Paisas, Norteños y Sureños reclutan en centros migratorios de EU
La amenaza silenciosa en los centros de detención migratoria
En los últimos años, una realidad preocupante ha emergido en las instalaciones del sistema migratorio estadounidense: la presencia activa de bandas carcelarias como los Paisas, Sureños y Norteños. Estas organizaciones criminales, originadas en las prisiones, han trasladado sus operaciones a los centros de detención del Immigration and Customs Enforcement (ICE). Allí, aprovechando la vulnerabilidad extrema de los migrantes detenidos, despliegan estrategias de reclutamiento que ponen en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas. Según investigaciones recientes del diario EL PAÍS, los detenidos quedan a merced de estas bandas, obligados a convivir con pandilleros que controlan las dinámicas internas de los centros. Este artículo explora cómo opera esta red de cooptación, el perfil de las víctimas y las implicaciones humanitarias y legales que conlleva.
El ecosistema criminal dentro de las instalaciones de ICE
Los centros de detención migratoria, diseñados para albergar temporalmente a personas en proceso de deportación, se han convertido en un caldo de cultivo para la actividad delictiva. Bandas como los Paisas (originarios de Colombia), los Sureños (vinculados a la mafia mexicana) y los Norteños (de la costa oeste de EE.UU.) no solo coexisten en estos espacios, sino que imponen su propia jerarquía. Utilizan la violencia, la intimidación y la promesa de protección para ganar influencia sobre los recién llegados.
«Varias bandas carcelarias también operan en las instalaciones de la agencia migratoria, donde sus miembros reclutan a migrantes vulnerables.» — EL PAÍS
El sistema de control que estas pandillas ejercen abarca desde la distribución de recursos básicos —como comida, ropa o acceso a llamadas telefónicas— hasta la organización de castigos físicos a quienes se niegan a cooperar. La falta de separación por perfiles de riesgo dentro de los centros permite que pandilleros convictos compartan espacios con familias enteras, mujeres y menores, rompiendo cualquier protocolo de seguridad.
Además, el trasiego de información y contactos desde el interior de los centros hacia el exterior alimenta redes más amplias de trata y tráfico de personas. Los líderes de las bandas utilizan a los migrantes reclutados como mensajeros o facilitadores para extender sus operaciones ilícitas más allá de las rejas.
El perfil de las víctimas: vulnerabilidad como puerta de entrada
Los migrantes detenidos llegan a estos centros en un estado de máxima fragilidad. Huyendo de la violencia, la pobreza o la persecución en sus países de origen, se enfrentan a un sistema desconocido, barreras lingüísticas y un futuro incierto. Esta situación los convierte en blancos perfectos para los reclutadores de las bandas. Las promesas de protección, dinero fácil o conexiones para acelerar su proceso migratorio son anzuelos difíciles de rechazar cuando se carece de opciones.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico ilícito de migrantes se ha sofisticado, aprovechando las lagunas de los sistemas de detención. En los centros de ICE, los pandilleros identifican a los migrantes con mayores deudas contraídas con los coyotes o las organizaciones que los trajeron hasta la frontera. Una vez detectados, los presionan para que «paguen» trabajando para la banda dentro del centro o después de su liberación.
Las mujeres migrantes son especialmente vulnerables. Sufren acoso sexual, coerción y son forzadas a tareas domésticas para los líderes de las pandillas. Los menores no acompañados, por su parte, son reclutados como correos o vigilantes a cambio de protección frente a otros detenidos. El silencio es la norma: denunciar implica represalias brutales, tanto para el denunciante como para su familia en el exterior.
La conexión con la campaña masiva de deportaciones
El gobierno estadounidense lanzó recientemente una campaña masiva para reclutar agentes y aumentar la capacidad de detención, con la meta de alcanzar un millón de deportaciones anuales. Este incremento exponencial en el número de detenidos, como se reporta en diversos medios, profundiza la crisis en las instalaciones. Más personas hacinadas significan menos control, mayor desbordamiento de los protocolos y más espacios para que las bandas criminales consoliden su poder.
La presión por llenar cuotas de deportación lleva a las autoridades a procesar de manera acelerada a los migrantes, sin realizar un filtro adecuado de antecedentes penales o de pertenencia a pandillas. Como resultado, criminales convictos y pandilleros activos son ingresados junto con solicitantes de asilo o familias que nunca han tenido problemas con la ley. Esta mezcla es la gasolina que aviva el fuego del reclutamiento.
La situación se agrava porque los propios agentes de ICE, abrumados por la carga de trabajo y las órdenes de máxima eficiencia, tienden a ignorar las dinámicas internas de violencia. No existen mecanismos sistemáticos para identificar a los miembros de bandas dentro de los centros, ni para aislarlos del resto de la población migrante.
