Un giro clave en la causa por espionaje a jueces: indagatorias y acusación de asociación ilícita
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la red de espionaje ilegal que operó contra magistrados y funcionarios judiciales en Argentina. En una resolución reciente, el magistrado citó a declaración indagatoria al ex espía de la Policía Federal Ariel Zanchetta, al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y a un nuevo sospechoso cuya identidad aún no se reveló oficialmente. Pero lo más significativo es que la causa fue recalificada como asociación ilícita, lo que eleva la gravedad de los cargos y sugiere una estructura organizada detrás de los hechos. Además, la investigación reveló que el policía retirado recibía pagos de un dirigente de La Cámpora, lo que introduce un componente político que agita aún más el escenario judicial.
Este artículo explora en profundidad los detalles del fallo, el perfil de los acusados, las implicancias legales de la nueva calificación, los vínculos políticos detectados y el contexto más amplio de una causa que ya suma varias detenciones y liberaciones bajo fianza. Con base en información de fuentes como La Nación, Clarín, Infobae y Perfil, ofrecemos un análisis riguroso de uno de los casos de mayor sensibilidad institucional en la justicia argentina.
El fallo del juez Martínez De Giorgi: indagatorias y recalificación del caso
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió citar a indagatoria a tres personas en el marco de la investigación por espionaje a jueces y funcionarios judiciales. La decisión, comunicada en los primeros días de junio de 2025, apunta directamente a Ariel Zanchetta, ex sargento de la Policía Federal y considerado un agente inorgánico de los servicios de inteligencia; a Ezequiel Nuñes Pinheiro, un hacker oriundo de Misiones que ya había sido detenido en causas previas; y a un tercer implicado cuya identidad se mantiene bajo reserva para no entorpecer la pesquisa.
Según informó La Nación, la novedad más relevante del fallo es que el magistrado decidió recalificar la investigación como asociación ilícita, un delito que implica una organización estable y coordinada para cometer actos ilegales. Esto representa un endurecimiento de la acusación, que hasta ahora se centraba en delitos de espionaje y violación de secretos. La nueva tipificación permite abordar el caso como una red estructurada, con roles definidos y una finalidad común, lo que allana el camino para eventuales procesamientos y condenas más severas.
El carácter de asociación ilícita también amplía las herramientas procesales del juez, permitiéndole ordenar allanamientos adicionales, interceptar comunicaciones y citar a más testigos. La decisión fue celebrada por las querellas de los jueces damnificados, mientras que las defensas ya anticiparon que apelarán la medida.
Perfil de los acusados: el ex espía, el hacker y el tercer hombre
Ariel Zanchetta es un ex sargento de la Policía Federal retirado que, según la investigación, operaba como agente inorgánico de inteligencia, es decir, sin pertenecer formalmente a una agencia estatal pero realizando tareas de espionaje para terceros. En Perfil se detalló que Zanchetta fue detenido en el marco del caso D’Alessandro, donde se investiga el hackeo a los teléfonos del fiscal Eduardo D’Alessandro y otros funcionarios. Durante el procedimiento, el ex policía habría intentado hacerse pasar por periodista para obtener información de las víctimas.
Por su parte, Ezequiel Nuñes Pinheiro es un hacker misionero con antecedentes en causas de ciberdelincuencia. Fue detenido en 2024 y luego excarcelado bajo fianza, pero la Justicia lo mantiene bajo vigilancia. Su rol en la red habría sido el de realizar los ataques informáticos que permitieron acceder a los dispositivos de jueces y fiscales. En Infobae se consignó que su defensa logró que se le concediera la excarcelación, pero con una caución económica elevada.
El tercer sospechoso, aún no identificado públicamente, sería el eslabón que vinculaba a Zanchetta con el dirigente de La Cámpora que realizaba los pagos. Su citación a indagatoria sugiere que la investigación avanza hacia los niveles superiores de la presunta organización, y que el juez busca desentrañar la cadena de mando y financiamiento.
