Elecciones 2026: el mapa electoral de la minería y el giro hacia Roberto Sánchez
El escenario político peruano se reconfigura de cara a las elecciones de 2026, y un dato clave emerge de la comparación entre el actual candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y el expresidente Pedro Castillo, quien en 2021 representó a Perú Libre. Aunque Sánchez obtuvo menos victorias que Castillo en las principales zonas productoras y de proyectos mineros del país, logró un hito que su predecesor no pudo alcanzar: el triunfo en los distritos de Pataz y Parcoy, regiones donde la minería ilegal de oro impera sin control. Este contraste no solo revela un cambio en las bases electorales de la izquierda, sino que también expone la creciente influencia de economías informales y criminales en el voto peruano. Mientras el discurso antiminero de Castillo resonó en el sur andino formal, la campaña de Sánchez parece haber calado hondo donde la ley se diluye entre socavones ilegales y lavado de activos. A continuación, analizamos las claves de esta transformación electoral y sus implicancias para el proceso de 2026.
El legado de Pedro Castillo en los bastiones mineros formales
En la segunda vuelta de 2021, Pedro Castillo logró imponerse en la mayoría de los distritos que conforman el denominado «corredor minero» del sur peruano, como Espinar (Cusco) y las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac), donde operan gigantes como Las Bambas y Antapaccay. Su mensaje de nacionalización de recursos y rechazo a la inversión extranjera encontró eco en comunidades que durante años han protestado contra la gran minería. Según datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Castillo obtuvo entre el 70 % y el 80 % de los votos en esos territorios, superando ampliamente a Keiko Fujimori.
Sin embargo, el respaldo a Castillo no fue homogéneo en todas las zonas mineras. En regiones como La Libertad, donde la minería formal coexiste con la ilegal, su desempeño fue más modesto. Allí, el candidato de Perú Libre no logró capitalizar el descontento social de la misma manera, en parte porque la actividad minera legal genera empleo directo e indirecto en ciudades como Trujillo y en los distritos de la sierra liberteña. Esta desigualdad geográfica en el apoyo electoral anticipó ya una fragmentación del voto de izquierda que hoy explota Roberto Sánchez.
Pataz y Parcoy: los distritos donde Sánchez superó a Castillo
El dato más revelador de la campaña de Roberto Sánchez en 2021 es su triunfo en Pataz y Parcoy, dos distritos de la provincia de Pataz, en La Libertad. Mientras Pedro Castillo apenas rozó el 35 % de los votos en esas localidades, Sánchez —entonces candidato presidencial por Juntos por el Perú— alcanzó cerca del 45 %, una diferencia significativa en un contexto de polarización extrema. ¿Por qué ocurrió esto? La respuesta está en la naturaleza de la economía local.
Pataz y Parcoy son epicentros de la minería ilegal de oro. Según reportes del Ministerio del Interior y la Fiscalía, se estima que en estos distritos operan más de 15.000 mineros informales, muchos vinculados a organizaciones criminales que controlan desde la extracción hasta el lavado de dinero. A diferencia de las comunidades del sur, donde la minería formal genera conflictos por consulta previa y contaminación, en Pataz la ilegalidad ha creado un ecosistema económico paralelo que depende de la ausencia del Estado. El discurso de Sánchez, menos radical que el de Castillo en materia de nacionalización, pero más enfocado en la «regularización» y la «economía popular», resonó entre quienes temen que una intervención estatal fuerte desarticule su principal fuente de ingresos.
El rol de la minería ilegal como actor político en campaña
La diferencia entre Sánchez y Castillo no es solo de programa, sino de alianzas fácticas. Mientras Pedro Castillo recibió apoyo explícito de federaciones campesinas y gremios de izquierda formal, Roberto Sánchez ha sido vinculado a redes de financiamiento ilegal provenientes de la minería aurífera. Publicaciones en redes sociales, como las reportadas por la fuente de Facebook “jmsheput”, señalan que “a diferencia de Pedro Castillo en el 2021, Pedro Sánchez tiene el apoyo de la minería ilegal. Su campaña ha sido millonaria”. Aunque el candidato ha negado estas acusaciones, el incremento de su presencia en eventos proselitistas en La Libertad y Madre de Dios —regiones con alta incidencia de minería ilegal— sugiere una estrategia deliberada.
