La sombra de la corrupción en la ONPE: una alerta que nadie quiso atender
Una revelación del programa Cuarto Poder ha puesto en el centro de la polémica a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a su exjefe, Piero Corvetto. Según la investigación, la empresa de transportes AFE advirtió al entonces funcionario sobre posibles filtraciones de información que habrían beneficiado a la compañía Galaga en un concurso anterior al de las elecciones. Este caso, que involucra millonarios contratos y presuntos actos de corrupción, no solo salpica la gestión de Corvetto, sino que siembra dudas sobre la transparencia de los procesos electorales peruanos. Miles de ciudadanos se preguntan si el sistema que debe garantizar su voto estuvo vulnerado desde adentro.
La carta que encendió las alarmas
Todo comenzó con una comunicación formal. Según reportó Infobae Perú, una carta llegó a manos de Piero Corvetto meses antes de que Galaga obtuviera un contrato millonario. En ese documento, la empresa AFE alertaba sobre riesgos de corrupción relacionados con Galaga, indicando que podrían haberse filtrado los montos presupuestados por la ONPE. La advertencia no era menor: si los datos sensibles de las licitaciones se conocían con antelación, una compañía podía ajustar su oferta para ganar de manera fraudulenta.
El documento, que fue difundido por el programa dominical, muestra que Corvetto tenía en sus manos una alerta directa y concreta. Sin embargo, la respuesta institucional fue, cuanto menos, cuestionable. “¿Por qué no se investigó de inmediato?”, se preguntan analistas políticos. La carta de AFE no solo señalaba a Galaga, sino que exponía una posible red de complicidad dentro de la propia ONPE, donde funcionarios podrían haber filtrado información privilegiada a cambio de beneficios.
Galaga y el sobrecosto de casi medio millón de soles
La investigación de Cuarto Poder no se quedó en la alerta. El programa reveló que Galaga ganó un contrato con la ONPE a pesar de que su propuesta era casi medio millón de soles más cara que la de su competidor directo. Este hecho, documentado por Trome, generó indignación porque no se trató de un error menor: el sobreprecio representaba una suma significativa para un proceso electoral donde cada sol debería destinarse a garantizar la transparencia del voto.
“Cuarto Poder reveló otro contrato que ganó Galaga con la ONPE pese a cobrar casi medio millón de soles más que su competidor”, reportó el diario.
Los detalles del concurso, que data de antes de las elecciones, muestran que la ONPE optó por la oferta más costosa sin que mediara una justificación técnica sólida. Expertos en contrataciones públicas señalan que este tipo de decisiones, cuando no se explican adecuadamente, suelen ser indicios de tráfico de influencias o de acuerdos previos para repartirse el presupuesto estatal.
La omisión que permitió el avance de la trama
Si la alerta de AFE llegó a la cúpula de la ONPE, ¿por qué no se detuvo la contratación? La respuesta parece ser una cadena de omisiones. Según el programa, Corvetto no dio curso a la advertencia, y el proceso siguió su cauce normal hasta que Galaga resultó adjudicada. Este silencio institucional ha sido calificado por especialistas como una negligencia grave que facilitó el presunto fraude.
El caso ha puesto en el banquillo a la gestión de Corvetto, quien renunció a la ONPE en medio de cuestionamientos. “Si un funcionario recibe una denuncia de corrupción y no actúa, se convierte en cómplice por omisión”, afirmó un exfiscal anticorrupción entrevistado por Diario Viral. La pregunta que ahora ronda es: ¿hubo una decisión deliberada de ignorar la carta o simplemente una burocracia ineficiente que dejó pasar la oportunidad de impedir el fraude?
Allanamiento fiscal: el brazo de la ley entra en acción
El escándalo no se quedó en los medios. El pasado viernes 24, el Ministerio Público ejecutó un megaoperativo liderado por el fiscal Raúl Martínez Huamán. La acción, que consistió en allanamientos simultáneos a las oficinas de la ONPE y a domicilios vinculados a Galaga, buscaba recolectar pruebas documentales y digitales que confirmaran la filtración de presupuestos y el direccionamiento de contratos.
Las imágenes del operativo, difundidas en un video de YouTube, mostraron a decenas de efectivos ingresando a las instalaciones. Los fiscales incautaron computadoras, documentos y registros de comunicación. “Estamos recabando toda la información que nos permita determinar si hubo un delito de colusión o cohecho”, declaró Martínez a la prensa. El allanamiento representa un punto de inflexión en la investigación, que hasta ahora se había desarrollado principalmente en el ámbito mediático.
Implicaciones para la transparencia electoral de cara al 2026
Este caso no es un hecho aislado. La empresa Galaga había sido contratada antes, y la advertencia de AFE llegó justo antes de que se repitiera el patrón en un nuevo concurso. Infobae recordó que la alerta se produjo meses antes de que Galaga obtuviera un contrato de seis cifras para las elecciones de 2026. Si las filtraciones eran sistemáticas, el riesgo es que todo el proceso electoral esté contaminado desde su base logística.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado que la ONPE debe ser un órgano autónomo e intachable. Cuando existen denuncias de corrupción que involucran a su más alto nivel, la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático se resquebraja. “Un voto no vale nada si las máquinas y los contratos se manejan con favoritismo”, opinó un observador electoral. La investigación abierta por el Ministerio Público es el primer paso para determinar responsabilidades, pero el daño reputacional ya está hecho.
Conclusión: la urgencia de una justicia ejemplar
La alerta de AFE a Piero Corvetto, ignorada y luego revelada por Cuarto Poder, expone una falla grave en los mecanismos de control de la ONPE. Galaga obtuvo contratos millonarios con sobrecostos evidentes mientras las advertencias se archivaban. El allanamiento fiscal muestra que la justicia ya está en movimiento, pero la ciudadanía exige no solo sanciones para los responsables directos, sino también reformas profundas que impidan que la corrupción infecte los procesos electorales. La transparencia no puede depender de la voluntad de un solo funcionario; se necesitan protocolos obligatorios que activen investigaciones automáticas ante cualquier señal de irregularidad. Solo así se podrá recuperar la confianza en el sistema que garantiza la democracia en el Perú.
Este artículo se elaboró con información de Infobae Perú, Cuarto Poder, Trome, Diario Viral y reportes del allanamiento fiscal.