Los pagos de La Cámpora: el vínculo político que agita la causa
Uno de los hallazgos más explosivos de la investigación es que Ariel Zanchetta recibía pagos periódicos de un dirigente de La Cámpora, la organización política kirchnerista. Según las fuentes consultadas por La Nación y Clarín, los desembolsos se realizaban mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo, y estaban vinculados a tareas de inteligencia ilegal contra jueces que, entre otros, investigaban causas sensibles para el kirchnerismo, como las vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Este dato ha provocado un fuerte revuelo político y judicial. La defensa de Zanchetta intentó desvincular a su cliente de cualquier motivación partidaria, pero el juez Martínez De Giorgi consideró que los pagos constituyen un indicio sólido de que la red operaba con apoyo político. Infobae reportó que algunos magistrados damnificados han solicitado ampliar la investigación para determinar si hubo financiamiento desde estructuras del Estado o de partidos políticos.
La mención de La Cámpora introduce una dimensión que trasciende lo penal y se adentra en el terreno del conflicto político. Expertos consultados por Perfil señalaron que, de confirmarse estos vínculos, el caso podría derivar en una comisión investigadora en el Congreso o incluso en un juicio político si aparecen funcionarios públicos implicados.
El contexto del espionaje a jueces: un patrón de ataques sistemáticos
Esta causa es solo la punta del iceberg de una serie de ataques informáticos y de inteligencia ilegal que han sufrido jueces y fiscales en Argentina desde 2022. El caso más emblemático es el del fiscal Eduardo D’Alessandro, cuyo teléfono fue hackeado y cuyo contenido fue filtrado parcialmente en medios. Pero no es el único: otros magistrados, como los que investigaban causas de corrupción contra funcionarios kirchneristas, también fueron blanco de intrusiones.
En Clarín se publicó que la Justicia investiga si estos ataques forman parte de un plan coordinado para desestabilizar a quienes llevan adelante investigaciones contra el poder político. La red de Zanchetta y Nuñes Pinheiro habría sido la encargada de obtener información personal y judicial de las víctimas, y luego ponerla a disposición de sus clientes.
La recalificación como asociación ilícita permite unificar varias causas dispersas y tratarlas como un único entramado delictivo. Esto podría llevar a que otras personas –incluyendo abogados, intermediarios y posiblemente funcionarios públicos– sean citadas a indagatoria en los próximos meses. La investigación se encuentra en una fase clave, y se espera que el juez dicte nuevos procesamientos antes de fin de año.
Antecedentes de excarcelaciones y el debate sobre la prisión preventiva
Tanto Zanchetta como Nuñes Pinheiro ya habían estado detenidos en fases anteriores de la investigación, pero ambos obtuvieron la excarcelación bajo fianza. En abril de 2024, Infobae informó que el hacker misionero fue liberado después de que su defensa argumentara que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento probatorio. Poco después, Zanchetta también logró salir de prisión, pero debió pagar una fianza millonaria para garantizar su presentación ante la Justicia.
Esta situación ha generado un intenso debate en los tribunales. Por un lado, las querellas sostienen que se trata de personas peligrosas que podrían destruir pruebas o intentar influir sobre testigos. Por el otro, las defensas alegan que la prisión preventiva es excesiva y que sus clientes colaboran con la investigación. El juez Martínez De Giorgi optó por una solución intermedia: excarcelación con fuertes cauciones y medidas de vigilancia electrónica.
La nueva citación a indagatoria, sin embargo, reactiva la posibilidad de que se dicten nuevas detenciones si los acusados no comparecen o si surgen elementos que acrediten un mayor riesgo procesal. El fallo de recalificación como asociación ilícita podría ser usado como argumento para solicitar medidas más restrictivas.
Conclusión: un caso que expone las grietas del sistema y la urgencia de transparencia
La decisión del juez Martínez De Giorgi de citar a indagatoria a Zanchetta, Nuñes Pinheiro y a un nuevo sospechoso, y de calificar el caso como asociación ilícita, marca un antes y un después en la investigación del espionaje ilegal a jueces en Argentina. La revelación de pagos desde un dirigente de La Cámpora introduce un componente político que trasciende lo penal y obliga a una reflexión sobre los límites del poder y la independencia judicial. Este caso expone cómo redes informales de inteligencia, apoyadas por actores políticos, pueden operar para intimidar a quienes administran justicia. Más allá de las condenas que puedan recaer sobre los imputados, lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial y la necesidad de reformas que impidan que estos hechos se repitan. La sociedad exige respuestas claras y una justicia que no pacte con quienes la atacan.
