Barbadillo: el penal que se transformó en cuartel político
El expresidente Pedro Castillo, condenado en primera instancia a 11 años de prisión por conspiración para rebelión tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, no ha dejado de ejercer influencia política desde el penal de Barbadillo, en Ate. Un reciente reportaje del programa Punto Final reveló que el recinto se ha convertido en un «local de campaña», donde decenas de visitantes —candidatos, exministros y militantes— acuden semanalmente para coordinar estrategias electorales. Esta situación ha desatado una fuerte polémica sobre los privilegios que tendría el recluso y el uso partidario de una instalación penitenciaria.
Barbadillo: de centro de reclusión a «local de campaña»
De acuerdo con la investigación de Punto Final, difundida por HBA Noticias, el penal de Barbadillo opera hoy como un espacio donde Castillo recibe a figuras políticas sin mayores restricciones. El reportaje documentó la llegada constante de vehículos particulares y la salida de personas que portan documentos y dispositivos móviles, lo que sugiere la existencia de una coordinación política habitual. «El penal de Barbadillo funciona actualmente como un centro de operaciones para la campaña de Roberto Sánchez», señaló Latina Noticias, refiriéndose al candidato presidencial de Juntos por el Perú.
La denuncia no es aislada. Diferentes medios locales han constatado que las visitas políticas superan con creces lo que estipula el reglamento penitenciario para reos condenados. Mientras la defensa de Castillo argumenta que se trata de «visitas de solidaridad», los críticos sostienen que se está utilizando un centro de reclusión para fines proselitistas, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Los visitantes: candidatos, exministros y militantes
Entre los asistentes recurrentes destacan Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, y militantes del partido fundado por Castillo, Todos con el Pueblo. Fuentes de El Comercio confirmaron que estas agrupaciones organizan visitas semanales coordinadas, en las que se acuerdan lineamientos de campaña y estrategias de comunicación. “Vamos cada semana a ver al presidente Pedro Castillo, recibimos orientación directa de él”, declaró un dirigente local a ese diario.
Además de Sánchez, han sido identificados exministros del gobierno castillista —como Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior y Turismo) y otros exfuncionarios— que aprovechan los encuentros para mantener viva la base política del expresidente. La lista de visitantes se repite cada semana, según el reportaje de Punto Final, generando críticas de diversos sectores que consideran que el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) está permitiendo un trato diferenciado.
Condena y prisión: trasfondo judicial de una controversia
Es importante recordar que Pedro Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022 y, en abril de 2023, fue condenado en primera instancia a 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión. La sentencia, aún no firme, lo inhabilita para ejercer cargos públicos, pero no le impide recibir visitas. Sin embargo, el volumen y la naturaleza política de estas visitas han encendido las alarmas.
El juzgado que lleva el caso ha recibido múltiples solicitudes de la Fiscalía para restringir las comunicaciones del expresidente, argumentando que podría estar usando el penal para influir en el proceso electoral. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han impuesto medidas adicionales, lo que fortalece la percepción de que Barbadillo se ha convertido en un espacio privilegiado para la actividad política.
Reacciones políticas y cuestionamientos institucionales
La controversia ha generado reacciones encontradas. Desde el Congreso, voceros de la oposición han pedido la intervención del INPE y la suspensión de las visitas políticas. “No se puede permitir que un condenado por atentar contra la democracia convierta su celda en un comando de campaña”, señaló un parlamentario de la bancada de Avanza País. Por otro lado, los partidos afines a Castillo defienden el derecho a la visita familiar y política, aunque evitan referirse al uso proselitista del penal.
El propio Roberto Sánchez negó que las reuniones tengan fines electorales, calificándolas de “encuentros políticos de formación”. No obstante, las imágenes difundidas por Punto Final muestran a los visitantes saliendo con carpetas y documentos, lo que refuerza las sospechas de coordinación de campaña. La polémica subraya la debilidad de los controles penitenciarios en un país donde la politización de las cárceles es un tema recurrente.
Estrategia electoral desde la prisión: el fantasma de Castillo
A pesar de estar tras las rejas, Pedro Castillo sigue siendo un referente para una parte del electorado peruano, sobre todo en zonas rurales y sectores populares que lo ven como una víctima de un «golpe judicial». Su discurso de lucha contra las élites y la corrupción resuena entre los militantes de Juntos por el Perú y Todos con el Pueblo, que intentan capitalizar ese capital político para las elecciones de 2026.
Las visitas a Barbadillo no solo buscan mantener la moral de la base, sino que también sirven para coordinar alianzas y definir candidaturas. Según fuentes de Latina Noticias, en las reuniones se discuten encuestas, se entregan lineamientos de propaganda y se evalúa la incorporación de nuevos cuadros. Esta actividad, que ocurre en un penal de máxima seguridad, ha sido comparada con el «Cuartel de la Moneda» que operaba el expresidente Alberto Fujimori desde su celda, aunque con matices distintos.
Implicaciones legales y éticas: ¿un sistema penitenciario de dos velocidades?
El uso del penal de Barbadillo para fines proselitistas plantea graves interrogantes sobre la igualdad de trato en el sistema penitenciario peruano. Mientras miles de reclusos comunes carecen de visitas regulares o espacios para recibir asesoría legal, un expresidente condenado por conspiración goza de un flujo constante de contacto político. Para los expertos, esto vulnera el principio de legalidad y el artículo 139 de la Constitución que garantiza la igualdad ante la ley.
El INPE, por su parte, ha guardado silencio o ha emitido comunicados genéricos afirmando que todas las visitas se realizan «dentro del marco legal». Sin embargo, la persistencia de las denuncias mediáticas ha llevado a la Defensoría del Pueblo a anunciar una investigación de oficio. De confirmarse las irregularidades, podrían activarse sanciones administrativas o incluso penales para los funcionarios que han permitido estas prácticas. El caso pone en evidencia la fragilidad de las instituciones peruanas y la necesidad de una reforma penitenciaria que evite que las cárceles se conviertan en plataformas políticas.
Conclusión
El penal de Barbadillo se ha convertido, según múltiples fuentes, en un centro de operaciones políticas donde Pedro Castillo continúa dirigiendo una estrategia electoral a pesar de su condena por conspiración para rebelión. Las visitas recurrentes de candidatos, exministros y militantes revelan una red que aprovecha los vacíos del sistema penitenciario para mantener viva la influencia del expresidente. Esta situación no solo genera un debate sobre los privilegios de ciertos reclusos, sino que también socava la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la imparcialidad en los procesos electorales. Mientras no se tomen medidas concretas para regular el acceso político a los penales, la sombra de Castillo seguirá planeando sobre la política peruana.
