La sombra de la Contraloría sobre la gestión universitaria: una investigación en curso
En las últimas semanas, una serie de revelaciones ha sacudido el ámbito académico y público del Perú. Informes de la Contraloría General de la República, documentos fiscales y testimonios recogidos por el diario El Comercio han puesto bajo la lupa el manejo de recursos públicos y las decisiones adoptadas por la actual gestión de una universidad pública. Las evidencias, que circulan a través de videos en Facebook, publicaciones en X (antes Twitter) y reel de Instagram, apuntan a un cuestionamiento sistémico sobre la transparencia y la legalidad de ciertos actos administrativos. Este artículo desmenuza los hallazgos más críticos, analiza su contexto y proyecta las posibles consecuencias para la comunidad universitaria y el erario nacional.
Los hallazgos contables: pasivos crecientes y deterioro patrimonial
De acuerdo con los informes de la Contraloría citados por El Comercio, la universidad bajo investigación registra un alarmante aumento de pasivos. Las cifras, que han sido difundidas en redes sociales como Threads y X, indican que la deuda acumulada ha crecido en un porcentaje significativo durante el último periodo fiscal. Este incremento no solo refleja una gestión financiera deficiente, sino que también ha sido señalado como posible indicio de desvío de fondos o de contrataciones sobrevaloradas.
Además, el deterioro patrimonial es otro de los puntos críticos. Los documentos fiscales analizados por los periodistas revelan que activos fijos —como equipos de laboratorio, mobiliario e infraestructura— han perdido valor de manera acelerada, en algunos casos sin justificación técnica. La Contraloría reportó problemas de solvencia en la entidad, lo que sugiere que la universidad podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras a corto y mediano plazo. Este panorama, detallado en el video publicado por El Comercio en Facebook, ha encendido las alarmas entre estudiantes, docentes y autoridades regionales.
Documentos fiscales: las evidencias que sostienen las denuncias
La investigación periodística se ha apoyado en una serie de documentos fiscales que, según fuentes del diario, fueron obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública. Estos papeles incluyen balances generales, reportes de ejecución presupuestal y contratos de obras y servicios. Los informes de la Contraloría, citados textualmente en las publicaciones de Instagram, detallan que se han identificado irregularidades en la asignación de recursos destinados a proyectos de inversión, los cuales no habrían sido ejecutados conforme a lo planificado.
Un ejemplo concreto mencionado en las redes de El Comercio es el caso de una obra de infraestructura cuyo presupuesto inicial fue incrementado en más de un 40% sin que existiera un estudio técnico que lo justificara. Los documentos fiscales revelan que los pagos se realizaron a empresas que no figuraban en el registro de proveedores habilitados, lo que sugiere posibles actos de colusión o favoritismo. Estos datos, corroborados por testimonios de exfuncionarios, fortalecen la tesis de una gestión opaca que prioriza intereses particulares sobre el bienestar institucional.
“Los números no mienten: el aumento de pasivos es un síntoma de decisiones financieras que no se toman con la debida responsabilidad”, señala un exdirector de la oficina de presupuesto en uno de los testimonios recogidos.
Testimonios recopilados: voces que alarman desde dentro
Los testimonios recopilados por El Comercio constituyen una pieza clave para entender la dimensión humana de esta crisis. Exdirectores, docentes y personal administrativo han relatado, ante notarios y en entrevistas grabadas, situaciones de presión para aprobar contratos dudosos o para ocultar información financiera. En un video difundido en la red social X, un funcionario jubilado afirma que “las decisiones se tomaban en reuniones informales, sin actas ni registros, lo que imposibilita cualquier control posterior”.
Estos relatos, cruzados con los documentos fiscales, dibujan un patrón de falta de gobernanza. Varios testigos coinciden en que la actual gestión universitaria concentró el poder de decisión en un número reducido de personas, marginando a los órganos colegiados. La Contraloría, al revisar los expedientes, detectó que muchas resoluciones que involucraban grandes sumas de dinero carecían de la firma del jefe de finanzas o del director de planificación. Esta irregularidad, señalada en los informes oficiales, es consistente con los testimonios de “decisiones unipersonales” que han sido difundidos en la plataforma Threads.
