internas en Juntos por el Perú. El partido se presenta como una fuerza de izquierda democrática y progresista, pero su apoyo a actividades informales choca con la defensa de los derechos laborales y ambientales que predica su base intelectual. Pedro Castillo, durante su breve gobierno, intentó promover una “minería artesanal responsable”, pero sus medidas fueron insuficientes y generaron acusaciones de corrupción.
Ahora, Sánchez recoge parte de ese legado, pero lo hace en un contexto electoral donde necesita sumar votos rápidamente. La “Ruta Castillista” es, ante todo, un movimiento pragmático: busca reactivar la maquinaria electoral que llevó a Castillo a la presidencia. No obstante, esta estrategia puede costarle caro si, tras las elecciones, se ve obligado a gobernar con un sector que exige concesiones que el Estado no puede o no debe otorgar. La coherencia programática queda en segundo plano cuando la meta es la victoria.
Riesgos y perspectivas de la estrategia minera de Sánchez
La apuesta por la minería informal no está exenta de riesgos. En el corto plazo, puede movilizar votos y generar titulares favorables en regiones como Arequipa. Sin embargo, a mediano y largo plazo, normalizar el apoyo a este sector puede tener consecuencias graves para la gobernabilidad. Si Sánchez llega al poder, se enfrentará a presiones de organismos internacionales, industriales formales y comunidades afectadas por la contaminación para que endurezca su postura.
Además, existe el peligro de que la “Ruta Castillista” profundice la fragmentación política del país. Al aliarse con sectores que operan al margen de la ley, el candidato corre el riesgo de ser percibido como parte del problema en lugar de la solución. Los próximos días serán cruciales para medir el impacto real de esta estrategia en las urnas. Lo que está claro es que la minería informal se ha convertido en un eje central de la campaña, y su manejo definirá buena parte del futuro político del Perú.
Conclusión: entre el voto inmediato y el costo de la informalidad
El encuentro de Roberto Sánchez con mineros informales en Chala resume las contradicciones de una campaña que prioriza la captación electoral sobre la coherencia programática. La “Ruta Castillista” le ofrece al candidato una base leal en el sur, pero lo ata a un sector con altos costos ambientales y sociales. Los analistas coinciden en que esta estrategia puede ser decisiva en el balotaje, pero también alertan sobre las consecuencias de normalizar la informalidad. El Perú necesita soluciones integrales que equilibren la formalización con la protección del medio ambiente y la legalidad. Mientras tanto, la política electoral sigue mostrando que, en tiempos de crisis, los atajos son atractivos aunque peligrosos.
El lector debe reflexionar sobre si el fin justifica los medios. La minería informal no es solo un problema técnico, sino un reflejo de las profundas desigualdades del país. La apuesta de Sánchez por este sector deja en evidencia que, para ciertos políticos, el voto inmediato vale más que la sostenibilidad futura. Las urnas decidirán, pero las consecuencias de esta alianza perdurarán mucho después del 6 de junio.
