En el centro del debate político argentino se encuentra la ley de Zonas Frías, una norma impulsada por Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, que en 2021 triplicó la cantidad de beneficiarios de subsidios al gas. Ahora, el gobierno de Javier Milei busca dar marcha atrás con esta iniciativa, argumentando un impacto fiscal insostenible. La suerte de la medida depende de los gobernadores y aliados del oficialismo, cuyos votos serán decisivos en el Congreso. Este artículo analiza el origen de la ley, las consecuencias de su ampliación, la estrategia del Ejecutivo para derogarla y el papel clave de las provincias en una pulseada que afecta a millones de hogares.
El origen de la Ley de Zonas Frías y la ampliación de 2021
El régimen de Zonas Frías fue creado en 2002 con el objetivo de compensar los mayores consumos de gas en regiones de bajas temperaturas, como la Patagonia, Cuyo y parte de la provincia de Buenos Aires. Durante casi dos décadas, el beneficio alcanzó a aproximadamente 1,5 millones de hogares, aplicándose descuentos en las tarifas para aliviar los gastos de calefacción en inviernos rigurosos.
En 2021, bajo la gestión de Alberto Fernández y con Máximo Kirchner como presidente de la Cámara de Diputados, se sancionó una ley que amplió significativamente el alcance del régimen. La nueva norma incorporó localidades que antes quedaban fuera del beneficio y redujo los requisitos de temperatura para acceder al subsidio. Como resultado, la cantidad de beneficiarios se triplicó, sumando más de 4 millones de hogares en todo el país.
La ampliación fue celebrada por los gobernadores de las provincias más frías, que vieron en la medida un alivio para sus poblaciones. Sin embargo, también generó un fuerte incremento en el gasto fiscal destinado a subsidios energéticos, que pasó a representar un porcentaje cada vez mayor del presupuesto nacional.
El impacto de la ampliación: triplicación de beneficiarios y costo fiscal
La decisión de extender los subsidios al gas en zonas frías tuvo consecuencias inmediatas en las cuentas públicas. Según estimaciones oficiales, el costo anual del régimen pasó de unos 30 mil millones de pesos a más de 100 mil millones de pesos, en un contexto de alta inflación y déficit fiscal. El gobierno saliente de Alberto Fernández defendió la medida como una herramienta de inclusión social, pero los nuevos gestores de la economía la consideran insostenible.
El impacto se sintió con fuerza en provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y La Pampa, donde el número de hogares subsidiados se disparó. En algunas localidades, la cobertura alcanzó a más del 80% de la población, generando una dependencia casi total del subsidio estatal. Sin embargo, el costo de mantener este esquema compromete otros gastos públicos, como inversión en infraestructura o salud.
- Beneficiarios originales (2002-2021): aproximadamente 1,5 millones de hogares.
- Beneficiarios tras la ampliación (2021 en adelante): más de 4,5 millones de hogares.
- Costo fiscal estimado: se triplicó, superando los 100 mil millones de pesos anuales.
El gobierno de Javier Milei argumenta que estos subsidios distorsionan los precios relativos y benefician a sectores que podrían pagar tarifas más altas, mientras que los hogares de menores ingresos no siempre reciben el alivio esperado debido a la ineficiencia del sistema.
La ofensiva del gobierno de Milei para derogar la norma
Desde su llegada al poder, el Ejecutivo encabezado por Javier Milei ha señalado la ley de Zonas Frías como uno de los principales focos de gasto innecesario. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha insistido en que la Argentina no puede sostener un régimen de subsidios que representa una erogación equivalente a varios puntos del PBI. En ese marco, el gobierno comenzó a juntar votos en el Congreso para derogar la ampliación de 2021 y, eventualmente, modificar el régimen original.