Decisiones de gestión: ¿falta de control o acción deliberada?
El núcleo del cuestionamiento periodístico se centra en las decisiones adoptadas por la actual gestión universitaria. Los informes de la Contraloría no solo documentan el aumento de pasivos y el deterioro patrimonial, sino que también señalan omisiones en la rendición de cuentas. Por ejemplo, se omitió presentar informes trimestrales de ejecución presupuestal ante el Consejo Universitario, un requisito legal que busca garantizar la transparencia. Esta conducta, de acuerdo con los documentos fiscales, habría facilitado que se realizaran gastos no autorizados.
En el reel de Instagram publicado por El Comercio, se muestra un cuadro comparativo entre las obras proyectadas y las realmente ejecutadas. La diferencia es abismal: solo el 35% de los proyectos planificados para el periodo 2023-2024 fueron concluidos, mientras que los recursos se desviaron hacia rubros como “consultorías” y “servicios de imagen institucional”. Los testimonios recogidos indican que estas decisiones no pasaron por los filtros de la Contraloría interna, que fue desactivada por la propia administración. La pregunta que surge es si se trata de una ineptitud administrativa o de una estrategia para evadir controles.
El impacto en la comunidad educativa y la credibilidad institucional
Las consecuencias de estos hallazgos van más allá de las cifras contables. La comunidad universitaria —estudiantes, docentes y trabajadores— ha manifestado su preocupación a través de comunicados y movilizaciones. La revelación de que los pasivos crecen y el patrimonio se deteriora genera incertidumbre sobre la continuidad de servicios esenciales como becas, mantenimiento de laboratorios y programas de investigación. En declaraciones recogidas en el video de Facebook, el presidente de un gremio estudiantil sostiene que “estamos perdiendo no solo dinero, sino también la confianza en nuestras autoridades”.
Además, la credibilidad de la universidad como institución pública se ha visto severamente afectada. La publicación de los informes de la Contraloría en redes sociales de El Comercio ha tenido un efecto viral, y los comentarios de la ciudadanía reflejan indignación y escepticismo. Las autoridades educativas regionales ya han solicitado una intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para que realice una auditoría integral. Mientras tanto, los fiscales evalúan si los hechos constituyen delitos de malversación de fondos o negociación incompatible.
Lecciones y perspectivas: hacia una rendición de cuentas efectiva
La investigación de El Comercio, sustentada en informes de la Contraloría, documentos fiscales y testimonios, deja en evidencia las fisuras del sistema de control universitario. El aumento de pasivos, el deterioro patrimonial y los problemas de solvencia no son accidentales, sino el resultado de decisiones no fiscalizadas. La pregunta que ahora debe responder la gestión universitaria es si está dispuesta a colaborar con las investigaciones y a implementar correctivos inmediatos, como la reactivación de la unidad de control interno y la publicación periódica de los estados financieros.
El caso también plantea un desafío para la Contraloría General de la República: ¿cómo fortalecer la supervisión en las universidades públicas cuando los sistemas de alerta temprana fallan? Los testimonios recogidos sugieren que la opacidad es un mecanismo deliberado, no una mera negligencia. Por ello, la sociedad civil y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental como contrapesos. Solo a través de la exigencia de transparencia y la acción de los órganos de justicia se podrá restaurar la confianza en una institución que, por su naturaleza, debe ser un ejemplo de gestión pública eficiente.
Conclusión: un llamado a la acción para salvar la integridad universitaria
La investigación periodística que combina informes de la Contraloría, documentos fiscales y testimonios ha destapado una realidad preocupante: el manejo de recursos públicos en la universidad señalada revela pasivos crecientes, deterioro patrimonial y decisiones cuestionables que ponen en riesgo su sostenibilidad. Estos hallazgos, difundidos ampliamente en las redes de El Comercio, no solo exigen una respuesta de las autoridades universitarias, sino que también demandan una intervención decidida de los órganos de control y la justicia. La comunidad educativa y la ciudadanía en general esperan que se esclarezcan los hechos, se sancione a los responsables y se implementen mecanismos que garanticen la transparencia en el futuro. La integridad de la educación pública está en juego; no hay margen para la dilación.