Vínculos con el tráfico ilícito de migrantes y el crimen organizado
El fenómeno del reclutamiento en los centros de detención no es un hecho aislado, sino un eslabón más dentro de la cadena del crimen organizado transnacional. La UNODC señala que evaluar la dimensión real del tráfico ilícito de migrantes es complejo debido a su naturaleza clandestina. Sin embargo, hay evidencia de que las mismas bandas que controlan las rutas migratorias desde Centroamérica y México también tienen presencia dentro de los centros de ICE.
Los Paisas, por ejemplo, operan como una extensión de los carteles colombianos, mientras que los Sureños responden a intereses del Cártel de Sinaloa y otros grupos mexicanos. Al reclutar migrantes dentro de los centros, estas organizaciones obtienen mano de obra barata y leal para sus operaciones en territorio estadounidense, que incluyen distribución de drogas, extorsión, lavado de dinero y trata de personas.
El reclutamiento forzado dentro de los centros les permite además ejercer control sobre las víctimas mediante el chantaje. Saben que si un migrante colabora con la banda, su proceso de deportación puede ser manipulado o retrasado. Si se niega, su vida corre peligro. Esta dinámica convierte a los centros de detención en auténticos semilleros de futuros miembros de pandillas que luego serán liberados dentro de la sociedad estadounidense.
Consecuencias legales y humanitarias de la convivencia forzada
La convivencia forzada entre migrantes vulnerables y pandilleros activos vulnera principios fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Perú ha documentado cómo las políticas restrictivas exponen a los migrantes a condiciones de especial atención y riesgo. Aunque su análisis se centra en la región andina, la situación en los centros de ICE sigue patrones similares: falta de protección, hacinamiento y ausencia de un debido proceso.
Desde el punto de vista legal, muchos de los migrantes reclutados podrían ser considerados víctimas de trata, según la definición del Protocolo de Palermo. Sin embargo, al estar detenidos en un sistema migratorio que los ve como infractores, rara vez reciben el estatus de víctimas. Son criminalizados por su situación migratoria mientras son cooptados por organizaciones criminales.
Las consecuencias psicológicas son devastadoras. Los migrantes que logran ser deportados o liberados arrastran traumas profundos: estrés postraumático, ansiedad y miedo constante a represalias. Muchos terminan trabajando para las bandas una vez fuera, perpetuando el ciclo de violencia. Las familias que quedan en los países de origen también sufren, ya que las bandas presionan a los detenidos con amenazas contra sus seres queridos.
Respuestas institucionales y el camino hacia una solución
Frente a esta crisis, las respuestas institucionales han sido insuficientes. La falta de transparencia en los centros de detención dificulta la labor de los organismos de derechos humanos. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han denunciado repetidamente las condiciones inhumanas, pero las soluciones estructurales tardan en llegar. Se requiere una reforma integral del sistema de detención migratoria que incluya la separación por perfiles, la capacitación de los agentes para identificar amenazas de pandillas y la creación de canales seguros de denuncia para los detenidos.
Algunas voces proponen eliminar la detención administrativa y optar por alternativas comunitarias supervisadas, como pulseras electrónicas o presentación periódica ante las autoridades. Esto reduciría el hacinamiento y el poder de las bandas dentro de los centros. Además, es crucial que el gobierno estadounidense colabore con los países de origen y tránsito para desarticular las redes criminales desde la raíz.
Mientras tanto, la comunidad internacional debe presionar para que se respeten los derechos de los migrantes detenidos. La lucha contra el reclutamiento forzado no es solo una cuestión de seguridad migratoria, sino de dignidad humana. Cada persona que cruza una frontera merece protección, no ser entregada a la merced de las pandillas.
Conclusión: una crisis que exige acción urgente
La presencia de bandas como los Paisas, Sureños y Norteños en los centros de detención migratoria de Estados Unidos revela una falla sistémica de consecuencias humanitarias devastadoras. Miles de migrantes vulnerables son reclutados a la fuerza, atrapados entre la maquinaria de deportación y el control criminal. Las políticas de detención masiva, lejos de disuadir la migración irregular, alimentan un ciclo de violencia que se extiende por todo el continente. Es imperativo que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil exijan reformas profundas: separación de perfiles, alternativas a la detención y protección real para las víctimas. El silencio cómplice no es una opción. La dignidad de quienes buscan una vida mejor no puede ser sacrificada en el altar de la seguridad mal entendida. La solución debe poner a las personas en el centro, no a las cuotas de deportación.
