Un proyecto de ley para sancionar la instalación de rucos
Un grupo de diputados de la Comisión de Gobierno Interior, integrado por Felipe Ross (Republicano), Claudia Mora (RN), Mario Olavarría (UDI), Javier Olivares (PDG) y Álvaro Jofré (PNL), junto al diputado Eduardo Durán (RN), ha presentado una iniciativa legal que busca tipificar como delito la instalación de los denominados «rucos» para pernoctar o habitar. La propuesta nace en respuesta al aumento de este fenómeno en el último tiempo y al consiguiente deterioro de los espacios públicos, una preocupación que ha escalado en la agenda política y ciudadana. El proyecto establece penas que van desde los 61 hasta los 540 días de presidio, según lo informado por la Cooperativa el 9 de junio de 2026.
La medida pretende abordar una problemática que, según los impulsores, ha generado conflictos en plazas, parques y veredas de diversas comunas del país. Los «rucos» son estructuras precarias que, además de ocupar ilegalmente el espacio público, suelen asociarse a condiciones de insalubridad, inseguridad y deterioro del entorno urbano. Con este proyecto, los legisladores buscan entregar herramientas concretas a las autoridades para enfrentar una situación que, hasta ahora, carecía de una tipificación penal clara.
El crecimiento del fenómeno y el deterioro de los espacios públicos
En los últimos años, la instalación de «rucos» en espacios públicos ha experimentado un aumento significativo en distintas regiones de Chile. Este fenómeno no solo afecta la imagen de las ciudades, sino que también genera problemas de convivencia vecinal, riesgos sanitarios y una percepción de inseguridad entre los habitantes. Los diputados autores del proyecto señalan que la proliferación de estas estructuras ha llevado a un uso indebido de bienes nacionales de uso público, transformando áreas diseñadas para el esparcimiento y la circulación en zonas de habitación irregular.
El deterioro de los espacios públicos se manifiesta en acumulación de basura, daños a la infraestructura urbana y conflictos entre quienes utilizan estos lugares de manera transitoria y quienes residen en las cercanías. Ante la falta de una respuesta legal contundente, muchas municipalidades han intentado desalojos administrativos que resultan insuficientes o de corta duración. La iniciativa busca llenar ese vacío legal con una sanción penal que actúe como elemento disuasivo.
Los argumentos de los diputados detrás de la iniciativa
Los parlamentarios que respaldan el proyecto han fundamentado su propuesta en la necesidad de proteger el orden público y la calidad de vida de los ciudadanos. Según declaraciones recogidas en la fuente de Cooperativa, los legisladores afirman que «no se puede permitir que el espacio público se convierta en un campamento ilegal». Subrayan que la medida no está dirigida a criminalizar la pobreza, sino a regular conductas que afectan el bienestar colectivo y que, en muchos casos, están vinculadas a actividades ilícitas.
El diputado Felipe Ross ha señalado que la iniciativa nace de «la indignación de vecinos que ven cómo sus plazas y parques son tomados por personas que instalan rucos sin ningún tipo de control». Por su parte, Claudia Mora (RN) agregó que se trata de «una respuesta legislativa a una realidad que crece día a día y que las herramientas actuales no logran contener». El proyecto, por tanto, se presenta como una solución punitiva que complementa las políticas sociales y de vivienda.
Las penas propuestas y el debate jurídico
La propuesta contempla penas de presidio que van desde 61 a 540 días, lo que la sitúa en el rango de las faltas o delitos menores en el sistema penal chileno. Esta horquilla permite a los jueces aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de cada caso, considerando factores como la reiteración, el daño causado o la existencia de redes de explotación. Los impulsores han aclarado que la tipificación no busca encarcelar a personas en situación de calle, sino sancionar a quienes instalan rucos de manera organizada o con fines diferentes a la mera supervivencia.
El debate jurídico se centra en si esta medida vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda o a la libre circulación. Sin embargo, los autores defienden que el proyecto se enmarca en la facultad del Estado para regular el uso del espacio público y garantizar la seguridad. Además, señalan que la iniciativa establece excepciones para situaciones de emergencia o desplazamiento forzoso, aunque aún no se han detallado los criterios específicos.
Impacto social y posibles consecuencias
Desde una perspectiva social, el proyecto genera posturas encontradas. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la criminalización de la instalación de rucos podría agravar la situación de personas en situación de calle, empujándolas a la clandestinidad o a conflictos con la justicia sin ofrecer soluciones habitacionales. Por otro lado, agrupaciones de vecinos y autoridades locales ven en la medida una herramienta necesaria para recuperar espacios públicos que consideran perdidos.
Las consecuencias directas de la ley, de ser aprobada, incluirían un aumento de denuncias y procesos judiciales en contra de quienes instalen estas estructuras. También podría incentivar a las municipalidades a coordinar acciones con Carabineros y fiscalías. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de su aplicación selectiva y de la existencia de programas sociales paralelos que atiendan las causas estructurales del fenómeno, como la falta de vivienda asequible y el consumo problemático de drogas.
El camino legislativo y las voces encontradas
El proyecto de ley deberá ahora iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados, donde probablemente enfrentará un debate intenso. Mientras algunos sectores políticos apoyan la iniciativa como una respuesta necesaria al desorden urbano, otros la consideran una solución punitiva que elude el fondo del problema. La discusión incluirá la revisión de antecedentes internacionales y la opinión de expertos en seguridad, derecho penal y políticas sociales.
En paralelo, las comisiones de Vivienda y Desarrollo Social podrían solicitar informes para evaluar el impacto en las personas más vulnerables. Los propios diputados autores han manifestado su disposición a mejorar el texto durante la tramitación, incorporando garantías procesales y medidas alternativas a la prisión. El resultado final dependerá del equilibrio que logre el Parlamento entre la protección del espacio público y el respeto a los derechos humanos.
«Este proyecto no es contra los pobres, es contra quienes abusan del espacio público y generan inseguridad. Tenemos que ser claros: queremos recuperar nuestras ciudades.» – Declaración conjunta de los diputados impulsores, según reportaje de Cooperativa.
Conclusión: una respuesta legislativa a un problema multifactorial
El proyecto presentado por los diputados de la Comisión de Gobierno Interior tipifica como delito la instalación de rucos con penas de 61 a 540 días de presidio, en un intento por frenar el deterioro de los espacios públicos y la percepción de inseguridad. La iniciativa refleja la preocupación ciudadana y política por un fenómeno que ha crecido en los últimos años, pero también abre un debate sobre la criminalización de la pobreza y la necesidad de abordar sus causas profundas. La tramitación legislativa será clave para definir si esta medida logra un equilibrio entre el orden urbano y la protección de los derechos fundamentales, en un contexto donde las soluciones habitacionales y sociales siguen siendo urgentes.
