La sanción a Kira Alcarraz: un precedente en la ética parlamentaria peruana
Este lunes 1 de junio de 2025, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe que recomienda sancionar con amonestación pública a la legisladora Kira Alcarraz (no agrupados). La sanción responde a las amenazas que la congresista profirió contra una periodista en octubre de 2024, un hecho que reavivó el debate sobre los límites del discurso político y la protección de la libertad de prensa. El caso, que ha generado posiciones encontradas dentro y fuera del Parlamento, pone a prueba la capacidad del Congreso para autorregularse y sancionar conductas que vulneran derechos fundamentales. A continuación, se analizan los detalles de la investigación, el contexto normativo y las implicancias de esta decisión para el sistema democrático peruano.
Los hechos que originaron la investigación
En octubre de 2024, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, la congresista Kira Alcarraz protagonizó un incidente que trascendió los muros del Congreso. Según el expediente presentado por la periodista afectada —cuya identidad se mantiene reservada—, la legisladora le dijo: “Vas a ver lo que te pasa si sigues investigando mi gestión”. La amenaza, proferida en un pasillo del Palacio Legislativo, fue registrada por al menos dos testigos y quedó grabada en el sistema de seguridad del edificio. La periodista, que cubría presuntos actos de corrupción en la Dirección de Salud de Lima, denunció los hechos ante la Comisión de Ética al día siguiente.
El caso cobró relevancia mediática rápidamente. Diversos colectivos de periodistas, como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, emitieron comunicados exigiendo una investigación exhaustiva. “Las amenazas contra quienes ejercen el periodismo de investigación no son un asunto privado, sino un ataque a la democracia”, señaló un vocero de la organización. Alcarraz, por su parte, negó las acusaciones en un primer momento, aunque luego admitió haber tenido “un intercambio de palabras subido de tono” con la comunicadora. La Comisión de Ética abrió indagaciones formales en noviembre de 2024 y recogió testimonios, grabaciones y peritajes psicológicos de la denunciante.
El proceso en la Comisión de Ética: votos y argumentos
La investigación se prolongó durante siete meses. El informe final, aprobado por 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, concluye que la congresista Alcarraz incurrió en una falta grave contra el artículo 6 del Código de Ética Parlamentaria, que prohíbe “realizar actos de hostigamiento, intimidación o amenaza contra cualquier persona en el ejercicio de sus funciones o derechos”. Los comisionados que apoyaron la sanción destacaron que las pruebas eran contundentes: “No se trata de una opinión política, sino de una amenaza directa que busca coartar la labor informativa”, afirmó el presidente de la comisión en la sesión.
Los votos en contra argumentaron que la sanción era desproporcionada. Un grupo minoritario de comisionados sostuvo que la legisladora ya había ofrecido disculpas públicas y que una amonestación no reparaba el daño causado. Sin embargo, el informe subraya que la reincidencia en conductas similares —Alcarraz ya había sido amonestada en 2023 por agredir verbalmente a un asistente— justifica una medida ejemplarizante. La sanción de amonestación pública implica que la falta quedará registrada en el acta del Pleno y será comunicada oficialmente a los medios, pero no conlleva multa ni suspensión del cargo.
“La amonestación pública es un mecanismo que busca que el congresista reconozca su error frente a toda la sociedad. No es una sanción leve, pues mancha su trayectoria política y queda como precedente”, explicó un especialista en derecho parlamentario consultado por este medio.
Reacciones políticas y sociales frente a la decisión
La resolución de la Comisión de Ética generó inmediatas reacciones. La bancada de Fuerza Popular, a la que Alcarraz perteneció hasta 2023, evitó pronunciarse de manera oficial, aunque algunos de sus miembros calificaron la sanción como “innecesaria”. En contraste, partidos de izquierda y agrupaciones de derechos humanos celebraron la medida. “Es un mensaje claro: ningún congresista está por encima de la ley ni puede amedrentar a periodistas”, declaró el portavoz de la Alianza Progresista. La periodista afectada, en un breve comunicado, dijo sentirse “respaldada por la institucionalidad” y confió en que la sanción desincentive futuros ataques.
Asociaciones de prensa internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también se pronunciaron. “El caso Alcarraz demuestra que los mecanismos de autorregulación legislativa pueden funcionar cuando existe voluntad política. Sin embargo, queda pendiente elevar las sanciones a niveles que disuadan realmente estas conductas”, señaló un informe preliminar de la SIP. En redes sociales, el hashtag #JusticiaParaPeriodistas se posicionó entre las tendencias en Perú durante las 24 horas posteriores al anuncio, con miles de usuarios exigiendo que la amonestación sea el inicio de una reforma ética profunda.
