Revelan pruebas que contradicen la versión oficial de la ONPE sobre la falta de camiones
Una serie de fotografías y videos registrados dentro del almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lurín han puesto en tela de juicio las declaraciones oficiales del jefe del organismo, Piero Corvetto. Las imágenes, difundidas inicialmente por Diario El Comercio en sus plataformas digitales, muestran una flota de camiones de la empresa contratista Gálaga que estaban disponibles para el traslado de material electoral antes del pasado 12 de abril. Este hallazgo contradice directamente la versión de Corvetto, quien había señalado que la demora en la distribución se debía a la falta de unidades por parte de la empresa responsable. La controversia ha generado un intenso debate sobre la transparencia del proceso electoral y la gestión logística de la ONPE en un momento crítico para el país.
El material audiovisual, que ha sido verificado por diversos medios de comunicación, capta el interior del almacén de Lurín donde se observan al menos una docena de camiones estacionados, algunos con las puertas traseras abiertas y aparentemente listos para ser cargados. Las fechas de los registros, anteriores al 12 de abril, resultan clave para desmontar el argumento de la «falta de unidades» que la ONPE utilizó para justificar los retrasos en la entrega de actas y materiales electorales. La pregunta que surge ahora es: si los camiones estaban allí, ¿por qué no se utilizaron a tiempo?
Las declaraciones de Piero Corvetto bajo la lupa de la evidencia
El pasado 12 de abril, Piero Corvetto compareció ante los medios para explicar los retrasos en la distribución del material electoral para las elecciones regionales y municipales. En esa oportunidad, el funcionario afirmó que la empresa contratista, Gálaga, no había dispuesto de suficientes camiones para cumplir con el cronograma establecido. «Estamos teniendo problemas logísticos con la empresa transportista, no tienen las unidades suficientes», declaró Corvetto, según recoge El Comercio. Sin embargo, las imágenes que ahora se conocen muestran una realidad muy distinta dentro del almacén de Lurín.
La discrepancia entre el discurso oficial y la evidencia visual ha provocado un fuerte cuestionamiento hacia la gestión de la ONPE. En las grabaciones se pueden identificar los logotipos de la empresa Gálaga en varios de los camiones estacionados, lo que sugiere que la flota estaba operativa y disponible. Además, testigos presenciales citados por Latina Noticias indican que una larga fila de camiones permaneció varada frente al almacén de la ONPE en Lurín, a la espera de recibir instrucciones para la carga del material electoral. Esta situación plantea serias dudas sobre si el problema real fue de coordinación interna y no de disponibilidad de vehículos.
El contexto de las diligencias del Ministerio Público y el JNE
En paralelo a la difusión de las imágenes, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizaron diligencias conjuntas en el mismo almacén de la ONPE en Lurín. Imágenes exclusivas compartidas en Instagram muestran a fiscales y representantes del JNE revisando actas electorales y cajas de material en las instalaciones. La presencia de estas autoridades no solo busca verificar el estado de los documentos, sino también esclarecer las razones detrás de los retrasos que afectaron el proceso electoral.
La intervención del Ministerio Público sugiere que el caso podría tener implicaciones legales. Si se confirma que la ONPE tuvo camiones disponibles antes del 12 de abril y no los utilizó, o si se demuestra que la empresa contratista cumplió con su parte del contrato, las consecuencias podrían alcanzar a los responsables de la planificación logística. Las actas revisadas durante la diligencia forman parte de la documentación que debió ser distribuida a tiempo para garantizar la transparencia del sufragio, y cualquier anomalía en su manejo podría ser considerada una falta grave.
Reacciones y denuncias en redes sociales y medios de comunicación
Las publicaciones en Facebook de Diario El Comercio y de Latina Noticias han generado una ola de reacciones entre los ciudadanos. Los usuarios comparten masivamente las imágenes de los camiones estacionados, acompañadas de comentarios que exigen una investigación independiente. «Si los camiones estaban ahí, ¿dónde está la verdad?», se lee en uno de los comentarios más destacados. La viralización del contenido ha obligado a la ONPE a emitir un comunicado, aunque hasta el momento no ha abordado directamente la contradicción entre sus dichos y la evidencia visual.
La presión mediática ha aumentado luego de que otros medios locales verificaran la autenticidad de las grabaciones. El Comercio publicó un artículo detallado titulado «Camiones de empresa Gálaga estaban disponibles para trasladar material electoral antes del 12 de abril», donde se presentan pruebas fotográficas con fechas y sellos de tiempo. La nota señala que los vehículos fueron vistos dentro del perímetro del almacén de Lurín, lo que refuerza la tesis de que la falla no fue de disponibilidad sino de gestión.
Implicaciones para la transparencia del proceso electoral peruano
El escándalo en torno a los camiones de la ONPE no solo afecta la credibilidad de Piero Corvetto, sino que pone en duda la eficiencia de todo el sistema logístico electoral. En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, episodios como este alimentan sospechas de negligencia o, peor aún, de intencionalidad. La demora en la distribución de material electoral puede generar impugnaciones y retrasar la proclamación de resultados, lo que a su vez afecta la gobernabilidad local.
Expertos en derecho electoral consultados por medios locales coinciden en que la ONPE debe rendir cuentas de manera detallada.
«No basta con decir que hubo problemas logísticos. Si hay evidencia de que los camiones estaban disponibles, la institución debe explicar por qué no se cargaron a tiempo», señaló un analista citado en la cobertura de El Comercio.
La situación también abre un frente judicial, ya que cualquier irregularidad en el manejo del material electoral podría ser tipificada como delito contra la administración pública.
La responsabilidad de la empresa contratista Gálaga y los contratos públicos
La empresa Gálaga, señalada inicialmente por la ONPE como la causante del retraso, ahora también está en el ojo de la tormenta. Las imágenes muestran sus camiones dentro del almacén, lo que sugiere que la compañía cumplió con poner a disposición las unidades contratadas. Sin embargo, falta determinar si existió algún incumplimiento en los horarios de carga o si la ONPE no coordinó adecuadamente la logística. Los contratos públicos con el Estado suelen incluir cláusulas de penalidad por demoras, y de comprobarse que la falta fue de la ONPE, la empresa podría exigir indemnizaciones.
El caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar los procesos de licitación y supervisión de contratos logísticos en el organismo electoral. Durante años, la ONPE ha sido cuestionada por su manejo de recursos y por la opacidad en la asignación de servicios. Esta nueva controversia podría acelerar una reforma interna, aunque el tiempo apremia: las próximas elecciones requieren de un sistema confiable que garantice la entrega oportuna de materiales. Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas concretas y no más excusas.
Conclusión: La verdad de las imágenes y el costo de la desinformación
Las fotografías y videos del almacén de la ONPE en Lurín han revelado una verdad incómoda para la administración de Piero Corvetto: los camiones estaban disponibles, pero no se usaron. Esta evidencia contradice de manera frontal la versión oficial que culpaba a la empresa contratista, y abre interrogantes sobre la real capacidad de gestión del organismo electoral. La intervención del Ministerio Público y el JNE es un paso necesario para esclarecer los hechos, pero la confianza pública ya ha sufrido un golpe.
En un contexto donde cada voto cuenta y la transparencia es fundamental para la democracia, las explicaciones evasivas ya no son suficientes. La ciudadanía merece saber por qué, teniendo los recursos a disposición, el material electoral no llegó a tiempo. Este caso debe servir como lección para que la ONPE revise sus protocolos logísticos y rinda cuentas de manera clara y oportuna. De lo contrario, el costo no será solo político, sino también la erosión de la credibilidad en el sistema electoral peruano.
