La Corte Suprema pone lupa al proyecto contra denuncias falsas
Un grupo de senadores de derecha impulsa en el Congreso chileno un proyecto de ley que busca establecer sanciones para quienes presenten acusaciones, denuncias o querellas consideradas falsas, además de regular el procedimiento para su aplicación. La iniciativa, que promete ser un hito en la lucha contra el abuso del sistema judicial, ha generado un intenso debate. Sin embargo, el tribunal pleno de la Corte Suprema analizó a fondo el texto y emitió un informe técnico con serios reparos. El documento fue remitido formalmente a la presidencia del Senado para su consideración, marcando un punto de inflexión en la discusión legislativa. Las advertencias del máximo tribunal, que señalan vacíos y confusiones conceptuales, podrían redefinir el destino de esta polémica normativa.
¿Qué propone el proyecto de ley contra las acusaciones falsas?
El proyecto, tramitado bajo el boletín correspondiente, establece un marco legal para sancionar a quienes interpongan de mala fe denuncias, acusaciones o querellas sin fundamento real. La iniciativa, patrocinada por parlamentarios de derecha, busca disuadir el uso estratégico del sistema penal para dañar la reputación de personas o instituciones. Según los impulsores, la falta de consecuencias para los denunciantes falsos ha permitido que muchas causas se utilicen como instrumento de presión o venganza personal.
El texto propone sanciones que van desde multas económicas hasta penas privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del daño causado. También regula un procedimiento expedito para que los afectados puedan acreditar la falsedad de la imputación y obtener una reparación. No obstante, la Corte Suprema detectó que la redacción actual contiene ambigüedades que podrían generar efectos indeseados, como desincentivar denuncias legítimas por temor a represalias.
El pleno de la Corte Suprema y su informe técnico
Reunido en pleno, el máximo tribunal chileno analizó detenidamente el contenido del proyecto. Tras la deliberación, se elaboró un informe técnico que fue remitido a la presidencia del Senado para su consideración durante el debate legislativo. La instancia judicial advirtió serios vacíos y confusiones conceptuales en la redacción de la iniciativa, según informó el medio Cooperativa en su edición del 12 de junio de 2026.
Entre los principales reparos, la Suprema señala que el proyecto no define con claridad qué se entiende por «denuncia falsa», ni establece los criterios objetivos para determinar la mala fe del denunciante. Esta falta de precisión –sostiene el informe– podría llevar a interpretaciones arbitrarias y a una aplicación desigual de la ley. Además, el tribunal cuestiona que el procedimiento propuesto no garantiza suficientemente el debido proceso, especialmente en lo relativo a la carga de la prueba y la posibilidad de defensa del acusado.
Vacios conceptuales que preocupan al máximo tribunal
El informe de la Corte Suprema detalla que la iniciativa, tal como está redactada, incurre en confusiones que podrían afectar derechos fundamentales. Por ejemplo, no diferencia adecuadamente entre una denuncia que resulte falsa por error o falta de pruebas, y aquella que es intencionalmente engañosa. Esta mezcla conceptual abre la puerta a sancionar a víctimas reales que, por temor o falta de información, no logren acreditar plenamente sus acusaciones.
Otro punto crítico es la posible colisión con la libertad de expresión y el derecho de acceso a la justicia. La Suprema advierte que si la amenaza de una sanción penal es demasiado severa, muchas personas podrían abstenerse de denunciar delitos graves, especialmente en casos de violencia de género, abusos sexuales o corrupción. El tribunal insta a los legisladores a retomar la discusión con mayor profundidad técnica y a incorporar salvaguardas que eviten este efecto paralizante.
El debate legislativo: entre la urgencia política y las advertencias técnicas
El informe de la Corte Suprema ya está en manos de la presidencia del Senado, que deberá distribuirlo entre los integrantes de la comisión respectiva. Los senadores de derecha, impulsores del proyecto, han manifestado su disposición a analizar los reparos, pero defienden la necesidad urgente de contar con una herramienta legal contra el abuso del sistema judicial. «No podemos permitir que las denuncias falsas sigan arruinando vidas y saturando los tribunales», han señalado en declaraciones públicas.
Por otro lado, sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos han mostrado cautela. Advierten que una ley mal diseñada podría convertirse en un instrumento para desalentar denuncias legítimas, especialmente de grupos vulnerables. El debate ahora se centrará en cómo equilibrar la sanción a la mala fe con la protección del derecho a denunciar. El informe de la Suprema será clave para introducir modificaciones que acerquen el proyecto a un estándar constitucional y de derechos humanos.
Lecciones desde el derecho comparado
La experiencia internacional ofrece referencias útiles para afinar esta iniciativa. En países como España, el delito de acusación falsa está tipificado en el código penal, pero exige que se demuestre la plena conciencia del denunciante sobre la falsedad de los hechos. En Estados Unidos, algunos estados han implementado leyes contra demandas frívolas, aunque siempre con altos estándares probatorios para no inhibir el acceso a la justicia.
Chile podría tomar esos ejemplos para definir con mayor precisión los elementos subjetivos del delito, como la intención de dañar o la temeridad manifiesta. La Corte Suprema sugiere incorporar mecanismos de filtro previo –como la revisión judicial de la denuncia antes de abrir un proceso– y establecer sanciones graduales que distingan entre negligencia, dolo eventual y dolo directo. De esta forma, se evitaría castigar a quienes actúan de buena fe pero no logran probar su denuncia.
Implicancias para la ciudadanía y el sistema judicial
El proyecto, si se perfecciona, podría tener un impacto significativo en la confianza pública hacia la justicia. Por un lado, ofrecería una vía de reparación para quienes han sufrido denuncias maliciosas –un fenómeno que afecta especialmente a personas expuestas mediáticamente, como políticos, empresarios o figuras públicas. Por otro lado, si no se corrigen los vacíos señalados, se corre el riesgo de generar un efecto disuasivo sobre víctimas reales, que podrían temer ser procesadas si no logran acreditar plenamente sus acusaciones.
El sistema judicial también se vería afectado: la tramitación de causas por denuncias falsas podría sumar una carga adicional a tribunales ya sobrecargados. La Corte Suprema recomienda diseñar un procedimiento sumario pero con garantías, evitando procesos paralelos que alarguen innecesariamente los litigios. En definitiva, el éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del Congreso para incorporar las observaciones técnicas del máximo tribunal y encontrar un equilibrio que proteja tanto la honra de los acusados como el derecho a denunciar sin temor.
Conclusión: un proyecto necesario que requiere ajustes profundos
El proyecto de ley que sanciona las acusaciones falsas avanza en el Congreso con un fuerte respaldo político, pero el informe de la Corte Suprema ha puesto en evidencia debilidades que no pueden ser ignoradas. Los vacíos conceptuales y las confusiones en la definición de «denuncia falsa» amenazan con convertir una iniciativa loable en una herramienta que desaliente las denuncias legítimas. El debate legislativo debe aprovechar las advertencias técnicas para redactar una norma clara, proporcionada y respetuosa del debido proceso. Solo así se logrará castigar la mala fe sin vulnerar el derecho de acceso a la justicia. La pelota ahora está en la cancha del Senado, que tiene la oportunidad de perfeccionar el texto y enviar una señal de equilibrio a la ciudadanía.