La estrategia oficial consiste en presentar un proyecto de ley que elimine los beneficios adicionales y vuelva a la situación previa a la reforma de Máximo Kirchner. Sin embargo, el oficialismo carece de mayoría propia en ambas cámaras, por lo que necesita sumar apoyos de bloques aliados como el PRO, la UCR y algunos partidos provinciales. Las negociaciones se han intensificado en las últimas semanas, con reuniones en la Casa Rosada y en los despachos de los gobernadores.
Según informó el diario Clarín, el gobierno «junta votos para dar marcha atrás con la ley de Máximo Kirchner». La noticia generó una fuerte reacción de La Cámpora y de los sectores que defienden la ampliación, quienes advierten que millones de familias perderán un alivio indispensable para afrontar el invierno. El debate promete ser uno de los más álgidos del año legislativo.
El rol de los gobernadores y aliados en la disputa política
Los gobernadores de las provincias incluidas en la Zona Fría son actores clave para definir la suerte de la iniciativa. La mayoría de ellos pertenece al peronismo o a partidos provinciales, pero también hay mandatarios de Juntos por el Cambio que dependen de los subsidios para sus territorios. Su posición será determinante en el Congreso, donde los votos necesarios para aprobar una derogación o modificación deben provenir en gran medida de las bancadas provinciales.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), ha expresado su preocupación por el eventual recorte, señalando que su provincia tiene una de las tarifas de gas más altas del país y que la eliminación del subsidio golpearía con dureza a los hogares. Por su parte, el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), ha mantenido una postura más cauta, aunque reconoció que «la provincia no puede sostener el costo sin el apoyo nacional».
En el oficialismo nacional, algunos aliados como el PRO y la UCR se muestran divididos. Mientras que sectores liberales apoyan la eliminación del subsidio por razones de ajuste fiscal, otros legisladores de estas fuerzas representan distritos fríos y temen el costo electoral de una medida impopular. Las negociaciones se centran en posibles transiciones: mantener el subsidio para los hogares de menores ingresos o establecer topes al consumo subsidiado.
«Los gobernadores y aliados del oficialismo serán clave para definir la suerte de la iniciativa», resume un análisis de la situación política, según consigna la agencia de noticias.
Las consecuencias para los hogares si se elimina el subsidio
Si el gobierno logra derogar la ampliación de la ley de Zonas Frías, millones de hogares podrían perder el descuento que actualmente reciben en sus facturas de gas. Según evaluaciones preliminares, el impacto sería especialmente severo en localidades de la Patagonia, la Cordillera de los Andes y la precordillera de Cuyo, donde las temperaturas invernales caen muy por debajo de cero grados y el consumo de gas es indispensable para la calefacción.
En provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén, el subsidio representa un ahorro de entre el 30% y el 50% en la factura mensual. Su eliminación implicaría un aumento significativo en el costo de vida, en un contexto donde los salarios reales vienen cayendo. Las organizaciones de consumidores ya alertaron sobre el riesgo de que muchas familias no puedan afrontar el pago de los servicios y terminen en situación de pobreza energética.
El gobierno propone como alternativa un mecanismo de focalización: mantener el subsidio solo para los hogares que estén en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), es decir, los de menores ingresos. Sin embargo, los críticos señalan que el RASE aún tiene falencias de cobertura y que muchos hogares de clase media que dependen del gas para vivir en zonas frías quedarían desprotegidos. La discusión técnica y política está lejos de cerrarse.
Conclusión
La pulseada en torno a la ley de Zonas Frías refleja las tensiones entre el ajuste fiscal y la protección social en la Argentina actual. La norma impulsada por Máximo Kirchner triplicó los beneficiarios y disparó el costo de los subsidios, pero también alivió a millones de hogares en regiones donde el clima obliga a un gasto elevado en calefacción. El gobierno de Milei busca dar marcha atrás con argumentos económicos, pero necesita los votos de gobernadores y aliados que, a su vez, deben responder a sus electores. El desenlace dependerá de las negociaciones parlamentarias y de la capacidad de encontrar una solución intermedia que no deje a miles de familias en el frío. Mientras tanto, el debate sigue abierto.
