La caída de Facundo Leal: la punta del iceberg de una red corrupta
La detención del ex director de ARSAT y del ORSNA, Facundo Leal, en el barrio porteño de Palermo el pasado 13 de marzo sacudió el panorama político argentino. El hallazgo de casi dos millones y medio de dólares en efectivo, junto con drogas, no fue un hecho aislado. Esta noticia desnudó un posible esquema de corrupción que alcanza a otros exfuncionarios y dirigentes con terminales políticas en Mendoza. Las pesquisas apuntan a un entramado de coimas vinculado al caso ARSAT y a la llamada “banda de los mendocinos”. Además, aparecen figuras como el empresario Leonardo Scatturice, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, y un enigmático viaje a España en el avión del dirigente futbolístico Claudio “Chiqui” Toviggino, que profundizan las sospechas sobre una estructura delictiva enquistada en el Estado.
Un exfuncionario ligado al poder libertario con un pasado de dos décadas en el Estado
Facundo Leal, abogado mendocino de 44 años, no era un funcionario menor. Según el diario Perfil, acumuló casi dos décadas de carrera en el Estado, pasando por cargos en ARSAT, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y otras reparticiones. Su vínculo con el gobierno libertario se remontaba a los inicios de la gestión de Javier Milei: Leal fue designado en puestos clave durante dos años y medio, tiempo en el que, según fuentes de la investigación, habría tejido una red de contactos y favores.
La causa que lo tiene como principal imputado comenzó como un robo tecnológico en ARSAT, pero escaló rápidamente cuando la Justicia encontró en su poder 2,4 millones de dólares sin justificar, paquetes de cocaína y marihuana. El fiscal federal Carlos Stornelli investiga si esos fondos provenían de coimas pagadas por contratos millonarios con empresas tecnológicas. La pregunta que cruza toda la investigación es: ¿cómo pudo un funcionario de segunda línea acumular tal fortuna sin que nadie lo controlara durante más de dos años?
La “banda de los mendocinos” y el caso ARSAT: un entramado de coimas al descubierto
La investigación de Clarín reveló que la detención de Leal destapó un esquema más amplio: la llamada “banda de los mendocinos”. Se trata de un grupo de exfuncionarios y empresarios oriundos de Mendoza que, desde distintos ministerios y organismos, habrían montado una estructura de cobro de coimas a cambio de la adjudicación de licitaciones y contratos. El caso ARSAT es el núcleo de esta trama. Según las fuentes, Leal habría recibido pagos de al menos tres empresas que debían prestar servicios de conectividad al Estado.
Los investigadores creen que el dinero secuestrado no era la totalidad de lo recaudado. En la vivienda de Leal también se encontraron anotaciones con nombres de políticos y empresarios, algunas vinculadas a cuentas en el exterior. El modus operandi era simple: se inflaban los presupuestos de las licitaciones y luego se repartían las ganancias entre los funcionarios que aprobaban los contratos. La “banda de los mendocinos” estaría integrada por al menos cinco personas, algunas de ellas aún con cargos en la administración actual.
La conexión con Leonardo Scatturice y Santiago Caputo: el empresario puente
Uno de los nombres que más resuena en la causa es el de Leonardo Scatturice, un empresario con negocios en tecnología y logística que mantiene una estrecha relación con Santiago Caputo, asesor estrella del presidente Milei. Scatturice aparece en las conversaciones de WhatsApp de Leal como un intermediario que facilitó reuniones con funcionarios de alto rango. Aunque Caputo no está imputado, su nombre surge como “terminal política” de la trama, ya que Scatturice habría usado su cercanía para gestionar contratos en el sector de telecomunicaciones.
