Juez español pide a nuevo gobierno de Venezuela colaboración para capturar a 14 etarras huidos
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dado un paso histórico al solicitar información a las nuevas autoridades de Caracas, argumentando que el cambio político en Venezuela —con la caída de Nicolás Maduro— le permite «inferir una colaboración» que hasta ahora el régimen anterior negaba sistemáticamente. Este movimiento judicial abre una ventana inédita para reactivar la búsqueda de etarras huidos, entre ellos el histórico José Ignacio de Juana Chaos, y redefinir las relaciones judiciales entre España y el nuevo gobierno venezolano. En este artículo analizamos el contexto, las implicaciones legales y el impacto de esta decisión en la lucha antiterrorista y la cooperación internacional.
El giro judicial: Francisco de Jorge y la petición a Caracas
El juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha remitido un exhorto a las autoridades judiciales de Venezuela solicitando información sobre el paradero y la situación de varios fugitivos de la justicia española. La petición se fundamenta en el cambio político ocurrido en el país sudamericano, que según el magistrado modifica el escenario de colaboración. «La caída de Maduro me permite inferir una colaboración que hasta ahora las autoridades venezolanas negaban de forma reiterada», argumenta el juez en su resolución, según fuentes consultadas por EL PAÍS.
Este movimiento no es aislado. La Audiencia Nacional ha activado simultáneamente la búsqueda de 14 etarras que se habrían refugiado en Venezuela durante la era chavista, amparados por la afinidad política del régimen de Maduro con la izquierda radical y su histórica reticencia a extraditar a miembros de ETA. La petición de De Jorge representa un intento de aprovechar la ventana de oportunidad que abre la transición política en Caracas para desbloquear décadas de impasse judicial.
La histórica negativa venezolana y el refugio de etarras
Durante más de dos décadas, Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se convirtió en un santuario para varios miembros de ETA que huían de la justicia española. La falta de cooperación judicial se justificaba desde Caracas con argumentos políticos y de soberanía, pero en la práctica encubría una red de protección que incluía desde la concesión de nacionalidad venezolana hasta la integración en aparatos de seguridad del Estado. Entre los nombres más destacados figura José Ignacio de Juana Chaos, condenado por el asesinato de 25 personas, quien logró eludir la extradición durante años.
Las autoridades españolas denunciaron en repetidas ocasiones esta falta de colaboración, que incluía la negativa a responder a comisiones rogatorias y la ausencia de información sobre el paradero de los fugitivos. Un informe de la Audiencia Nacional de 2023 ya señalaba que «Venezuela se ha convertido en un destino seguro para terroristas etarras, sin que exista voluntad política de cooperar». La caída de Maduro, sin embargo, ha alterado radicalmente ese tablero.
La caída de Maduro como punto de inflexión en la cooperación internacional
El cambio de régimen en Venezuela, que tuvo lugar en los primeros meses de 2026, ha reconfigurado las relaciones internacionales del país. El nuevo gobierno, que se presenta como una transición democrática, ha manifestado su intención de restaurar los lazos con la comunidad internacional y cumplir con los compromisos de cooperación judicial. En este contexto, el juez De Jorge ha visto una oportunidad única para reactivar expedientes que permanecían congelados.
«Inferir una colaboración» no es un mero acto de fe, subrayan fuentes jurídicas. El magistrado se apoya en declaraciones públicas de los nuevos líderes venezolanos, que han anunciado una revisión de los casos de extradición pendientes y una mayor transparencia en la gestión de los archivos de inteligencia. La petición de información, por tanto, es una prueba de fuego para medir la voluntad real de cooperación del nuevo ejecutivo de Caracas.
«La caída de Maduro me permite inferir una colaboración que hasta ahora las autoridades venezolanas negaban de forma reiterada.» — Juez Francisco de Jorge, según fuentes de EL PAÍS.
