Keiko Fujimori propone una comisión de alto nivel para evaluar las leyes procrimen
Tras el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sorprendió al proponer la creación de una “comisión de alto nivel” que revise las leyes denominadas “procrimen”, aprobadas por el Congreso con el respaldo de su propia bancada. Esta declaración, difundida inicialmente en redes sociales y recogida por medios como Diario El Comercio, marca un giro en la narrativa de su campaña de cara a la segunda vuelta electoral de 2026. El artículo analiza el contexto de esta propuesta, el contenido de las leyes cuestionadas y las implicaciones políticas de esta iniciativa.
El debate que detonó la propuesta
Durante el foro del JNE, Keiko Fujimori enfrentó a su contendor Roberto Sánchez en un intercambio donde el tema de la seguridad ciudadana fue central. La candidata fujimorista defendió su plan de lucha contra la extorsión, pero al ser confrontada por las leyes aprobadas por el Congreso que han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, optó por un matiz: “No creo en esa narrativa de las leyes procrimen”, declaró, según reportó Diario El Comercio en su cuenta de Facebook.
Sin embargo, horas después, en una entrevista exclusiva con el mismo diario, Fujimori precisó que, de llegar al Gobierno, propondrá que “una comisión de alto nivel” evalúe dichas normas. La propuesta busca desmarcarse del rechazo generalizado que han generado estas leyes, al mismo tiempo que mantiene el respaldo a su bancada que las impulsó. El gesto refleja la tensión entre su discurso de orden y la necesidad de mostrarse dialogante ante la opinión pública.
¿Qué son las leyes procrimen y por qué generan controversia?
Las leyes “procrimen” son un conjunto de normas aprobadas por el Congreso peruano durante el periodo 2024-2025, con el voto favorable de la bancada de Fuerza Popular. Entre sus disposiciones más polémicas se encuentran la reducción de la edad de imputabilidad penal, el endurecimiento de penas para delitos menores y la ampliación de la prisión preventiva. Organismos internacionales como la CIDH y entidades locales como el Instituto de Defensa Legal han señalado que estas medidas vulneran derechos fundamentales y criminalizan la pobreza.
El término “procrimen” fue acuñado por críticos que consideran que, lejos de combatir el delito, estas leyes facilitan la persecución penal indiscriminada. La propuesta de Fujimori de someterlas a una revisión técnica intenta responder a estas críticas sin desautorizar abiertamente a su bancada. No obstante, especialistas advierten que una comisión de alto nivel podría servir para legitimar normas ya aprobadas, en lugar de modificarlas sustancialmente.
La comisión de alto nivel: alcances y limitaciones
Según lo difundido en Instagram por la cuenta oficial de Fuerza Popular, la comisión estaría integrada por “expertos en derecho penal, criminología y derechos humanos” y tendría la misión de evaluar cada ley “procrimen” para recomendar ajustes o derogaciones. Fujimori señaló que el próximo Congreso “deberá” tomar en cuenta estas recomendaciones. Sin embargo, no especificó si la comisión tendría carácter vinculante ni cuál sería su cronograma de trabajo.
Analistas políticos como el constitucionalista Omar Cairo han cuestionado la viabilidad de la propuesta, recordando que las leyes ya están vigentes y que su modificación requeriría un nuevo debate parlamentario. “Una comisión de alto nivel no puede reemplazar al Congreso. Es un gesto simbólico que busca apagar el incendio mediático”, declaró a la prensa. Por su parte, la candidata insiste en que “Vamos a enfrentar la extorsión con una estrategia integral”, como se lee en otro post de Instagram, intentando conciliar el rigor punitivo con la revisión técnica.
La postura de Fuerza Popular y el rol del Congreso
La bancada de Fuerza Popular ha sido la principal impulsora de las leyes procrimen. El propio congresista y vocero del partido, Juan José Díaz, defendió en diversas entrevistas que estas normas son “necesarias para devolver la seguridad a los peruanos”. La propuesta de Fujimori abre una fisura interna, pues mientras la candidata busca un perfil moderado, su bancada en el Legislativo mantiene una línea dura.
De cara a la segunda vuelta, el electorado observa con atención si esta comisión será un compromiso real o una estrategia electoral. El Congreso actual, dominado por fuerzas conservadoras, ha mostrado resistencia a revisar su propia producción legislativa. Fujimori deberá equilibrar las presiones de su base política, que exige mano dura, con las exigencias de los votantes indecisos que reclaman garantías constitucionales.
Reacciones de actores políticos y sociedad civil
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. El candidato Roberto Sánchez calificó la propuesta como “un parche para tapar una política represiva”. En tanto, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitieron un comunicado donde exigen que la comisión tenga participación ciudadana y que sus conclusiones sean públicas y vinculantes.
En redes sociales, el debate ha sido intenso. Mientras algunos usuarios aplauden la iniciativa como una señal de flexibilidad, otros la ven como “un circo mediático”. Un post en Instagram de El Comercio acumuló cientos de comentarios, muchos de ellos exigiendo que la comisión evalúe también las leyes que limitan la protesta social. La propuesta de Fujimori ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos en el Perú.
Implicaciones de cara a la segunda vuelta electoral
La propuesta de la comisión de alto nivel podría ser un factor decisivo para los votantes indecisos. En un escenario de empate técnico según las encuestas, Fujimori busca presentarse como una líder capaz de rectificar errores sin perder firmeza. No obstante, el riesgo es que la medida sea percibida como un maquillaje electoral si no va acompañada de acciones concretas, como la presentación de un proyecto de ley para derogar las normas más cuestionadas.
El tiempo juega en contra: las elecciones son en pocas semanas y la comisión aún no tiene miembros ni reglamento. Mientras tanto, el Congreso continúa aprobando normas que muchos consideran procrimen. La credibilidad de la candidata dependerá de su capacidad para transformar este anuncio en una política pública verificable, más allá de las plataformas digitales donde ha difundido el mensaje.
Conclusión: entre el gesto político y la transformación real
La propuesta de Keiko Fujimori de crear una “comisión de alto nivel” para evaluar las leyes procrimen representa un intento de conciliar su base dura con la necesidad de ampliar su respaldo electoral. Sin embargo, la falta de detalles concretos y el contexto de una bancada que aprobó esas mismas leyes generan escepticismo. Para que este anuncio trascienda lo simbólico, la candidata deberá garantizar independencia técnica en la comisión y compromiso público de acatar sus recomendaciones. En un país donde la seguridad y los derechos humanos son ejes centrales de la agenda, esta propuesta podría convertirse en un punto de inflexión o en una promesa olvidada tras las urnas. La ciudadanía estará atenta a los próximos pasos.
