El respaldo presidencial a los embargos del CAE: una medida sin precedentes
El presidente de la República, José Antonio Kast, generó una intensa polémica al respaldar este lunes por la tarde el controvertido embargo de bienes y el retiro de dinero de las cuentas bancarias de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), sin mediar orden judicial. La medida, ejecutada por la Tesorería General de la República (TGR), ha sido calificada por diversos sectores como una acción administrativa extrema que vulnera derechos fundamentales. Durante una actividad en Tocopilla, en el marco de su gira por el extremo norte del país, el Mandatario defendió la decisión apelando a la «responsabilidad individual» y a la «necesidad de recursos» para el Estado. Este artículo analiza a fondo los alcances de esta medida, los argumentos del gobierno, las críticas recibidas y el impacto social que genera sobre miles de familias chilenas.
¿Qué es el CAE y por qué la morosidad se volvió un problema estructural?
El Crédito con Aval del Estado (CAE) fue creado en 2005 como un mecanismo para facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes de sectores vulnerables y de clase media. El Estado actúa como garante ante las instituciones financieras, permitiendo que miles de jóvenes puedan estudiar sin contar con recursos inmediatos. Sin embargo, el sistema ha arrastrado durante años un problema de alta morosidad: según datos del Ministerio de Educación, más del 30% de los deudores se encuentra en situación de incumplimiento, acumulando una cartera que supera los 4.000 millones de dólares.
La falta de mecanismos eficaces de cobro y la flexibilidad de los planes de pago generaron que muchos beneficiarios no regularizaran sus deudas, aun después de haber finalizado sus estudios y contar con ingresos laborales. Esta situación llevó a que la Tesorería General de la República, bajo la administración de Kast, intensificara las acciones de cobranza administrativa, llegando al extremo de ordenar el congelamiento y retiro de fondos bancarios sin pasar por los tribunales de justicia. La medida busca recuperar parte de los recursos que el Estado ha debido pagar como aval a los bancos.
La decisión de Kast: «Se les dio oportunidad de renegociar y no la tomaron»
El presidente José Antonio Kast defendió la medida durante su visita a la comuna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta. Según reportó Cooperativa el lunes 8 de junio de 2026, el Mandatario señaló que «se les dio oportunidad de renegociar y no la tomaron». Esta declaración resumió la postura gubernamental: el Estado habría agotado las vías de diálogo y las instancias de pago voluntario antes de recurrir a los embargos extrajudiciales.
«La responsabilidad individual es la base de una sociedad sana. Quienes tomaron un crédito deben cumplir con su compromiso. Si no lo hacen, el Estado tiene la obligación de recuperar los recursos de todos los chilenos», afirmó Kast ante la prensa local.
La Tesorería General, por su parte, emitió un comunicado detallando que los deudores habían recibido múltiples notificaciones y que se les ofrecieron planes de pago con descuentos y plazos extendidos. Sin embargo, ante la falta de respuesta, se procedió a la retención directa de fondos en cuentas bancarias, sin necesidad de una orden judicial, amparándose en la Ley de Cobranza Administrativa. Este mecanismo, si bien existe en la legislación chilena para deudas fiscales, nunca antes se había aplicado de manera masiva a deudores del CAE.
Polémica legal: ¿Es constitucional el retiro de dinero sin orden judicial?
La principal controversia gira en torno a la constitucionalidad de la medida. Diversos abogados constitucionalistas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado que el Estado pueda vaciar cuentas bancarias de ciudadanos sin que un juez haya autorizado la acción. El artículo 19 de la Constitución chilena garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y establece que «nadie puede ser privado de sus bienes sino en virtud de una sentencia judicial».
El diario El País, en su edición del 8 de junio de 2026, tituló: «Polémica por cobros a deudores del CAE: el Gobierno de Kast ordena el retiro de dinero de cuentas bancarias sin pasar por tribunales». La nota detalla que la Tesorería ha utilizado una facultad que originalmente fue diseñada para deudas tributarias y previsionales, no para créditos educativos. Expertos en derecho administrativo señalan que esta interpretación amplía peligrosamente las atribuciones del Ejecutivo y podría sentar un precedente para futuros cobros arbitrarios.
