La sombra del CAE: el cobro «brutal» que reabre el debate pendiente
El Crédito con Aval del Estado (CAE) ha sido, desde su creación, un instrumento de acceso a la educación superior que dejó una pesada herencia de endeudamiento para miles de chilenos. Recientemente, el exministro de Educación Sergio Bitar (PPD) encendió las alarmas al denunciar que los mecanismos de cobro actuales se aplican «de manera brutal, sin tener en cuenta las condiciones» de los morosos. En una declaración que rápidamente se viralizó, Bitar llamó al Ejecutivo a retomar el espíritu del proyecto de condonación parcial impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric, un plan que quedó truncado. Este artículo profundiza en las raíces del conflicto, las posturas en juego y la urgencia de un acuerdo que ponga a las personas por delante de la burocracia financiera.
El origen del conflicto: un crédito que ahoga en lugar de ayudar
El CAE nació como una solución para que estudiantes de sectores medios y bajos pudieran costear sus estudios superiores. Sin embargo, con el paso de los años, el sistema demostró graves fallas estructurales. Las tasas de interés, los intereses moratorios y la inflexibilidad en los cobros generaron una trampa de endeudamiento que afecta a más de un millón de personas. Muchos de estos deudores, hoy profesionales, enfrentan sueldos que no les permiten cubrir cuotas que se duplican o triplican con recargos.
La crítica de Bitar apunta directamente a la gestión de la cartera de deudores. «Creo que es correcto exigir el pago a quienes tienen ingresos suficientes y ponerse al día -señaló el exministro en Cooperativa-. Lo que no es correcto es hacerlo de manera brutal, sin tener en cuenta las condiciones de quienes están en cesantía, enfermedad o simplemente ganan menos del salario mínimo». Esta posición refleja el descontento de una generación que siente que el Estado la abandonó tras cumplir su parte del trato: titularse.
El llamado de Bitar: retomar el acuerdo de condonación parcial
El exsecretario de Estado no se limitó a criticar la dureza de los cobros. Su propuesta fue concreta: «Retomar lo que se encontraba acordado» en el proyecto del Gobierno de Boric que planteaba un sistema de condonación parcial. Aquella iniciativa, que nunca vio la luz, contemplaba rebajas significativas en la deuda para quienes estuvieran al día, así como quitas para los morosos de menores ingresos y la creación de un nuevo sistema de financiamiento solidario.
La voz de Bitar se suma a la de otros actores políticos y sociales que ven en el actual esquema de cobro una forma de «brutalidad» que no discrimina entre el deudor de buena fe y el que puede pagar pero se niega. «Hay que recuperar la confianza -insistió-. Si el Estado es implacable con quien no tiene cómo pagar, la gente pierde toda esperanza de regularizar su situación». Esta postura, reflejada en múltiples reportajes de medios como Cooperativa y replicada en redes sociales, pone sobre la mesa la necesidad de un nuevo trato entre el Estado y los deudores del CAE.
El proyecto de Boric: ¿una oportunidad perdida para la justicia social?
El proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gabriel Boric en 2023 proponía una fórmula ambiciosa: condonar entre el 60% y el 100% de la deuda para los deudores con menos recursos, estableciendo un tope de ingresos familiares. Además, se creaba un nuevo crédito estatal, el Fondo Solidario para la Educación Superior, que reemplazaría al CAE con condiciones más justas: tasas de interés máximas, cuotas que no superaran el 10% del ingreso del deudor y un plazo de gracia para quienes no encontraran trabajo.
Sin embargo, el proyecto encontró una feroz oposición en el Congreso. Sectores de derecha argumentaron que la condonación era un «perdonazo» que alentaría la morosidad y dañaría la responsabilidad fiscal. El Ejecutivo, sin mayoría, tuvo que congelar la iniciativa. Bitar, hoy desde la vereda de la oposición, sostiene que esa oportunidad no debe perderse del todo: «No se trata de perdonar todo, sino de ser justos. Quien tiene recursos debe pagar, pero quien no puede, necesita un respiro». La discusión sigue abierta, y las declaraciones del exministro reavivan la urgencia de un acuerdo político.