Este fenómeno no es nuevo en el Perú. Durante las elecciones regionales de 2022, varios candidatos a gobernadores y alcaldes en zonas como Madre de Dios y Puno fueron investigados por recibir aportes de mineros informales. Sin embargo, la presencia de un candidato presidencial que capitaliza este respaldo marca un punto de inflexión. La minería ilegal, que mueve anualmente unos 3.000 millones de dólares según estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, busca ahora tener un representante directo en la Presidencia para garantizar la impunidad y la continuidad de sus operaciones.
¿Qué significan estos resultados para las elecciones de 2026?
El escenario electoral de 2026 se perfila como una disputa entre dos modelos de país, pero también entre dos formas de entender la relación con los recursos naturales. Por un lado, Keiko Fujimori y Fuerza Popular intentarán recuperar el voto de las regiones mineras formales del sur, que en 2021 optaron masivamente por Castillo. Por otro, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú buscarán consolidar su base en las zonas de minería ilegal, donde su discurso de «no criminalización de la pequeña minería» y «empleo digno» cala hondo. La incógnita es si Sánchez podrá ampliar su ventaja en otros distritos de La Libertad, Cajamarca o Madre de Dios, o si el escándalo del financiamiento ilegal terminará por frenar su ascenso.
Los datos de la Encuesta de Opinión Pública de Ipsos de marzo de 2025 muestran que Sánchez se mantiene en tercer lugar en intención de voto, con un 11 %, pero con un crecimiento sostenido en el norte del país. La clave estará en si logra capitalizar el descontento de los mineros ilegales y de las comunidades que se sienten abandonadas por el Estado, sin perder el apoyo de los sectores progresistas urbanos que lo ven como una alternativa a la corrupción de la derecha tradicional. La batalla por los distritos de Pataz y Parcoy podría ser solo el anticipo de una guerra electoral más amplia.
Las implicancias para la gobernabilidad y la lucha contra la minería ilegal
El avance de Roberto Sánchez en zonas de minería ilegal plantea un dilema de gobernabilidad para el próximo gobierno. Si el candidato de Juntos por el Perú llegara a la Presidencia con el apoyo de estos sectores, sería muy difícil que impulsara una política de formalización o combate frontal contra la ilegalidad. De hecho, su propuesta de «minería artesanal con registro simplificado» ha sido interpretada por expertos como un salvoconducto para que las mafias sigan operando. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que el Perú necesita cerrar las brechas de fiscalización en la minería informal para evitar que se convierta en un paraíso del lavado de activos.
Por otro lado, el crecimiento de Sánchez también refleja el fracaso del Estado en integrar económica y socialmente a estas poblaciones. La minería ilegal no surge solo por la codicia, sino porque en lugares como Pataz no hay alternativas productivas formales. Mientras la gran minería emplea a unas 200.000 personas directamente, la ilegal da trabajo a casi 500.000, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Cualquier candidato que ignore esta realidad estará condenado a perder el voto de una porción cada vez más grande del electorado. La pregunta es si Sánchez ofrecerá una salida real o simplemente usará ese apoyo para llegar al poder sin rendir cuentas.
Conclusión: el voto minero como espejo de la crisis peruana
La comparación entre Roberto Sánchez y Pedro Castillo en las elecciones de 2021 revela una fractura profunda en la base electoral de la izquierda peruana: mientras Castillo ganó en los territorios de la minería formal en conflicto con el Estado, Sánchez triunfó donde la minería ilegal domina la economía local. Este giro no es casual, sino que responde a una estrategia de campaña que ha sabido capitalizar el desencanto y el miedo a la represión. Sin embargo, el precio de ese apoyo podría ser la perpetuación de una economía criminal que socava las instituciones y la legalidad. Para los electores peruanos, la decisión en 2026 no será solo entre derecha e izquierda, sino entre un país que busca formalizar su riqueza minera y otro que se rinde a la informalidad como única alternativa. Los distritos de Pataz y Parcoy, con sus socavones ocultos y sus votos decisivos, son el espejo de una crisis que ningún candidato puede ignorar.