Además, se ha denunciado que en muchos casos los afectados no recibieron notificación previa suficiente y se enteraron del embargo al revisar sus saldos bancarios vacíos. Imágenes y videos difundidos en redes sociales, como el publicado por Instagram en el perfil de Radio 13c, muestran a ciudadanos desesperados al descubrir que la Tesorería les había retirado incluso el dinero destinado a gastos básicos como arriendo o alimentación.
El impacto social y económico sobre los deudores del CAE
La medida ha tenido consecuencias inmediatas sobre miles de personas que, en su mayoría, pertenecen a sectores medios y medios-bajos. Muchos de estos deudores son trabajadores que, pese a tener empleos formales, arrastran deudas educativas que no han podido cancelar por completo debido a la inflación, la precariedad laboral o la necesidad de mantener a sus familias. Con sus cuentas bancarias vaciadas, se han visto imposibilitados de cubrir gastos esenciales como alimentación, transporte, salud o educación de sus hijos.
Organizaciones de consumidores y defensorías de la deuda han comenzado a recibir cientos de reclamos. En regiones como Antofagasta, donde el costo de vida es alto, el impacto ha sido particularmente devastador. Un caso emblemático es el de una profesora de Tocopilla que, tras ver su cuenta bancaria reducida a cero, no pudo pagar el arriendo de su vivienda y enfrentó un embargo adicional por parte del arrendador. «No me opongo a pagar, pero así no se puede. No me dieron tiempo ni de reaccionar», declaró a medios locales.
Desde el gobierno, sin embargo, se insiste en que se trata de una medida excepcional y que los deudores con situaciones de vulnerabilidad comprobada pueden solicitar una revisión caso a caso. No obstante, los plazos y la burocracia para acceder a esas excepciones han sido criticados como insuficientes. La falta de un mecanismo ágil de apelación deja a muchas familias en un limbo judicial y financiero.
Reacciones políticas y sociales: apoyos y fuertes críticas
El respaldo de Kast a los embargos ha polarizado a la opinión pública. Sectores de la derecha y del mundo empresarial han aplaudido la medida, argumentando que fomenta «la cultura del cumplimiento» y que es necesario terminar con la impunidad de los deudores. En contraste, la oposición política, encabezada por partidos de centroizquierda y organizaciones estudiantiles, ha calificado la acción como «autoritaria» y «antisocial».
En un video viral de Instagram, el presidente Kast aparece afirmando: «Se les dio oportunidad de renegociar y no la tomaron», mientras que en las calles de Tocopilla se registraron protestas espontáneas. La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) emitió un comunicado exigiendo la suspensión inmediata de los embargos y el inicio de una mesa de diálogo para reformar el sistema CAE. Abogados de la Fundación Pro Bono han ofrecido representación legal gratuita para aquellos que deseen impugnar la medida ante los tribunales.
El gobierno, por su parte, ha defendido la legalidad de la acción y ha anunciado que continuará con los cobros masivos. La Tesorería General aseguró que en los próximos días se notificará a otros 50.000 deudores. La polémica, lejos de calmarse, amenaza con escalar a un conflicto judicial de alto impacto, mientras miles de familias chilenas viven la angustia de ver sus ahorros desaparecer sin previo aviso.
Conclusión: un dilema entre la responsabilidad fiscal y los derechos ciudadanos
La decisión del presidente José Antonio Kast de respaldar el embargo de bienes y el retiro de dinero de cuentas bancarias sin orden judicial a deudores del CAE ha abierto un debate profundo sobre los límites del poder administrativo del Estado y la protección de los derechos fundamentales. Mientras el gobierno argumenta que se trata de una medida necesaria para recuperar recursos públicos y fomentar la responsabilidad individual, las críticas señalan que se está aplicando una norma de manera extensiva, vulnerando garantías constitucionales y causando un daño inmediato a miles de familias.
Este caso pone de manifiesto la urgencia de una reforma integral al sistema de crédito educativo en Chile, que no solo contemple mecanismos de cobro más justos, sino también planes de renegociación accesibles y sostenibles para los deudores. La controversia actual es un recordatorio de que las políticas públicas deben equilibrar la eficiencia recaudatoria con la protección de los más vulnerables. El desenlace de esta polémica definirá en buena medida el clima político y social de los próximos meses en el país.