Marco normativo: el Código de Ética Parlamentaria y sus limitaciones
El Código de Ética Parlamentaria, aprobado en 2016, establece un catálogo de faltas y sanciones que van desde la amonestación verbal hasta la suspensión de hasta 120 días sin goce de haber. La amonestación pública, aplicada en este caso, es la segunda sanción más leve en la escala. Según el artículo 15 del reglamento, se impone cuando la falta “no revista gravedad extrema” o cuando el congresista no haya reincidido en conductas similares. No obstante, organizaciones como Transparencia Internacional han criticado que estas penas sean insuficientes para delitos como la intimidación a periodistas, que en la vía penal podrían configurar delitos de coacción u obstrucción a la justicia.
Históricamente, la Comisión de Ética ha sido señalada por su baja efectividad. Entre 2020 y 2025, de más de 120 denuncias presentadas, solo 18 terminaron en sanciones efectivas (la mayoría amonestaciones). Especialistas en derecho constitucional coinciden en que el Congreso necesita endurecer su reglamento para que las sanciones tengan un efecto disuasivo real. “Mientras la sanción máxima sea una suspensión corta, los congresistas no temerán incurrir en conductas reñidas con la ética. Este caso debería ser un catalizador para reformar el código”, opinó el abogado constitucionalista Ricardo Grandez en una columna de opinión.
- Faltas leves: amonestación verbal o escrita.
- Faltas graves: amonestación pública o multa hasta 30 días de dieta.
- Faltas muy graves: suspensión de 30 a 120 días.
Implicancias para la libertad de prensa y la democracia peruana
El caso Alcarraz no es un incidente aislado. Según el monitoreo de la organización Article 19, Perú registró 47 agresiones contra periodistas en 2024, de las cuales 12 fueron cometidas por funcionarios públicos o políticos en ejercicio. La amenaza de una congresista a una periodista de investigación representa un ataque directo al núcleo del sistema democrático: la posibilidad de fiscalizar al poder sin temor a represalias. La sanción, aunque modesta, envía una señal de que el Parlamento reconoce la gravedad de estos actos, aunque muchos críticos consideran que debería haberse ido más allá.
La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los protocolos de protección a periodistas. Actualmente, el Ministerio de Justifica cuenta con un programa de acompañamiento, pero no cubre casos de amenazas parlamentarias. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han solicitado que el Congreso cree una comisión especial para recibir denuncias de periodistas contra legisladores, con plazos rápidos y sanciones efectivas. “Si el Congreso no se toma en serio la ética, el discurso de odio y la intimidación se normalizarán”, advirtió un vocero de la organización en Lima.
El rol de las redes sociales y la amplificación del conflicto
El incidente no se limitó al ámbito físico del Congreso. Horas después de la amenaza, la periodista publicó un hilo en X (antes Twitter) relatando lo sucedido, que acumuló más de 200 mil interacciones. La congresista Alcarraz respondió con mensajes evasivos que luego fueron borrados, pero que quedaron capturados por capturas de pantalla. Esto avivó la discusión en redes, donde usuarios expusieron otros supuestos abusos de la legisladora. La Comisión de Ética incluyó en su investigación estas publicaciones como parte de las pruebas de reincidencia.
Sin embargo, el uso de redes también generó controversia. Algunos analistas señalaron que la exposición mediática pudo haber influido en la decisión de la Comisión de Ética, presionada por la opinión pública. “Si bien la presión social es legítima, el debido proceso debe mantenerse. En este caso, la Comisión actuó con celeridad, pero en el futuro habrá que equilibrar la transparencia con la protección de la presunción de inocencia”, reflexionó la politóloga Silvia Maldonado en un foro universitario. El caso evidencia cómo las plataformas digitales se han convertido en un escenario donde se libran batallas por la credibilidad y la impunidad.
La decisión de la Comisión de Ética de sancionar a Kira Alcarraz con amonestación pública representa un paso modesto pero significativo en el camino hacia una mayor responsabilidad parlamentaria. Las amenazas a periodistas no pueden ser toleradas en un sistema democrático que se precie de proteger la libertad de expresión. Aunque muchos consideran que la sanción debería haber sido más severa, el reconocimiento de la falta y la transparencia del proceso sientan un precedente importante. Queda ahora en manos del Pleno del Congreso ratificar o modificar esta recomendación, y en las de la sociedad civil continuar vigilando para que casos similares no queden impunes. La ética parlamentaria no es un lujo, sino una condición esencial para la confianza ciudadana en las instituciones.