La Justicia indaga si Scatturice cobró comisiones por esas gestiones y si parte de ese dinero terminó en manos de Leal. Un dato que alimenta las sospechas es que el empresario viajó a España en el mismo avión que Claudio “Chiqui” Toviggino, presidente del Consejo Federal del Fútbol, acompañado de Leal. Ese viaje, ocurrido en febrero de 2025, no tenía un objetivo claro. Para los fiscales, podría haber sido una instancia de coordinación de la estructura de corrupción con contactos en el exterior.
El agujero negro de los 2,5 millones: nadie se hace responsable
La postura oficial del gobierno ha sido de un silencio incómodo, salvo algunas declaraciones aisladas que buscan despegarse del escándalo. Luis Pierrini, exfuncionario cercano a la gestión libertaria, declaró que “nadie se hace cargo del funcionario de los U$S 2,5 millones, pero estuvo dos años y medio con los libertarios”. La frase, recogida por Facebook de Noticias Junín Hoy, refleja el clima de impunidad que rodea el caso. Mientras tanto, el juez federal Daniel Rafecas intenta determinar el origen exacto del dinero y si hay más involucrados.
Lo cierto es que Leal logró moverse con libertad dentro de un gobierno que pregonaba la transparencia. Su permanencia en cargos sensibles durante dos años y medio sin rendir cuentas sugiere que el esquema de corrupción estaba más extendido de lo que se creía. La falta de controles internos y la presunta complicidad de funcionarios superiores están bajo la lupa. El fiscal Stornelli ya pidió el allanamiento de las oficinas de ARSAT y la citación de varios directores de la empresa estatal.
Reacciones políticas y el impacto en la gestión de Milei
El escándalo ha provocado grietas en el oficialismo. Sectores de la coalición libertaria exigen una investigación interna para deslindar responsabilidades, mientras que la oposición pide la conformación de una comisión bicameral. El presidente Milei, que construyó su imagen de “lucha contra la casta”, enfrenta ahora una prueba de fuego. Si bien no hay pruebas directas de que el entorno presidencial estuviera al tanto de las actividades de Leal, la cercanía de Scatturice con Caputo genera dudas.
En las redes sociales, la cuenta @BlackHawk_8752 (fuente de una de las búsquedas) publicó que “la detención de Facundo Leal desnudó un posible esquema de corrupción que alcanza a otros exfuncionarios y dirigentes con terminales políticas en Mendoza”. La viralización de este mensaje evidencia que el caso trasciende lo judicial y se convierte en una bandera política. La pregunta que flota en el aire es si el Gobierno podrá sortear esta tormenta o si el “agujero negro” que mencionó Pierrini terminará por tragarse a más funcionarios.
“La detención de Facundo Leal no es un hecho aislado; es la punta de un iceberg que escondía una red de coimas, viajes privados y conexiones políticas que aún no terminamos de descubrir.” — Fuente de la investigación judicial.
Conclusión: un esquema que expone las fisuras del “Estado mínimo”
El caso Facundo Leal revela que la corrupción no entiende de banderas políticas. El exfuncionario, que militó en el gobierno libertario, acumuló millones de dólares sin que los mecanismos de control interno funcionaran. La trama alcanza a empresarios, exfuncionarios mendocinos y figuras cercanas al poder, como Scatturice y Caputo, mientras el Gobierno busca despegarse. El viaje a España en el avión de Toviggino y las coimas en ARSAT configuran un entramado que parece replicar viejas prácticas de la “casta” que Milei prometió erradicar. La Justicia tendrá la última palabra, pero el ciudadano común se pregunta: ¿cuántos Facundo Leal aún operan en las sombras del Estado? Este caso es una señal de alarma que exige transparencia real y penas ejemplares.
Los datos de las fuentes consultadas —Clarín, Perfil, Instagram y Facebook— confirman que el dinero, las drogas y los vínculos políticos no son coincidencias. La lucha contra la corrupción no puede limitarse a discursos; necesita instituciones fuertes. El escándalo Leal es un recordatorio de que, sin controles efectivos, cualquier gobierno puede terminar siendo cómplice, aunque sea por omisión, del saqueo del erario público.