Cobros brutales: testimonios que estremecen
La declaración de Bitar no es anecdótica. Decenas de deudores han denunciado en medios y redes sociales prácticas de cobranza que incluyen llamadas constantes al lugar de trabajo, descuentos directos de remuneraciones sin previo aviso y embargo de cuentas bancarias. «Llaman a tu jefe, a tu familia, te ofrecen ‘facilidades’ que terminan duplicando la deuda. Te sientes acorralado», relató una profesional de la salud al medio El Diario.
Esta realidad contrasta con la postura del gobierno actual, que defiende la necesidad de cumplir los contratos. No obstante, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, aseveró que se deben revisar los procedimientos para evitar vulneraciones a los derechos de los deudores. «No puede haber cobro brutal -declaró Muñoz en entrevista con El Diario-. El Estado debe dar señales claras de que protege a los ciudadanos, incluso cuando son deudores». La contradicción entre la dureza del cobro y la voluntad política de cambio es el centro del debate actual.
El factor político: un tema que cruza al oficialismo y la oposición
La figura de Sergio Bitar es relevante porque no proviene del actual oficialismo, sino del Partido Por la Democracia (PPD), una colectividad que hoy se ubica en la oposición al gobierno de Boric. Su llamado a «retomar lo acordado» indica que el tema del CAE tiene consenso transversal en parte del espectro político. Dirigentes de la centroizquierda, incluyendo exministros de la Concertación, han manifestado que la condonación parcial es una deuda del Estado con los jóvenes que apostaron por la educación.
Por otro lado, el Ejecutivo ha mantenido una postura ambigua. Mientras el Presidente Boric ha dicho que el CAE «debe terminar», la implementación de un nuevo sistema avanza con lentitud. La presión de Bitar y de organizaciones de deudores busca que el gobierno no solo critique la herencia del CAE, sino que actúe con urgencia para aliviar la carga de miles de familias. «El diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo debe retomarse -concluye Bitar-. No podemos seguir viendo cómo la gente pierde su vivienda o su salud mental por culpa de un crédito mal diseñado».
Hacia un nuevo sistema: ¿qué propone la oposición de centroizquierda?
Más allá de la crítica, Bitar y el PPD han delineado propuestas concretas para superar la crisis. Entre ellas destacan: una condonación progresiva según ingresos, la creación de un organismo estatal que administre la deuda con criterios sociales (y no comerciales), y la eliminación de los intereses moratorios para quienes demuestren incapacidad de pago. Estas ideas, que formaban parte del proyecto de Boric, son hoy bandera de lucha de sectores que buscan una educación superior realmente accesible.
Además, se plantea la necesidad de auditar las prácticas de cobranza de los bancos y entidades que actualmente gestionan la cartera del CAE. «No podemos permitir que instituciones privadas, con fines de lucro, decidan el destino de quienes estudiaron para servir al país -aseguró Bitar-. El Estado debe retomar el control y garantizar que el cobro sea humano». En un país donde la movilidad social depende cada vez más de los títulos universitarios, resolver la mochila del CAE es una tarea impostergable.
Conclusión: una deuda que no puede esperar
Las declaraciones de Sergio Bitar ponen el dedo en la llaga de un problema que trasciende gobiernos y colores políticos: miles de chilenos cargan sobre sus hombros un crédito educativo que se ha vuelto insostenible. El llamado a retomar la condonación parcial, y a eliminar los cobros «brutales», no es un gesto de demagogia, sino una necesidad social y económica. Mientras el Congreso y el Ejecutivo no logren un acuerdo, seguirán existiendo profesionales endeudados, familias angustiadas y una desconfianza creciente hacia el Estado. La solución no es perdonar todo, sino construir un sistema que distinga entre quienes pueden pagar y quienes apenas sobreviven. Como bien lo expresó el exministro, la justicia debe estar al centro de cualquier política de cobranza. El reloj corre, y la deuda del CAE no puede seguir esperando.
