Compra directa de S/110 millones: la polémica decisión que la ATU intentó justificar
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) protagonizó uno de los escándalos administrativos más sonados del año al intentar concretar la compra directa del sistema de videovigilancia por más de 110 millones de soles. Lo que parecía una solución rápida frente a la creciente inseguridad ciudadana terminó siendo un proceso lleno de inconsistencias técnicas, según reveló un informe del Órgano de Control Institucional (OCI). Este artículo analiza a fondo cómo la ATU defendió públicamente el proceso, minimizó las observaciones y, finalmente, se vio obligada a retroceder cuando las pruebas documentales evidenciaron graves fallas en la acreditación del Consorcio Perú-Bolivia, el postor favorecido. Con datos concretos de la investigación, se desglosará cada etapa de esta polémica contratación.
El contexto de emergencia y la figura de la compra directa
La ATU argumentó que la compra directa del sistema de videovigilancia era necesaria para enfrentar la inseguridad ciudadana en el transporte público. Bajo esa excusa, la entidad evitó el procedimiento de licitación pública, acelerando la contratación para instalar 40.000 cámaras en 8.000 buses. Sin embargo, el uso de la figura de «emergencia» despertó sospechas desde el inicio, pues no se demostró que existiera una situación extraordinaria e imprevisible que justificara saltar los controles previos.
El monto ascendía a S/110,9 millones, cifra considerable para un sistema que, según el proyecto, debía integrar videovigilancia en tiempo real con el centro de monitoreo de la ATU. A pesar de los cuestionamientos iniciales de algunas organizaciones de control ciudadano, la entidad defendió la urgencia y avanzó con el proceso. La prensa registró cómo funcionarios de la ATU calificaron las observaciones como «informales» o «sin sustento», creando un ambiente de confianza que luego se derrumbaría.
El informe del Órgano de Control Institucional (OCI): las inconsistencias técnicas
El punto de quiebre llegó con el informe del Órgano de Control Institucional, que reveló inconsistencias en la acreditación técnica del Consorcio Perú-Bolivia. Según la investigación, el consorcio no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia y capacidad técnica exigidos en las bases. El documento señaló que la documentación presentada carecía de validez, con certificaciones de obras anteriores que no coincidían con los registros oficiales.
Además, se detectaron irregularidades en la evaluación de los proveedores. El informe indica que el comité de selección habría ignorado parte de la normativa al validar la oferta del consorcio. Entre los hallazgos más graves está la falta de acreditación de la capacidad de integración tecnológica con los sistemas existentes de la ATU. Esta debilidad técnica ponía en riesgo no solo la inversión, sino la funcionalidad misma del proyecto de videovigilancia.
La defensa pública de la ATU y el posterior retroceso
Durante semanas, la ATU defendió públicamente la compra directa del sistema de videovigilancia y minimizó las observaciones técnicas. En declaraciones a medios como El Comercio, voceros de la entidad aseguraron que el proceso era «transparente» y que las críticas provenían de intereses particulares. Incluso realizaron una campaña informativa en redes sociales para contrarrestar las versiones que señalaban irregularidades.
Sin embargo, la presión mediática y la contundencia del informe del OCI obligaron a la ATU a dar marcha atrás. La entidad anunció la anulación del proceso de contratación el mismo día en que el informe se hizo público. El comunicado oficial reconoció «deficiencias en la acreditación técnica» y prometió realizar una nueva convocatoria con estándares más rigurosos. Este giro evidenció la fragilidad de la defensa inicial y generó preguntas sobre la responsabilidad de los funcionarios que impulsaron el proceso.
El Consorcio Perú-Bolivia: perfil del postor y cuestionamientos
El Consorcio Perú-Bolivia era el único postor que avanzaba en la evaluación cuando se suspendió la compra. Según la información recabada por la investigación, el consorcio estaba conformado por dos empresas: una peruana con apenas tres años de experiencia en sistemas de seguridad y otra boliviana que no tenía registro de haber instalado más de 5.000 cámaras en proyectos previos. A pesar de esto, la ATU consideró que cumplía con los requisitos de la emergencia.
Tras la anulación, desde el sector privado y la Contraloría se han planteado posibles denuncias penales. Así lo reportó El Comercio, indicando que se evalúa una acción legal por presuntos delitos de colusión y omisión de funciones. El Consorcio Perú-Bolivia, por su parte, emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones y asegura que estaba en capacidad de ejecutar el proyecto. Sin embargo, el informe del OCI sigue siendo la principal evidencia en contra.
Implicaciones para la contratación pública en emergencia
Este caso sienta un precedente importante sobre el uso de la figura de compra directa en situaciones de emergencia. La legislación peruana permite acelerar contrataciones cuando existe un riesgo inminente para la vida, la salud o la seguridad, pero exige que la declaración de emergencia esté debidamente justificada y que el proceso sea transparente. En el caso de la ATU, el informe del OCI demostró que la emergencia fue utilizada como excusa para evitar controles, sin que existiera una situación extraordinaria real.
La anulación de la compra directa del sistema de videovigilancia envía una señal a otras entidades públicas: los controles institucionales pueden frenar procesos que no cumplan con la normativa. Además, se espera que la Contraloría emita directrices más estrictas para evitar que se repitan casos similares. La ciudadanía, por su parte, exige mayores mecanismos de rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de proyectos millonarios en el transporte público.
Lecciones aprendidas y perspectivas a futuro
Tras la anulación, la ATU enfrenta el reto de retomar el proyecto de videovigilancia desde cero, pero con una credibilidad seriamente dañada. Las lecciones son claras: primero, la urgencia no debe sacrificar la calidad técnica ni la transparencia. Segundo, la defensa pública de procesos cuestionables termina siendo contraproducente cuando la evidencia demuestra lo contrario. Tercero, el Órgano de Control Institucional demostró ser un contrapeso efectivo, pero se requiere que sus informes sean vinculantes y no solo recomendaciones.
De cara al futuro, los especialistas recomiendan que la ATU realice una licitación pública abierta, con plazos razonables y criterios técnicos verificables. También sugieren que se incluya la participación de organismos de control durante todo el proceso. Sólo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar que los 110 millones de soles destinados a la seguridad en el transporte público sean invertidos de manera eficiente y legal.
Conclusión
El intento de compra directa del sistema de videovigilancia por parte de la ATU se convirtió en un caso emblemático de cómo la opacidad y la urgencia mal justificada pueden llevar a decisiones erróneas. El informe del Órgano de Control Institucional, que reveló inconsistencias en la acreditación técnica del Consorcio Perú-Bolivia, obligó a la entidad a anular el proceso luego de haberlo defendido públicamente. Este episodio deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las contrataciones de emergencia y de exigir responsabilidades a quienes las impulsan. La confianza ciudadana solo se recuperará cuando la transparencia y la rigurosidad técnica sean la norma, no la excepción, en cada sol invertido en seguridad vial.
