Exclusión de Aubasa: Un Conflicto Político que Frena las Obras en las Rutas
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y el Vialidad Nacional, excluyó a la empresa provincial Autopistas Urbanas S.A. (Aubasa) de una licitación clave para la administración y mantenimiento de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales con acceso a Buenos Aires. Esta decisión, calificada como «arbitraria» y «política» por la administración de Axel Kicillof, ha desatado un fuerte conflicto institucional. La Provincia anunció la impugnación formal de la licitación, solicitando incluso la intervención de la Defensoría del Pueblo, mientras señala que la medida busca beneficiar a otros oferentes. En el centro de la disputa está el futuro de infraestructuras vitales, como la postergada Ruta 3, y la sospecha de un manejo discrecional de los pliegos para marginar a un actor estatal bonaerense.
La Licitación en Juego: Alcance y Obras Postergadas
El llamado a licitación pública, lanzado el 12 de noviembre de 2025, abarca un extenso paquete de infraestructura vial. Se trata de la concesión para la conservación, administración, peaje y mejoras de más de 1.300 kilómetros de caminos nacionales en el corazón de la Provincia de Buenos Aires. Entre los tramos más significativos se encuentra la Ruta Nacional 3, una vía troncal hacia el sur del país cuyo estado ha sido objeto de críticas y reclamos por años, simbolizando las obras postergadas que esta concesión pretende resolver.
El proceso tuvo hitos clave: el 13 de febrero de 2026 venció el plazo para recepción de consultas por parte de las empresas interesadas, y la presentación de ofertas estaba prevista para etapas subsiguientes. Sin embargo, el proceso se vio enturbiado antes de que los oferentes pudieran presentar sus propuestas técnicas y económicas, cuando Aubasa, la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires, fue notificada de su exclusión de la etapa de precalificación, impidiéndole continuar en la carrera.
La Postura Bonaerense: Cumplimiento de Requisitos y Arbitrariedad
Desde el gobierno de Axel Kicillof, la reacción fue inmediata y contundente. Las autoridades bonaerenses afirman con firmeza que Aubasa cumple con todos los requisitos técnicos, económicos y de experiencia exigidos en los pliegos originales de la licitación. Por lo tanto, sostienen que su exclusión carece de fundamento objetivo y responde a una decisión política del gobierno de Javier Milei.
La sospecha, como reportan medios como El Día, es que se buscó activamente «sacar de carrera a la concesionaria provincial porque no es una empresa privada». Esta perspectiva apunta a un conflicto ideológico subyacente sobre el rol del Estado en la gestión de infraestructura. La Provincia insiste en que Aubasa, por su trayectoria y capacidad, es un agente idóneo para asumir el desafío y que su eliminación del proceso no solo es injusta, sino que perjudica la competencia y, en última instancia, la calidad de la futura concesión.
La Impugnación Formal y las «Inconsistencias Técnicas»
Ante esta situación, Aubasa no se limitó a las quejas públicas. Tal como informó Página 12, la empresa formalizó un reclamo administrativo ante el gobierno nacional, impugnando la decisión de exclusión. En este recurso, la prestataria bonaerense detalló haber detectado «inconsistencias técnicas en el dictamen» que la dejó fuera de la licitación.
La impugnación busca que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, revise y revoque la medida, permitiendo a Aubasa continuar en el proceso de precalificación. Este paso legal marca la escalada del conflicto, trasladándolo del ámbito político al administrativo-legal, y pone bajo escrutinio los criterios técnicos utilizados por la Vialidad Nacional, que dependen del Ministerio de Economía, para evaluar a los posibles oferentes.
La Búsqueda de un Árbitro: La Defensoría del Pueblo y la Tensión Institucional
En paralelo a la impugnación, el gobierno bonaerense elevó el tono de su reclamo solicitando la intervención de un tercero. Según informa el portal oficial de la Provincia (gba.gob.ar), las autoridades pidieron formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Este movimiento busca que el organismo defensor del pueblo actúe como un árbitro imparcial, examinando si en el procedimiento de exclusión y en las posibles modificaciones de los pliegos se violaron principios de legalidad, razonabilidad y transparencia que deben guiar toda licitación pública. La solicitud refleja el nivel de desconfianza y la profundidad de la grieta institucional que este caso ha generado entre la Nación y la Provincia.
Denuncias de Modificaciones «a Medida» en los Pliegos
La controversia se agrava con las acusaciones de modificaciones sospechosas en las bases de la licitación. Medios como Infocielo y otros han recogido denuncias desde el entorno bonaerense que apuntan directamente al ministro Luis Caputo. Se acusa al Ministerio de Economía de «meter cambios en la licitación de rutas para que la empresa AUBASA no pueda presentarse».
La presunta alteración de los requisitos o condiciones después del lanzamiento de la licitación, especialmente si se realiza para favorecer o perjudicar a un oferente específico, constituiría una irregularidad grave. Estas denuncias, aunque rechazadas por el gobierno nacional, alimentan la narrativa de una decisión premeditada y arbitraria, y son el núcleo de los argumentos de impugnación de la Provincia.
Consecuencias y Futuro Incierto para las Rutas
El conflicto deja en un limbo el urgente mantenimiento y la mejora de más de 1.300 kilómetros de rutas. Mientras Nación y Provincia se enredan en un pulso político y legal, las obras, en especial las tan demandadas en la Ruta 3, enfrentan nuevas postergaciones. El proceso licitatorio queda suspendido hasta que se resuelvan las impugnaciones, un trámite que puede extenderse por meses.
El escenario futuro es incierto. Puede que la justicia administrativa o la intervención de la Defensoría del Pueblo ordenen la reincorporación de Aubasa, lo que reconfiguraría la competencia. También es posible que la exclusión se mantenga, abriendo la puerta a quejas de otros oferentes y sembrando dudas sobre la transparencia de todo el proceso. Lo claro es que el choque entre dos visiones de gestión y el enfrentamiento político están imponiendo un alto costo a la infraestructura crítica del país.
Conclusión: Un Choque que Trasciende lo Vial
La exclusión de Aubasa de la licitación de rutas nacionales ha destapado más que una disputa contractual; ha evidenciado un profundo conflicto político e ideológico entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la acusación de arbitrariedad y modificación «a medida» de los pliegos; por el otro, la defensa de criterios técnicos y una visión de gestión. Mientras las partes se enfrentan mediante impugnaciones y pedidos de intervención, son las rutas y los usuarios quienes pagan el precio de la demora. La resolución de este caso no solo definirá el destino de una concesión millonaria, sino que sentará un precedente sobre las reglas de juego en la obra pública argentina, en un contexto de máxima tensión entre la Nación y las provincias.