Los 14 etarras huidos: De Juana y la nueva oportunidad procesal
La lista de 14 fugitivos que la Audiencia Nacional ha activado incluye a algunos de los nombres más sanguinarios de la historia de ETA. José Ignacio de Juana Chaos, condenado a 3.000 años de prisión en España, es el más emblemático. También figuran otros como Juan Carlos Iglesias Aramburu, alias «Aguirre», o José Javier Zabaleta Elorza, implicados en atentados múltiples. Hasta ahora, todos ellos gozaban de impunidad en territorio venezolano, donde incluso se les atribuyen actividades de asesoría a servicios de inteligencia chavistas.
La nueva petición del juez De Jorge no solo busca su localización, sino también información sobre posibles vínculos con estructuras del antiguo régimen que puedan ser relevantes para otras investigaciones en España. El magistrado también ha solicitado datos sobre los movimientos de los fugitivos durante los últimos años, así como sobre eventuales ayudas recibidas de funcionarios venezolanos. La respuesta de Caracas podría determinar si se reabren causas por delitos de lesa humanidad o colaboración con banda armada contra antiguos cargos del chavismo.
Las implicaciones políticas y diplomáticas del cambio en Venezuela
La petición del juez Francisco de Jorge tiene un alcance que trasciende lo meramente judicial. En el plano diplomático, supone un test para el nuevo gobierno venezolano, que busca legitimidad internacional y necesita demostrar su ruptura con las prácticas del pasado. Una respuesta positiva y ágil a la Audiencia Nacional sería interpretada como una señal de buena voluntad hacia España y la Unión Europea, mientras que una negativa o dilación podría tensar las relaciones recién restablecidas.
En el ámbito político interno español, la noticia ha sido recibida con cautela por los partidos, aunque con un claro respaldo a la iniciativa del juez. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha evitado pronunciarse oficialmente, pero fuentes gubernamentales reconocen que «la cooperación judicial es un pilar fundamental de las relaciones bilaterales». Para las víctimas del terrorismo, la posibilidad de que los etarras refugiados en Venezuela sean finalmente juzgados representa una esperanza largamente postergada.
El futuro de la lucha antiterrorista: ¿una nueva era de colaboración?
La decisión del juez De Jorge abre un escenario inédito que podría marcar un antes y un después en la cooperación judicial entre España y Venezuela. Si el nuevo gobierno de Caracas responde favorablemente, se sentaría un precedente para abordar otros casos de criminales refugiados en el país durante la era chavista, incluidos miembros de las FARC, delincuentes comunes y otros fugitivos internacionales. La Audiencia Nacional ya ha anunciado que prepara nuevas solicitudes en paralelo.
Sin embargo, los expertos advierten que el proceso no será inmediato ni exento de obstáculos. La burocracia venezolana, la posible destrucción de archivos durante la transición y la resistencia de sectores del antiguo régimen enquistados en el aparato judicial podrían ralentizar las gestiones. Aun así, el simple hecho de que un juez español haya solicitado formalmente información a Caracas y que esa solicitud sea atendida —algo impensable hace apenas un año— constituye un avance significativo para la justicia transnacional.
En definitiva, la petición del juez Francisco de Jorge representa un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad de los etarras huidos. Apoyada en el cambio político en Venezuela, la Audiencia Nacional intenta desbloquear décadas de negativa a colaborar y abrir una nueva etapa de cooperación judicial. El éxito de esta iniciativa dependerá de la respuesta de Caracas, de la voluntad política del nuevo gobierno y de la capacidad de las instituciones españolas para articular una estrategia coordinada. Para las víctimas y la sociedad española en su conjunto, la posibilidad de ver a De Juana y a otros 13 terroristas ante la justicia es una esperanza que por primera vez en años parece tangible. El tiempo dirá si la «inferencia de colaboración» del magistrado se convierte en realidad o si, por el contrario, se topa con los mismos muros que durante tanto tiempo han protegido a los fugitivos.
